Tras la entrega de 160 viviendas en Avellaneda y otras 57 en Córdoba a agentes de seguridad, el Ministerio de Seguridad respondió al Congreso con el marco legal que habilitó la reasignación de unidades del extinto programa Procrear. La medida generó polémica por el cambio de destino de inmuebles que habían sido adjudicados a civiles, motivo por el cual la cartera dirigida por Patricia Bullrich respondió a las consultas sobre el tema en el Informe de gestión N°144, elaborado por la Jefatura de Gabinete de Ministros.
En su momento, Bullrich presentó el plan como una estrategia federal para “cuidar a quienes nos cuidan”, pero organizaciones civiles y sectores opositores advirtieron que muchas de las viviendas ya estaban asignadas por sorteo público. El Gobierno se amparó en convenios con el Ministerio de Economía y en la disolución del fondo fiduciario Procrear, pero no aclaró si notificó a los beneficiarios previos ni bajo qué criterios se definió la nueva distribución.
Convenios, decretos y comodatos: el marco legal que técnicamente sostiene la reasignación
La entrega de viviendas estatales a miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad desató una controversia que escaló hasta el Congreso. En el marco del Informe de Gestión N°144, específicamente en la pregunta N°776, los legisladores solicitaron precisiones sobre el sustento legal y el criterio de reasignación de unidades habitacionales que originalmente formaban parte del programa Procrear.
El Ministerio de Seguridad respondió que la medida se enmarca en el Decreto 1018/24, que disolvió el fondo fiduciario Procrear, y en la Resolución 764/25 del Ministerio de Economía, que habilitó a la Secretaría de Obras Públicas a suscribir convenios de cesión. A partir de ese marco, se firmó un Convenio Marco de Colaboración entre Economía y Seguridad, y luego un Convenio Específico que cedió en comodato 329 viviendas por 10 años, con destino exclusivo al personal de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales.
El objetivo es “la colaboración y cooperación entre las partes con el fin de llevar adelante las acciones pertinentes con la finalidad de contribuir a la mejora de las condiciones habitacionales del personal de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales para superar la crisis habitacional que aqueja a las mismas”, destacaron desde el Gobierno nacional.
Reclamos y adjudicatario: las dudas que persisten
La polémica se disparó luego del acto oficial encabezado por Patricia Bullrich el 24 de junio, donde se entregaron 160 viviendas en Avellaneda a efectivos federales, seguido por otras 57 en Córdoba. Como reportamos en su momento desde El Estratégico, varias de estas unidades ya habían sido adjudicadas a familias civiles, lo que generó reclamos por la falta de transparencia y por el cambio de destino sin notificación previa.
Bullrich defendió la medida como “el inicio de un plan federal que recupera 329 viviendas en todo el país”, y afirmó que algunas estaban “mal destinadas o subutilizadas”, incluso ofrecidas vía Airbnb. Sin embargo, el Gobierno no precisó cuántas estaban efectivamente vacías ni si se respetaron los derechos adquiridos por los adjudicatarios originales.
La iniciativa busca, según el Ejecutivo, aliviar el peso de los alquileres privados en los que incurren agentes federales y reducir la dependencia de alojamientos pagos. Pero la reasignación discrecional sin un nuevo marco normativo genera dudas sobre la legalidad del procedimiento y sobre el impacto en la política habitacional nacional.
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