El caso del fentanilo contaminado ha comenzado a generar preocupación en la ciudadanía argentina, que vincula el episodio al crimen organizado y el narcotráfico, como así también a la corrupción del sistema político y judicial argentino. La crisis del fentanilo adulterado, producido por dos laboratorios, distribuido en el mercado sanitario nacional y administrado por hospitales y clínicas, ya ha dejado un saldo de 96 víctimas fatales. En este contexto, Poliarquía Consultores realizó un estudio sondeo que sirve como una herramienta de termómetro social.
De acuerdo al informe de Poliarquía Consultores, el 68% de los argentinos encuestados vincula a los laboratorios implicados en el caso, HLB Pharma Group y Laboratorio Ramallo, con redes de narcotráfico y crimen organizado. Además, el informe reveló que dos de cada tres argentinos considera que los dueños de los laboratorios tuvieron protección política y judicial para operar sin control. La percepción social de protección política y judicial, que se suma a la debilidad de los controles estatales, abre una serie de interrogantes sobre la existencia de posibles zonas grises en el sistema de regulación sanitario.
El informe de Poliarquía Consultores, que arroja una serie de datos clave en términos de percepción social, fue realizado de forma online y recolectó 600 casos de personas mayores de 18 años, residentes en centros urbanos de más de 10.000 habitantes, con un margen de error +/- 4% para un nivel de confianza del 95%. El sondeo determinó que el 68% de los encuestados considera que existen vínculos entre los laboratorios, HLB Pharma Group y Laboratorio Ramallo, y redes de narcotráfico y crimen organizado.
El 71% de los encuestados admitió estar informado sobre la crisis del fentanilo contaminado y ocho de cada diez personas, especialmente mujeres y grupos de mediana y mayor edad, mostró su preocupación por la seguridad de los medicamentos utilizados en los hospitales y clínicas, es decir, en el sistema sanitario argentino, desde que se conoció el caso en cuestión. El impacto del caso en la confianza pública y el sistema sanitario nacional ya es un hecho. En este sentido, el 87% considera que el tema debería ser parte de la agenda prioritaria del Gobierno Nacional, como así también del Congreso de la Nación.
Responsabilidad institucional
El informe reveló que dos de cada tres argentinos cree que los dueños de los laboratorios tuvieron protección política para operar sin controles estrictos y una proporción similar considera que dicha protección política y judicial continúa vigente para frenar la investigación judicial, que radica en el Juzgado Federal N°3 de La Plata, a cargo del Juez Ernesto Kreplak, hermano del Ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak.
La confianza en la actuación de la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) en la supervisión de los laboratorios antes de que se detectara la contaminación del fentanilo está dividida entre quienes la consideran muy confiable (21%), algo confiable (15%), poco confiable (20%) y nada confiable (21%). Aunque en términos generales, con un 41%, se podría decir que prima, sin lugar a dudas, la baja confianza del rol de supervisión de este organismo de control estatal.
En términos de responsabilidad, el 31% de los encuestados considera al Ministerio de Salud de la Nación, a cargo de Mario Iván Lugones, como el principal responsable de la crisis del fentanilo adulterado; mientras que el 29% señala que todos los actores involucrados comparten la responsabilidad por lo sucedido. En tercer lugar, con un 18%, la responsabilidad se adjudica a los hospitales que administraron el fentanilo contaminado, seguido por los laboratorios que fabricaron el medicamento (13%): HLB Pharma Group y Laboratorio Ramallo. En último lugar, el 9% de los encuestados le adjudica la responsabilidad de lo sucedido a los organismos de control del Estado, como ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica). Paralelamente, el informe reveló que el 52% de los encuestados percibe que el sistema judicial y el accionar del Juez Kreplak está siendo ineficaz en la investigación judicial que se está llevando a cabo por la crisis del fentanilo adulterado.
¿Lazos con el narcotráfico y el crimen organizado?
Tras los resultados de percepción social del estudio realizado por Poliarquía Consultores, cabe preguntarse si es realmente posible que los laboratorios involucrados en la producción del fentanilo adulterado y contaminado mantengan lazos y vínculos con redes de crimen organizado y narcotráfico. ¿Puede el debilitamiento institucional facilitar operaciones ilegales en el ámbito?.
La crisis del fentanilo contaminado en la Argentina es un caso sin precedentes a nivel nacional. Sin embargo, la experiencia regional, donde ya son varios los casos en que la salud y el crimen organizado se entrelazan aporta una serie de antecedentes clave para el análisis de un potencial vínculo con el crimen organizado y las redes de narcotráfico. La percepción social de impunidad y protección política y judicial, sumado a la falta de transparencia institucional, son factores claves para el análisis, que habilitan a pensar en el potencial vínculo del caso y de los laboratorios involucrados con el crimen organizado y las redes de narcotráfico que operan en la Argentina, como así también en el territorio fronterizo.
Sin lugar a dudas, esta posible hipótesis abre nuevos interrogantes que la Justicia argentina deberá tener en consideración, en el marco de la investigación judicial que se está llevando a cabo, debiendo ser seguido de cerca también por el Ministerio de Salud de la Nación y el Ministerio de Seguridad Nacional, que ha estado buscado combatir fuertemente la presencia y la expansión del narcotráfico y las redes de crimen organizado, en el territorio nacional y las fronteras nacionales.
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