Argentina atraviesa una ventana energética que no había tenido en su historia reciente: por primera vez, el país está en condiciones de transformarse en un gran exportador neto de hidrocarburos si logra monetizar a escala las reservas de Vaca Muerta. Proyecciones sectoriales estiman que, hacia 2030, las exportaciones de petróleo y gas podrían superar los 50.000 a 60.000 millones de dólares anuales, siempre que se mantenga un marco de estabilidad macroeconómica, regulatoria y fiscal que evite los clásicos “bandazos” de la política local.
El salto ya no es solo potencial: nuevos jugadores internacionales están entrando al negocio, los proyectos de midstream avanzan con capital privado. Efectivamente, la expansión del transporte de gas natural licuado (GNL) a mercados lejanos y el desarrollo de la infraestructura de evacuación desde Vaca Muerta impulsaron ese contexto.
Una matriz exportadora que excede la demanda interna
Argentina no puede apoyarse solo en expectativas, pero tampoco puede desaprovechar un contexto en el que el conocimiento científico, la experiencia digital y la capacidad técnica local convergen con una ventana de precios y demanda internacional. Y como los recursos del país superan largamente las necesidades internas, convertirse en oferente relevante de petróleo y gas puede ser el objetivo principal.
Pensar a Vaca Muerta como plataforma de inserción global podría ser la clave, ya que cuenta con costos de desarrollo competitivos. Por ende, el yacimiento ofrece márgenes interesantes incluso si el barril retrocede algunos escalones. Pero la ecuación que manejan empresas y analistas es clara: si no hay regresos abruptos a esquemas de control extremo, intervenciones discrecionales o nacionalismos fiscales extremos, el salto exportador se puede consolidar en un horizonte relativamente corto.
¿El talón de Aquiles de Argentina?
La pregunta para los inversores no es la capacidad de producción y exportación de Vaca Muerta, sino que es más bien estructural: ¿será capaz el sistema político argentino de sostener reglas de juego estables al menos por una década? La experiencia histórica demuestra que, sin consensos mínimos convertidos en políticas de Estado, cada cambio de signo político puede alterar las reglas del juego, revisitar contratos, modificar esquemas fiscales o introducir controles y parches que erosionan la confianza. Y es que, para que el sector energético se convierta en un verdadero vector de desarrollo, los acuerdos tienen que sostenerse más allá de un mandato presidencial.
Chile y Perú suelen citarse como ejemplos de países que, aun con alternancia de gobiernos, sostuvieron una línea económica coherente durante años. La Argentina enfrenta hoy una oportunidad energética inédita si la misma se traduce en desarrollo y en la construcción de consensos.
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