Un informe de 44 páginas elaborado por la Fundación Sherman Kent revela que América Latina está enfrentando un conjunto de amenazas en materia de seguridad más grave de su historia: organizaciones híbridas que mezclan terrorismo internacional, crimen organizado y grupos armados generarían más de USD 150.000 millones al año, controlarían cerca del 15% del territorio hemisférico y habrían desarrollado capacidades militares asimétricas, drones armados, guerra electrónica e inteligencia artificial, que superan las posibilidades de respuesta de los gobiernos nacionales.

El “Informe de Apreciación de Inteligencia sobre Organizaciones Terroristas y Grupos Armados en América Latina y el Caribe” (noviembre de 2025), elaborado bajo metodologías NATO, CIA y estándares de Sherman Kent, representa 300 horas de investigación analítica que establece nuevos parámetros de inteligencia profesional en la región. El documento identifica a Haití, Venezuela, Ecuador, México, Colombia, Trinidad y Tobago, Honduras y Paraguay como países en situación crítica, donde el Estado perdió o está perdiendo el monopolio legítimo de la fuerza.

“Estamos ante la convergencia de las amenazas más compleja de la historia regional. Lo que vemos no son organizaciones criminales tradicionales, sino proto-estados con capacidades de gobernanza, sistemas de justicia paralelos y legitimidad social en territorios donde el Estado no llega”, declaró Mariana Porterrieu, Presidenta de la Fundación Sherman Kent. “La ventana para una respuesta coordinada se cierra rápidamente. Nuestro análisis demuestra que el costo de no actuar es exponencialmente mayor que las acciones que se necesitan hoy. Ya estamos viendo umbrales críticos que, una vez superados, van a generar fragmentación territorial irreversible. Haití es el espejo del futuro si no actuamos ahora“.

Cinco amenazas que facturan USD 150.000 millones al año

El informe documenta cinco categorías de actores que operan en red y se retroalimentan mutuamente, creando un ecosistema criminal que supera en sofisticación a muchos aparatos estatales:

Hezbolá genera entre USD 300-500 millones anuales en la región (15-25% de su presupuesto global). En enero 2025, documentos de inteligencia occidental confirmaron la relocalización de 400 comandantes desde el Líbano hacia Venezuela, Ecuador, Colombia y Brasil, aprovechando la crisis de Medio Oriente para fortalecer su santuario hemisférico. La Triple Frontera (Argentina-Brasil-Paraguay) sigue siendo el epicentro con 25.000-30.000 personas de origen libanés, 18 mezquitas y sistemas hawala que procesan USD 150-200 millones al año sin dejar rastro bancario.

Carteles mexicanos fueron designados organizaciones terroristas por Estados Unidos en febrero pasado. Los ataques con drones pasaron de 5 en 2020 a 260 a mediados de 2023. El CJNG formó unidades de “Operadores Droneros” que usan equipos DJI modificados con granadas militares y explosivos artesanales. En abril 2025 se confirmó el primer uso de drone FPV kamikaze. Las autoridades decomisaron 1.681 dispositivos explosivos improvisados (IED) en 2023 y 1.571 en los primeros diez meses de 2024, expandiéndose desde tres estados a 25 de 32 estados mexicanos.

Facciones brasileñas protagonizaron el hecho más significativo: en febrero 2025, el PCC (100.000 miembros en 88% del territorio) y el Comando Vermelho formalizaron una alianza histórica después de décadas de guerra sangrienta que dejó entre 800 y 1.200 muertos en 2016-2018. El PCC genera USD 1.000 millones anuales y controla USD 5.000 millones en inversiones inmobiliarias. La Operación Quasar/Carbono Oculto (agosto 2025) reveló un esquema de lavado mediante 1.600 estaciones de servicio, 40 fondos de inversión y una Fintech que opera como “banco paralelo” procesando R$ 8.000 millones al año.

