El Poder Ejecutivo Nacional aprobó el Régimen de Conservación, Administración y Disposición de los Bienes Provenientes de Actividad Ilícita, que estará bajo la responsabilidad del Ministerio de Justicia. El régimen, creado a través del Decreto N°575/2025, publicado en el Boletín Oficial el día de la fecha, busca optimizar la gestión de los bienes decomisados en los procesos penales de competencia nacional y federal y de extinción de dominio, provenientes de actividades ilícitas, centralizando su administración bajo la esfera pública y permitiendo que el Estado Nacional disponga de los elementos secuestrados en operativos contra el crimen organizado.
Es así que, el Presidente de la Nación, Javier Milei, en acuerdo general de ministros, aprobó el “Régimen de Conservación, Administración y Disposición de los Bienes Provenientes de Actividad Ilícita Cautelados y Recuperados en los Procesos Panels de Competencia Nacional y Federal y de Extinción de Dominio”. El Anexo I detalla que todas aquellas medidas que se adopten, en relación a los bienes cautelados y recuperados, “se ajustarán a criterios de eficiencia, celeridad, transparencia y publicidad”. En este sentido, se establece que el órgano judicial competente deberá darle intervención al Ministerio de Justicia y poner bajo su custodia y administración, a través de la Autoridad de Aplicación, los bienes cautelados o recuperados, dentro de los cinco días posteriores al dictado de la resolución.
De hecho, el Ministerio de Justicia será quien asumirá la administración, el depósito y la custodia efectiva de dichos bienes, a partir del día hábil siguiente a su cesión formal o en su defecto, una vez vencido el plazo, cuando se requerirá al órgano judicial competente, en conjunto con el Ministerio de Seguridad Nacional, la entrega y puesta a disposición inmediata de los bienes en favor del Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona. Paralelamente, el Decreto 575/2025 crea el Consejo de Bienes Recuperados en Favor del Estado Nacional, dentro del ámbito del Ministerio de Justicia, que funcionará como “órgano colegiado de supervisión, evaluación y toma de decisiones orientadas a la coordinación interinstitucional, la asignación de recursos y el seguimiento de los bienes cautelados y recuperados en favor del ESTADO NACIONAL”.
El Anexo I establece que la Autoridad de Aplicación, que deberá ser designada por el Poder Ejecutivo Nacional, deberá coordinar con la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) las acciones que resulten necesarias para la enajenación o concesión de los bienes para la explotación comercial. Así también, deberá establecer mecanismos de cooperación técnica, cuando corresponda, mediante la celebración de convenios. El Poder Ejecutivo decreto modificó ciertas disposiciones del Decreto N°1382/2012 e incorporó que AABE tendrá la facultad de “enajenar u otorgar la concesión para la explotación comercial de los bienes provenientes de actividad ilícita, cautelados y recuperados en los procesos penales de competencia nacional y federal y en los procesos de extinción de dominio previstos en el Decreto N° 62 del 21 de enero de 2019, según lo establecido en el RÉGIMEN DE CONSERVACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y DISPOSICIÓN DE LOS BIENES PROVENIENTES DE ACTIVIDAD ILÍCITA CAUTELADOS Y RECUPERADOS EN LOS PROCESOS PENALES DE COMPETENCIA NACIONAL Y FEDERAL Y DE EXTINCIÓN DE DOMINIO”.
El objetivo del Gobierno Nacional detrás del nuevo régimen
El decreto también modifica la Ley de Ministerios; la Ley N°25.246 de Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo; la Ley N°22.415 (Código Aduanero); la Ley N°23.737 que introdujo modificaciones al Código Penal de la Nación Argentina; la Ley N°26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas; y la Ley N° 23.853. Asimismo, la disposición del Poder Ejecutivo determina la derogación de una serie de artículos de la Ley N°20.785, que regula la custodia y la disposición de bienes secuestrados en el marco de causas penales de competencia nacional y federal en el territorio nacional. En este sentido, el Decreto 575/2025 busca una mayor eficiencia en el uso de los activos y bienes recuperados y cautelados, provenientes de actividades ilícitas, y prevé mejorar la capacidad del Estado para financiar políticas públicas de seguridad y justicia, en el marco del plan de lucha contra el crimen organizado transfronterizo, el narcotráfico y el terrorismo.
El Gobierno Nacional busca que el nuevo régimen funcione como una herramienta para debilitar al crimen organizado que opera en el territorio nacional y en las fronteras, dado el impacto que puede generar esta iniciativa en el desbaratamiento de las redes delictivas activas, a partir del despojo de sus bienes y elementos de valor. En este sentido, el objetivo de esta política pública es, en sí mismo, fortalecer las capacidades del Estado Nacional en la lucha contra el crimen organizado y los delitos transfronterizos, sobre todo, ante un contexto donde las redes de contrabando, narcotráfico y terrorismo, cada vez tienen mayor presencia en las fronteras argentinas.
De acuerdo al Poder Ejecutivo, esta normativa resultaba crucial para disminuir el poder del crimen organizado en el territorio nacional. Por ello, se consideró que “el desarrollo de una gestión eficiente y transparente de reintegro a la sociedad de recursos mal habidos conlleva numerosos beneficios”. De hecho, el rediseño de la estructura vigente, a partir de la creación del Consejo de Bienes Recuperados en Favor del Estado Nacional, delimita, precisa y detalladamente, las competencias y evita la superposición de funciones en el tratamiento y la gestión de los bienes y activos recuperados de delitos del crimen organizado, como la corrupción, el lavado de activos, el tráfico de estupefacientes (narcotráfico) y la trata de personas, entre otros.
En este sentido, resulta relevante resaltar uno de los puntos más trascendentales del régimen. La normativa, que entró en vigencia en la madrugada del día de hoy, dispuso que, los bienes recuperados y cautelados de la trata y explotación de personas y/o del lavado de activos, serán asignados a fondos directos de programas de asistencia para las víctimas o en su defecto, a la lucha contra el narcotráfico.
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