La detención de Lautaro “Laucha” Ghiselli, jefe de la barra brava de Rosario Central y presunto líder de la banda narco “Los Menores”, marcó un nuevo capítulo en los esfuerzos impulsados por el Estado argentino contra el crimen organizado. El operativo, ejecutado por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina bajo la Ley Antimafia y el Plan Bandera, se desplegó en Rosario con 17 allanamientos simultáneos y la incautación de armas, drogas, dinero y dispositivos electrónicos.
La captura de Ghiselli, acusado de asociación ilícita y vinculado a los homicidios de Andrés “Pillín” Bracamonte y Daniel Atardo, se produjo en el barrio Pichincha. La fiscal provincial Georgina Pairola lidera la investigación, que apunta a desarticular una estructura criminal con conexiones con “Los Monos” y allegados a Esteban Alvarado.
Según confirmó el Ministerio de Seguridad Nacional, la investigación fue coordinada por el Equipo Conjunto de Investigación para la Aplicación de la Ley Antimafia en la ciudad de Rosario, con la intervención de PROCUNAR (a cargo de Diego Iglesias y Matías Scilabra), los fiscales regionales Matías Merlo y Georgina Pairola (MPA) y la fiscal Juliana González del Equipo de Trabajo para el Abordaje Estratégico de Armas de Fuego del MPA.
Respuesta intimidatoria: amenazas a Bullrich y Pullaro
Horas después de la detención, una bandera con amenazas dirigidas a la titular de Seguridad, Patricia Bullrich, y al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, apareció en un puente peatonal de Rosario. El mensaje, escrito con tinta negra, activó un operativo policial y una investigación penal bajo la Unidad de Balaceras y Amenazas, con intervención de la fiscalía federal.
Las autoridades sospechan que el hecho estaría vinculado a la detención de Ghiselli y a las declaraciones públicas de Bullrich y el ministro provincial Pablo Cococcioni, quienes señalaron al detenido como líder de una organización narco con fuerte presencia territorial y capacidad de intimidación.
El mensaje rezaba: “Bullrich saca la recompensa K con Pullaro y Machuca no se olviden de los dólares K vimos larga mi gente L. Contreras y J. Garraza los menores”. Los dos últimos apellidos harían referencia a Lisandro “Limón” Contreras y al policía de la PDI Javier Garraza, ambos en prisión preventiva en el marco de una causa que los incluye como los eslabones fundamentales de una asociación ilícita liderada por Matías Gazzani.
El modelo de intervención federal
El caso Ghiselli se enmarca en una estrategia más amplia del Ministerio de Seguridad, que busca articular fuerzas federales y provinciales en la persecución de estructuras criminales complejas. La Ley Antimafia y el Plan Bandera permiten coordinar investigaciones judiciales, operativos simultáneos y abordajes territoriales en zonas de alta conflictividad.
En este marco, el Estado argentino refuerza su presencia en Rosario, epicentro de disputas narco, homicidios por encargo y redes de lavado. La restitución del RENAR, la modernización del régimen de armas institucionales y la articulación con el Comando Tripartito en la Triple Frontera son parte de esta ofensiva integral.
Principalmente, porque luego de la respuesta en Rosario las autoridades consideran que se ha elevado el nivel de confrontación entre el Estado y las organizaciones criminales, ya que no sólo se trata de barrasbravas: detrás hay estructuras narco con capacidad de fuego, territorialidad y vínculos con sectores del poder local. En este contexto, la ciudad funciona como una especie de “termómetro” de una disputa que excede lo local.
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