Recientemente, un grupo de legisladores presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados, solicitando al Poder Ejecutivo Nacional, Javier Milei, información detallada sobre la ejecución de dos préstamos internacionales destinados a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Se trata de fondos otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), por un total de 565 millones de dólares.
El pedido está encabezado por Julio Cobos y acompañado por referentes de distintos bloques. Según el documento, se exigen precisiones sobre el estado de ejecución de los préstamos, los sistemas de monitoreo implementados, los motivos de posibles demoras y las medidas previstas para garantizar el cumplimiento de los objetivos pactados.
¿Qué fondos están en juego?
El primero de los préstamos fue aprobado en mayo de 2023 por el BID, bajo la modalidad de “Préstamo Basado en Resultados” (LBR), por un total de 265 millones de dólares. De ese monto, 255 millones se destinarían a promover la inclusión social de personas con discapacidad, mientras que los 10 millones restantes apuntan al fortalecimiento institucional de ANDIS. El contrato fue firmado en junio de 2023 y la ejecución quedó a cargo del Ministerio de Economía y la propia agencia.
El segundo préstamo, otorgado por la CAF, asciende a 300 millones de dólares. Incluye un componente de 285,45 millones para el reconocimiento de gastos realizados por ANDIS en 2022, y otro de 14,55 millones para el desarrollo de infraestructura y políticas públicas vinculadas al modelo social de la discapacidad.
Con este contexto, el pedido de informes de los Diputados exige conocer:
- el estado de ejecución de dichos préstamos (incluyendo fechas exactas de los desembolsos recibidos y su correspondiente aplicación)
- los sistemas implementados para monitorear la ejecución de los fondos, garantizar el correcto destino de ellos, y evaluar el impacto en el programa objeto del préstamo.
y, en paralelo, conocer la ejecución de dichos préstamos en situaciones diversas, a saber:
- Ante una eventual sub ejecución o no ejecución, sírvase informar los motivos administrativos, presupuestarios, logísticos o de cualquier otra índole que hayan impedido o demorado la ejecución total o parcial de los fondos.
- Ante el caso de sub ejecución o no ejecución, informe las medidas concretas que establecerá para garantizar la ejecución de los fondos y cumplir de ese modo con el objeto de los préstamos.
Entre proyectos y cuestionamientos
Uno de los proyectos centrales financiados por estos préstamos es la construcción de las llamadas Torres de Inclusión (TDI), espacios municipales que reunirían servicios como salud, transporte, ANSES, Registro Civil y Junta de Discapacidad. La primera TDI fue anunciada en mayo de 2025 en Tucumán, pero aún no comenzó su construcción. El diseño contempla un edificio accesible, una plaza y un complejo deportivo inclusivo.
Además, se prevé fortalecer la gestión del Certificado Único de Discapacidad (CUD), considerado una herramienta clave para garantizar el acceso a derechos y avanzar hacia una inclusión efectiva. Pero, frente a este contexto, ¿por qué los Diputados exigen información adicional?
Según el proyecto de resolución, existe una necesidad de conocer el estado real de ejecución de los fondos, especialmente ante las demoras en la implementación de obras y servicios anunciados. “A la luz de las irregularidades que han salido en el área de discapacidad es menester informar sobre la ejecución de estos préstamos a esta Honorable Cámara para así conocer el estado de ejecución de los mismos”, concluye el informe.
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