El Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Patricia Bullrich, oficializó la Resolución 1069/2025 publicada este jueves en el Boletín Oficial, la cual aprueba un nuevo procedimiento para la interpretación, verificación y actualización de registros judiciales en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP). La medida busca corregir inconsistencias que afectan la operatividad de las fuerzas de seguridad y la protección de derechos ciudadanos, priorizando el objetivo del Gobierno Nacional de “lograr la eficiencia en la utilización de los recursos públicos con miras a producir una mejora sustancial en la calidad de vida de los ciudadanos”.
En este sentido, el Ministerio de Seguridad Nacional considera que el acceso a bases de datos policiales actualizadas y confiables -como el SIFCOP y otros sistemas conexos- son “un instrumento central para el cumplimiento y ejecución de órdenes judiciales vinculadas a capturas/detenciones, comparendos, secuestros vehiculares, búsqueda de personas extraviadas, entre otras” y que, por ende, las inconsistencias en los resultados de las consultas pueden afectar el funcionamiento de los procedimientos internos de la propia cartera.
Cabe recordar que SIFCOP fue creado para conformar una base de datos única a nivel Federal que permita registrar, consultar y transmitir toda la información vinculada con las medidas Judiciales de orden Federal, Nacional, Provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además de que es utilizado por las fuerzas policiales y de seguridad federales diariamente, el sistema es coordinado y administrado por la Subsecretaría de Investigación Criminal perteneciente a la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y Criminalidad Organizada, dependiente de tal cartera ministerial.
Entonces, ¿qué busca Seguridad Nacional con esta medida?
En principio, la resolución aprueba un procedimiento técnico y un modelo de acta para actualizar los registros judiciales en la base de datos del SIFCOP. Las fuerzas federales —Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario— deberán implementar estos lineamientos de forma obligatoria.
Además, se invita a los ministerios de seguridad provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse al nuevo protocolo. Principalmente, porque la medida no implica erogaciones presupuestarias.
A grandes rasgos, la resolución responde a una problemática detectada por las fuerzas policiales federales y provinciales: la aparición de “falsos positivos” en las consultas al SIFCOP. Estos errores surgen cuando medidas judiciales ya vencidas siguen figurando como activas, generando detenciones indebidas, pérdida de tiempo operativo y vulneraciones a personas controladas.
El Ministerio atribuye estas fallas a deficiencias en los mecanismos de actualización y a la falta de notificaciones sobre el cese de vigencia de las medidas. Sin embargo, afirma que esta problemática afecta la operatividad de las fuerzas policiales y de seguridad federales que utilizan estos recursos.
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