Estas últimas semanas, el Ministerio de Seguridad Nacional, liderado por Patricia Bullrich, ha desplegado una batería de medidas orientadas a reforzar el control fronterizo, combatir el crimen organizado y modernizar las capacidades de investigación criminal. En un contexto regional marcado por el avance de redes transnacionales, el Gobierno argentino busca priorizar la articulación interinstitucional, la cooperación internacional y la inversión en tecnología forense.
Nuevo protocolo contra la trata de personas en pasos fronterizos
A través de la Resolución Conjunta 3/2025, el Ministerio de Seguridad y la Dirección Nacional de Migraciones oficializaron un protocolo para la detección temprana de trata de personas en los 237 pasos fronterizos del país. El documento establece criterios unificados de actuación para fuerzas federales y migratorias, con enfoque en derechos humanos, no revictimización y protección integral de las víctimas.
El protocolo considera la situación fronteriza de Argentina como un enclave estratégico nodal para el despliegue de políticas de prevención, detección temprana e investigación en torno a la trata de personas. Principalmente, porque Argentina cuenta con un extenso perímetro fronterizo de 14.493 km en su porción continental americana, con 237 pasos fronterizos distribuidos en puntos terrestres, fluviales, marítimos y aéreos.
Triple Frontera: blindaje regional y comando tripartito
En el eje Misiones–Foz de Iguazú–Ciudad del Este, Argentina ha reforzado su rol en el Comando Tripartito, junto a Brasil y Paraguay, con operativos como el “Plan Guacurarí” y nuevos acuerdos de cooperación policial. La región, considerada epicentro de redes de narcotráfico, contrabando y células terroristas, es objeto de vigilancia intensificada.
El impulso en coordinación y seguridad se basa en las directrices desde Estados Unidos, que ha ofrecido recompensas por información sobre actividades de Hezbolá en la zona, mientras Paraguay avanza en la instalación de un centro antiterrorista con apoyo del FBI, en coordinación con la cartera de Bullrich.
Tecnología forense y proyectos de imputabilidad: enfoque “integral”
En el plano tecnológico, el Ministerio presentó 30 nuevos equipos UFED para desbloqueo de celulares y extracción de evidencia digital. Los dispositivos, que permiten acceder a sistemas iOS y Android con seguridad avanzada, ya están operativos en el Departamento Federal de Investigaciones. Según Bullrich, esta incorporación eleva un 150% la capacidad operativa de la Policía Federal y acelera causas vinculadas a ciberdelito y crimen organizado.
En paralelo al despliegue operativo, la ministra ha solicitado al Congreso el tratamiento urgente de la Ley Penal Juvenil, con el objetivo de reducir la edad de imputabilidad. La propuesta, enmarcada en la campaña legislativa 2025, busca endurecer el régimen penal para menores involucrados en delitos graves.
El enfoque que el Gobierno plantea para hacer frente a estas problemáticas es uno mucho más integral, combinando control territorial, modernización tecnológica y alianzas estratégicas. Si bien persisten desafíos estructurales, el despliegue actual marca un giro hacia políticas de prevención más robustas y una narrativa de soberanía operativa frente a amenazas transnacionales. Queda por verse cómo se consolidan estos avances en el plano legislativo y judicial, así como también en la práctica, y qué impacto tendrán en la percepción pública de la seguridad nacional.
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