Grupos armados colombianos evidencian el fracaso de la “paz total”. El ELN consolidó una estructura binacional con más de 6.000 combatientes operando en 232 municipios colombianos y 8 estados venezolanos. Las disidencias de las FARC controlan el 60% de la producción de coca colombiana, generando USD 200-300 millones anuales. La crisis del Catatumbo en enero 2025 produjo 103 muertos y 80.000 desplazados, el mayor desplazamiento forzado desde 1997.

Tren de Aragua representa una innovación criminal: aprovecha la crisis migratoria venezolana para expansión continental mediante modelo de franquicia. Con más de 4.000 miembros documentados en 8 países, la organización sigue exactamente las rutas migratorias y establece células en comunidades de diáspora, especializándose en trata de personas, extorsión a comerciantes venezolanos y asesinatos selectivos.

En conjunto, estas organizaciones generarian mediante el narcotráfico (USD 90-100.000 millones), la minería ilegal (USD 15-20.000 millones), delitos de extorsión y secuestro (USD 5-10.000 millones), la trata y trafico de personas (USD 3-5.000 millones) y tráfico de armas (USD 2-3.000 millones). Estas cifras superan el PBI de Bolivia (USD 45.000 millones), Paraguay (USD 43.000 millones) y Uruguay (USD 77.000 millones).

“La fragmentación del panorama criminal después de eventos como la captura de ‘El Mayo’ Zambada generó una reconfiguración violenta que cruza fronteras y desafía nuestra capacidad de respuesta”, enfatizó Edgardo Glavinich, Director Ejecutivo de la Fundación Sherman Kent. “Las respuestas nacionales aisladas no alcanzan frente a redes criminales que operan como corporaciones multinacionales con capacidades de adaptación superiores a las estatales, es decir evolucionaron a sistemas mafiosos que ya no solo buscan el lucro, disputan el poder. Lo que vemos es una velocidad de transformación criminal que supera dramáticamente la capacidad de respuesta institucional: Ecuador pasó de ‘isla de paz’ a país más violento de Sudamérica en cuatro años, México experimenta un proceso de industrialización de explosivos con más de 1.500 IED decomisados en diez meses, en Brasil se consolidó la alianza criminal más poderosa del hemisferio. Esta velocidad de cambio exige capacidades de respuesta adaptativas y anticipatorias que actualmente no existen en la región.”

Revolución tecnológica: de lo artesanal a capacidades cuasi-militares

Los carteles mexicanos revolucionaron el uso criminal de tecnología avanzada con una curva de adopción que alarma a analistas militares. Los drones pasaron de herramientas de vigilancia básica a plataformas de ataque letal en menos de cinco años, replicando tácticas observadas en conflictos como Ucrania, Siria y Nagorno-Karabaj.

El CJNG reclutó ex-miembros de fuerzas especiales ofreciendo salarios de USD 3.000-5.000 mensuales, diez veces el salario militar promedio, específicamente para desarrollo de capacidades aéreas. Las unidades de “Operadores Droneros” emplean modelos DJI comerciales modificados: Phantom 4 Pro (USD 1.500, carga útil 1 kg), Matrice 300 RTK (USD 10.000, carga útil 2.7 kg) equipados con sistemas de liberación de carga fabricados artesanalmente, incremento de autonomía mediante baterías adicionales, y blindaje ligero de kevlar.

Los carteles también desarrollaron sistemas de guerra electrónica. En 2025, fuerzas especiales decomisaron equipos anti-drone SkyFend comprados en China por USD 100.000 cada uno, capaces de detectar UAVs en 5 km, engañar sistemas GPS con precisión sub-métrica, e interferir comunicaciones en radio de 1,5 km. Durante 2024, la Patrulla Fronteriza estadounidense reportó más de 60.000 incursiones de drones en seis meses.

