El Ministerio de Seguridad Nacional y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP–PAMI) aprobaron un convenio marco de colaboración destinado a coordinar iniciativas conjuntas en materia de prestaciones sanitarias, asistencia social y mejora de la calidad de vida de sus respectivas poblaciones beneficiarias. La medida quedó formalizada a través de una resolución firmada por el Director Ejecutivo del INSSJP y publicada oficialmente por el organismo.
Según lo establecido en el texto, el acuerdo busca articular proyectos, programas y acciones comunes entre el PAMI y las estructuras sanitarias dependientes del Ministerio de Seguridad, como la Superintendencia de Bienestar de la Policía Federal Argentina y la Dirección de Obra Social del Servicio Penitenciario Federal, entre otras que puedan incorporarse a futuro.
Un marco institucional para cooperación sanitaria y social
De acuerdo con la resolución, el convenio se inscribe dentro de las competencias legales de ambas partes. El INSSJP actúa como una persona jurídica de derecho público no estatal, con autonomía administrativa y financiera, cuya misión central es brindar prestaciones integrales de salud y asistencia social a jubilados, pensionados y su grupo familiar. Por su parte, el Ministerio de Seguridad Nacional coordina organismos que cuentan con sistemas propios de asistencia médica y bienestar social para el personal de las fuerzas federales.
En ese marco, las autoridades consideraron conveniente establecer un instrumento general de cooperación, que permita ordenar y facilitar futuras acciones conjuntas sin necesidad de renegociar un acuerdo de base en cada oportunidad.
Convenios específicos y alcance operativo
El texto aprobado aclara que el convenio marco no implica, por sí mismo, la ejecución inmediata de acciones concretas. Cada iniciativa deberá ser instrumentada mediante convenios específicos, donde se definirán objetivos, cronogramas, recursos, responsables y alcances operativos. Estos acuerdos particulares podrán ser suscriptos tanto por el INSSJP como por las distintas obras sociales y organismos sanitarios bajo la órbita del Ministerio de Seguridad.
Este esquema apunta a dotar de flexibilidad al marco de cooperación, permitiendo adaptarlo a diferentes necesidades sanitarias, sociales o logísticas que puedan surgir en el tiempo.
Uno de los puntos destacados del acuerdo es que no genera erogaciones presupuestarias automáticas para ninguna de las partes. Cualquier impacto financiero deberá ser evaluado y aprobado en los convenios específicos que se firmen posteriormente. Además, se establecen cláusulas estrictas de confidencialidad y protección de datos personales, en línea con la legislación vigente.
El convenio tendrá una vigencia inicial de cinco años, con renovación automática por igual período, y podrá ser rescindido por cualquiera de las partes con un preaviso mínimo de treinta días, sin derecho a indemnización
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