Pese a las críticas y el rechazo popular emanado por las asambleas ciudadanas y la comunidad mendocina, esta semana el Senado de Mendoza aprobó un megaproyecto de minería. De acuerdo a las manifestaciones crecientes, el proyecto aprobado por la Legislatura de la provincia podría contaminar la cuenca del Río Mendoza, que provee agua al 75% de la población de la provincia.
El pasado martes, el Senado de Mendoza aprobó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto San Jorge, con 29 votos a favor, 6 disidencias y una abstención. La medida fue aprobada por el oficialismo provincial, bajo un esquema de alianza entre dirigentes del PRO, radicales y libertarios. Pese al generalizado rechazo ciudadano y popular, el cuerpo legislativo provincial aprobaría la Declaración de Impacto Ambiental, habilitando la megaminería de cobre, que puede contaminar la principal cuenca hídrica local.
La Legislatura mendocina despejó los obstáculos para la explotación minera del yacimiento de cobre, ubicado en la región de Uspallata (Las Heras), tras quince años de debate público y judicial. En la antesala del tratamiento legislativo, organizaciones sociales, productores, asamblea socioambientales y familias enteras confluyeron en la capital de la provincia, desde distintos puntos, para rechazar el proyecto minero, que promueve el Gobernador de la provincia, Alfrejo Cornejo, y que es respaldado por el Gobierno Nacional.
El megaproyecto minero
El emprendimiento minero, promovido por la empresa PSJ Cobre Mendocino, promete una inversión estimada en U$S 559 millones. Con un período de construcción de entre 18 y 24 meses, proyecta la creación de 4.000 puestos de trabajo en la etapa de edificación y 2.400 en la de operación. Con la aprobación del Senado, quedó autorizado el inicio de la fase de factibilidad, la cual demanda un año aproximadamente. En esta etapa, los estudios realizados se traducen en la elaboración de un plan de ejecución, alineado a los estándares provinciales e internacionales del sector minero.
Según la información oficial, la vida útil del yacimiento minero fue estimada en 16 años, con posibilidad de extensión. Sin embargo, contempla un plan integral de cierre, conforme a la normativa de Mendoza y los estándares internacionales del sector. La aprobación de la DIA marca un giro en la política minera de la provincia, en tanto despeja los obstáculos administrativos, tras un proceso de evaluación, que incluyó una audiencia pública de 10 días y la presentación de más de 9.500 aportes ciudadanos.
Sin embargo, semanas previas al debate, una serie de investigadores del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) denunciaron la censura de un documento crítico que cuestionaba, severamente, el estudio de impacto ambiental del proyecto San Jorge. En este documento se señalan, de hecho, fallas graves en la evaluación de los riesgos de la megaminería de cobre sobre el agua, el suelo y el patrimonio arqueológico. El texto advierte sobre la posible contaminación de las aguas subterráneas que recargan el arroyo Uspallata, lo que tiene impacto directo en la cuenca del Río Mendoza –eje hídrico vital de la provincia y la región–.
No obstante, desde la empresa explicaron que el proyecto fue diseñado con un enfoque sostenible, donde se prioriza el uso responsable y eficiente del agua, y se aboga por la recirculación del 80% del agua, sin utilizar sustancias tóxicas prohibidas por la legislación vigente. Una vez concluida la sesión, el CEO de PSJ, Fabián Gregorio, afirmó que “esta decisión institucional nos permite dar un paso más en un proceso que ha sido largo, transparente y profundamente participativo. Ahora comienza una etapa de trabajo técnico de factibilidad, donde seguiremos construyendo el proyecto junto a la comunidad, las instituciones y los actores productivos”.
En esta línea, el empresario sostuvo que el compromiso de la firma es avanzar en el proyecto con responsabilidad, diálogo y convicción de que el desarrollo debe ser compartido por todos. A su vez, la decisión también sería celebrada por el Gobierno provincial y los impulsores del proyecto minero, quienes vienen planteando el potencial de desarrollo que esta iniciativa puede generar para la región, a partir de la actividad minera y especialmente, de la minería de cobre.
El rechazo popular
Sin embargo, mientras las autoridades y las cámaras empresariales celebran la aprobación, organizaciones sociales, asambleas socio-ambientales y la comunidad científica advierten sobre el riesgo y el impacto que el proyecto megaminero puede tener sobre los recursos acuíferos. Se resalta, de hecho, la contaminación de la cuenca del Río Mendoza, que provee agua al 75% de la población provincial, lo que equivale a 1,5 millones de habitantes. La cuenca, además, abastece a más de 9.000 industrias locales y riega 250.000 hectáreas de cultivos.
Las organizaciones ambientales señalan que, el avance del proyecto tendrá consecuencias directas en el ecosistema regional, particularmente, sobre la reserva de agua de Uspallata, la cual tiene un especial valor para la economía, la agricultura y la vida mendocina. En este sentido, la Asamblea por el Agua declaró que la megaminería de cobre utiliza sustancias altamente tóxicas, como el xantato, y libera metales pesados. Bajo la consigna “el agua de Mendoza no se negocia”, la comunidad mendocina se posicionó, mayoritariamente, en contra de esta medida que habilita la explotación del yacimiento.
Tras la votación y el resultado, las asambleas de la provincia ya anticipan manifestaciones para los próximos días, y esperan lograr una irrupción del proyecto, como la que ocurrió en el año 2019. En ese entonces, la ciudadanía logró frenar la modificación regresiva de la Ley Guardiana del Agua (7.722) –que prohíbe el uso de sustancias tóxicas como cianuro o ácido sulfúrico en la megaminería, como un requisito ambiental–. De esta manera, en 2019, la ciudadanía logró frenar la flexibilización de los controles ambientales para la megaminería, que se buscó impulsar, a través de la modificación regresiva de la normativa vigente.
Enrique Viale –abogado ambientalista–, señaló que el destino de la provincia está en juego. “El pueblo de Mendoza tiene una relación única con el agua. Y esta ofensiva minera es parte de una política histórica de saqueo que hoy intentan imponer de manera acelerada” explica Viale. Las declaraciones del Presidente de la Nación, Javier Milei, apoyando y celebrando la aprobación del proyecto San Jorge encendieron alarmas en los movimientos ambientalistas y la comunidad mendocina, que denuncia una aceleración sin precedentes de políticas favorables al capital minero local y extranjero, que ha sido incentivado, especialmente, por medio del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
De esta manera, la comunidad mendoncia se posiciona, una vez más, en contra de la megaminería de cobre y alerta sobre el riesgo y el impacto del proyecto San Jorge en los recursos acuíferos de la provincia y la región. Mientras tanto, las autoridades locales y el sector minero celebran la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental por el Senado de Mendoza, que habilita la megaminería de cobre y permite la explotación del yacimiento, ubicado en la región de Uspallata, tras 15 años de debate público y judicial.
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