La producción industrial de dispositivos explosivos improvisados evidencia otro salto cualitativo. En Apatzingán, epicentro de producción de IED, se identificaron fábricas clandestinas con capacidad de 50-100 dispositivos mensuales. En enero 2025, autoridades decomisaron 60 dispositivos en una sola casa-taller. Entre 2021-2025, 17 ataques IED contra soldados resultaron en 8 muertos y 23 heridos, estableciendo los explosivos como causa principal de bajas militares.

Reportes de inteligencia indican la experimentación con inteligencia artificial para análisis predictivo de patrullajes, reconocimiento facial automatizado en territorios controlados mediante cámaras CCTV con software chino de código abierto, y optimización logística de rutas considerando demanda regional, riesgo de interdicción y costos operativos.

Ocho países donde el Estado es débil o perdió el control

Haití representa el colapso estatal terminal: 5.601 muertes en 2024, el 90% de Puerto Príncipe bajo control de pandillas, 1 millón de desplazados (10% de la población), y entre 270.000-500.000 armas ilegales en manos de más de 300 grupos. La alianza Viv Ansanm fusiona las coaliciones G9 y Gpèp con intención explícita de transformación en partido político.

Venezuela funciona como hub criminal hemisférico donde el régimen de Maduro comparte rentas ilícitas con redes criminales. Los 8 millones de emigrados —25% de la población original— proporcionan infraestructura demográfica para expansión criminal sin precedentes. El país alberga al ELN en ocho estados, Hezbollah con colaboración directa del régimen, Tren de Aragua usando Venezuela como base operacional, y colectivos armados funcionando como paramilitares civiles.

Ecuador experimentó la transformación más dramática: de 6,7 homicidios cada 100.000 habitantes en 2020 a 44,5 en 2024, convirtiéndose en el país más violento de Sudamérica. El gobierno declaró 22 organizaciones como “terroristas” incluyendo Los Choneros (conexiones con carteles mexicanos), Los Lobos (control carcelario) y Tigüerones. La crisis resulta de ubicación geográfica estratégica, debilitamiento institucional acelerado, y migración venezolana proporcionando mano de obra vulnerable.

México enfrenta crisis sistémica caracterizada por fragmentación del Cártel de Sinaloa entre facciones “Mayiza” y “Chapiza” con más de 500 muertes entre septiembre y diciembre 2024, mientras el CJNG mantiene expansión a 27 de 32 estados con capacidades cuasi-militares incluyendo vehículos blindados artesanales y sistemas antiaéreos improvisados.

Colombia registró 872 enfrentamientos armados en 2024 (+24% vs. 2023), evidenciando militarización creciente. La política de “paz total” del gobierno Petro demostró fracaso estructural ante fragmentación de actores armados y competencia de economías ilegales que generan incentivos económicos superiores a cualquier oferta de reintegración.

Tres escenarios posibles hacia 2030

El informe desarrolla tres escenarios prospectivos con asignación probabilística: Consolidación Híbrida Controlada (alta probabilidad) con persistencia del status quo, consolidación de organizaciones más sofisticadas como el PCC, el CJNG y Hezbollah, y fragmentación de grupos menos adaptables; Crisis Regional Sistémica (probalidad media) contemplando el colapso venezolano con efectos dominó, guerra abierta de carteles mexicanos, o activación masiva de células de Hezbollah; y Revolución Híbrida (baja probabilidad) proyectando consolidación del modelo crimen-terrorista como nueva normalidad con adopción masiva de IA y reconocimiento internacional de proto-estados criminales.

Las variables críticas que van a determinar cuál escenario se materializa incluyen la evolución de Venezuela, cualquier cambio político tendría efectos transformadores en ELN, Hezbollah, Tren de Aragua y flujos migratorios, la respuesta estadounidense tras las designaciones terroristas de febrero 2025, y el fortalecimiento o debilitamiento de la cooperación regional.

