El Ministerio de Economía dio un nuevo paso en el proceso de privatización de cuatro centrales hidroeléctricas estratégicas del sistema eléctrico argentino: Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, ubicadas en la región del Comahue. A través de la Resolución 1569/2025, publicada en el Boletín Oficial, se incorporó una nueva circular modificatoria al pliego del concurso nacional e internacional para la venta del paquete accionario de las sociedades recientemente constituidas para gestionar estas represas.
La medida forma parte del plan de desprendimiento de activos públicos encarado por el Gobierno nacional, que incluye también la privatización total de ENARSA y la transferencia de funciones energéticas hacia operadores privados bajo contratos de concesión.
Cómo se estructura la privatización
Las cuatro sociedades —Alicurá Hidroeléctrica Argentina S.A., El Chocón Hidroeléctrica Argentina S.A., Cerros Colorados Hidroeléctrica Argentina S.A. y Piedra del Águila Hidroeléctrica Argentina S.A.— fueron constituidas por ENARSA y Nucleoeléctrica Argentina (NASA) tras la reversión de las concesiones hidroeléctricas en 2024–2025. Estas sociedades concentran la titularidad de los activos y serán ahora objeto de un concurso público nacional e internacional sin base, es decir, adjudicado al mejor oferente sin precio mínimo prefijado.
Con la resolución oficial se introducen precisiones técnicas y modificaciones al pliego original en respuesta a consultas de potenciales oferentes. La documentación será publicada durante tres días en el Boletín Oficial y en las plataformas de contratación del Estado.
Una redefinición del mapa energético
El proceso se enmarca en los decretos 286/2025 y 590/2025, que habilitaron la privatización plena de ENARSA y ordenaron la transferencia del paquete accionario de las represas a la órbita de la Secretaría de Energía. Desde allí se instrumenta el traspaso definitivo al sector privado bajo supervisión regulatoria del Estado.
El Gobierno argumenta que la medida apunta a reducir la intervención estatal directa, atraer inversiones para modernización de infraestructura y mejorar la eficiencia operativa del sistema eléctrico.
Las provincias presionan por participación
Las represas del Comahue operan sobre el río Limay y el Neuquén y son clave para el suministro eléctrico del país. Tanto Neuquén como Río Negro mantienen reclamos históricos para que se reconozca la participación provincial en la gestión y beneficios de los recursos hidroeléctricos.
El esquema actual de privatización no contempla participación accionaria automática de las provincias, lo que ya generó tensiones políticas y advertencias sobre la “venta de activos estratégicos sin acuerdo federal”. Gobernadores de la Patagonia monitorean el proceso, reclamando mayor transparencia y la definición de regalías o beneficios locales vinculados al uso del recurso hídrico.
Un punto crítico: la soberanía energética
El traspaso de represas estratégicas al sector privado reabre el debate sobre el control de la matriz energética. Las hidroeléctricas del Comahue representan una porción significativa de la capacidad de generación firme del país y son instalaciones críticas para regulación de caudales y estabilización del Sistema Argentino de Interconexión (SADI).
Desde sectores técnicos y académicos se alerta que la privatización sin un marco regulatorio claro puede generar dependencia operativa de operadores privados sobre un recurso natural regulado por las provincias y concesionado por la Nación.
Lo que sigue en el proceso
- Publicación de la Circular Modificatoria N° 4 con aclaraciones técnicas del pliego
- Continuidad del proceso de recepción de consultas y observaciones
- Apertura de sobres en las próximas etapas del concurso
- Definición de adjudicatarios y transferencia accionaria
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