“La convergencia entre crimen organizado, terrorismo internacional y grupos armados tradicionales generó un fenómeno hibrido que desafía completamente los marcos conceptuales convencionales que usamos desde hace décadas”, señaló Alejandro Cassaglia, Secretario Nacional de la Fundación Sherman Kent. “Estamos viendo la consolidación de proto-estados criminales con capacidades de gobernanza territorial que proporcionan servicios, administran justicia y extraen rentas con legitimidad social en territorios específicos, es decir el desarrollo de mafias. Esta nueva normalidad requiere una transformación fundamental de nuestros paradigmas de seguridad. Los marcos legales actuales, diseñados para amenazas del siglo XX, son inadecuados para abordar organizaciones que operan simultáneamente como empresas multinacionales, proveedores de servicios sociales y actores armados con capacidades cuasi-militares. La respuesta efectiva requiere reconceptualización completa de nuestras aproximaciones a seguridad, desarrollo y gobernanza, y eso no va a suceder con las estructuras institucionales que tenemos hoy.”

Implicaciones directas para Argentina

Aunque el informe es hemisférico, las implicaciones para Argentina son inmediatas y requieren atención urgente. La Triple Frontera sigue siendo el epicentro de Hezbollah en América Latina. El PCC y el Comando Vermelho se habrian infiltrado en Argentina usando Rosario como hub para narcotráfico hacia Europa, con 72 homicidios en 2024 vinculados a disputas territoriales por control de rutas. El Plan Paraná (noviembre 2024) busca reforzar el control de la Hidrovía Paraná-Paraguay mediante despliegue coordinado de las fuerzas federales.

El Tren de Aragua tiene presencia documentada en Buenos Aires y La Plata, especializándose en extorsión a comerciantes venezolanos y trata de personas con énfasis en explotación sexual. Argentina mantendria bajo monitoreo de inteligencia a un numero importante de sujetos con presuntos vínculos a organizaciones yihadistas. El país sufrió dos ataques terroristas mayores atribuidos a Hezbollah: la Embajada de Israel (1992, 29 muertos) y la AMIA (1994, 85 muertos), estableciendo precedente histórico de vulnerabilidad.

El traspaso de la Dirección Nacional de Migraciones al Ministerio de Seguridad y la creación de la Agencia Nacional de Migraciones bajo Alejandra Monteoliva (desde el 10 de diciembre de 2025) responde a la necesidad de transformar el control migratorio en herramienta de seguridad nacional. La ex ministra Patricia Bullrich había justificado que “Argentina se encuentra en una posición relativamente mejor que la de sus vecinos por un control más estricto sobre la entrada y salida de personas vinculadas a grandes bandas criminales.”

La reorganización del sistema de inteligencia (julio 2024) que disolvió la AFI y creó la SIDE con cuatro agencias especializadas, Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), Agencia de Seguridad Nacional (ASN), Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC) y Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM), debe adaptarse a estos desafíos mediante fortalecimiento de capacidades analíticas, incremento de cooperación internacional y desarrollo de expertise especializado en amenazas híbridas.

La ventana de oportunidad se cierra

“La evidencia es contundente: el momento para la acción coordinada es ahora. La alternativa es la fragmentación hemisférica irreversible”, concluye el informe. “Mientras las organizaciones criminales generan más de USD 150.000 millones al año e invierten en capacidades que rivalizan con estados pequeños, los gobiernos regionales mantienen estructuras de seguridad del siglo XX inadecuadas para los desafíos del siglo XXI. Cada día de demora consolida la fragmentación territorial, fortalece capacidades las criminales y reduce las opciones disponibles para una respuesta efectiva.”

Haití representa el escenario terminal de la inacción, advirtiendo sobre las consecuencias de una respuesta fragmentada ante amenazas transnacionales coordinadas. Sin acción decidida durante 2025-2026, la región podría experimentar un deterioro sistémico con desestabilización del comercio global mediante disrupción de cadenas de suministro, flujos migratorios masivos hacia Estados Unidos y Europa generando tensiones políticas en democracias occidentales, expansión de santuarios para terrorismo internacional amenazando intereses globales, y consolidación de una zona gris criminal-terrorista en el hemisferio occidental que requeriría generaciones para revertir.

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