En el marco de su exposición en la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Órganos y Actividades de Seguridad Interior del Congreso de la Nación, funcionarios del Ministerio de Seguridad Nacional defendieron y respaldaron los cambios realizados en las Fuerzas de Seguridad por el Poder Ejecutivo, a través de una serie de decretos, respaldados por la Ley N°27.742. Al respecto, los funcionarios sostuvieron que “se buscó fortalecer un proceso de modernización y de profesionalización de las fuerzas”.
El pasado martes, la Comisión Bicameral Permanente, presidida por el Senador Enrique Martin Goerling Lara (Frente PRO) y el Diputado José Glinski (Unión por la Patria), recibió a un conjunto de funcionarios del Ministerio de Seguridad Nacional, dirigido por Patricia Bullrich, para brindar un informe sobre los Decretos 454/2025, 455/2025, 456/2025 y 457/2025, que reorganizaron a las Fuerzas de Seguridad Federales, y ofrecer una exposición. Al respecto, Diego Fleita Ortiz de Rozas, Director Nacional de Transformación Institucional del Ministerio, explicó que las reformas y los cambios realizados en el ámbito de las Fuerzas de Seguridad, por el Poder Ejecutivo Nacional, se encuadran y respaldan en el marco legal de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (N° 27.742), aprobada por el Congreso Nacional, el año pasado.
Esta normativa, cuya vigencia cesó la semana pasada, delegaba en el Poder Ejecutivo Nacional una serie de facultades dispuestas en materia de administración y de emergencia, que de carácter general le corresponden al Poder Legislativo. Las facultades legislativas delegadas al Poder Ejecutivo, a través de esta ley, permitían la toma de decisiones en materia económica, financiera, administrativa y energética, a través de decretos de necesidad y urgencia (DNU), por el período de un año, en consideración de la emergencia pública declarada. Las reformas en las Fuerzas de Seguridad realizadas por el Poder Ejecutivo deben ser, por ende, analizadas bajo el marco legal de esta normativa, que facultaba al Ejecutivo a dictaminar tales cambios.
Ortiz de Rozas, quien respaldó los cambios y las modificaciones en este ámbito, sostuvo que el Poder Ejecutivo buscó modernizar y profesionalizar las Fuerzas de Seguridad, como así también actualizar la normativa vigente, que tenía más de 50 años sin modificaciones. Además, considera que las reformas buscan resolver problemas vinculados a la estructura, el personal y la carrera profesional de las Fuerzas. El Director Nacional de Transformación Institucional del Ministerio de Seguridad Nacional, destaca que la reforma más profunda, sin dudas, fue realizada en el ámbito de la Policía Federal Argentina (PFA), donde se buscó solucionar una multiplicidad de problemáticas. El objetivo de esta reforma particular estaba íntimamente vinculado con la redefinición de sus misiones, la reestructuración de su organigrama, la modernización tecnológica, la mejora del liderazgo y el fortalecimiento del personal y sus capacidades, entre otras cuestiones.
De esta manera, Ortiz de Rozas advirtió que “por un lado la antigüedad del marco normativo de la Policía Federal, a su vez la transferencia de parte de sus responsabilidades y personal a la Ciudad de Buenos Aires, la había dejado sin una misión clara y, al mismo tiempo, teníamos amenazas nuevas o más fuertes vinculadas a crimen organizado o nuevas dinámicas delictivas, de ciberdelitos o delitos económicos, que sentíamos que no teníamos capacidad adecuada para dar respuesta”. De hecho, Federico Tassara, quien se desempeña como Director de Ingreso y Carrera del Ministerio de Seguridad resaltó que para el caso de la Policía Federal “se planteó una actualización del sistema normativo, con nuevas líneas de formación, orientadas a la investigación”.
Los cambios en las Fuerzas de Seguridad
Gracias a las competencias y facultades delegadas atribuidas por la Ley 27.742, el Poder Ejecutivo Nacional pudo reformar y modificar las Fuerzas de Seguridad Federales, ante la existencia de una emergencia pública, antes del cese de la ley, pactado para el día 8 de julio. La reestructuración de la seguridad nacional y las Fuerzas de Seguridad se presenta, como una de las prioridades de la administración gubernamental de Javier Milei, quien ve en el modelo de seguridad estadounidense un eje y un pilar clave para el diseño y la reestructuración del sistema de seguridad nacional, bajo el mandato de Patricia Bullrich.
El primer cambio y reforma de las Fuerzas de Seguridad se dio en el ámbito de la Policía Federal Argentina (PFA), con la oficialización de un nuevo Estatuto, que buscaba actualizar la normativa vigente de la Fuerza, redefiniendo sus misiones, optimizando su estructura organizativa y su carrera profesional, entre otras cuestiones, y se convertiría, de esta manera, en la primera Fuerza de Seguridad modificada y reformada. El cambio más importante, en el marco de esta reforma, sin lugar a dudas, fue la reorientación de la función de esta Fuerza que, desde el mes de junio, pasaría a estar dirigida hacia la investigación de delitos federales complejos, dejando atrás responsabilidades de seguridad local. El nuevo Estatuto de la PFA busca adecuar la institución policial a las necesidades del país y del contexto global, ante la multiplicidad de amenazas contemporáneas, que se presentan en el orden internacional, regional y nacional.
La Gendarmería Nacional Argentina (GNA) sería la segunda Fuerza modificada, a través del Decreto 454/2025, donde se dictaminó la reforma de su Estatuto, que abogaba por el fortalecimiento de las capacidades de la GNA para combatir el crimen organizado, el terrorismo, el narcotráfico, el ciberterrorismo y las emergencias y catástrofes. En este sentido, la GNA podrá inmiscuirse en el campo tecnológico y digital, investigar en el ciberespacio y combatir el ciberterrorismo. De hecho, los principales cambios realizados, en el marco de esta reforma a la GNA, fueron respecto a su estructura y dependencia; a sus misiones y funciones; a su organización y carrera profesional; al régimen disciplinario y penal; a los principios de gestión y a su enfoque operativo, entre otros.
Sin dudas, uno de los cambios más importantes para la Gendarmería, fue la modificación de su clásica y tradicional dependencia orgánica respecto al Comando en Jefe del Ejército, regulado por la Ley N°19.349, que a través del Decreto 454/2025, quedó sin efecto. A partir de ahora, la Gendarmería Nacional Argentina pasará a ser dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Patricia Bullrich. De hecho, la derogación de leyes históricas, como la Ley 19.349 de Gendarmería Nacional, que regía desde el año 1971, evidencia el objetivo del Gobierno Nacional de “quebrar” estructuras tradicionales y adaptar la Fuerza a un modelo más ejecutivo, moderno y civil, dejando de lado su rol militarizado y convirtiéndose, de hecho, en una Fuerza de Seguridad Federal, a partir del cambio en su naturaleza institucional.
El Decreto 457/2025, por su parte, dictamina la reforma de la Prefectura Naval Argentina (PNA), modificando la Ley N°18.398, del año 1968, que regulaba las misiones, el funcionamiento y la estructura de dicha Fuerza. De esta manera, el Gobierno Nacional redefinió el rol de la Prefectura como una Fuerza de Seguridad Federal, que se especializará en la navegación, la vigilancia ambiental y la policía pesquera, dependiendo del Ministerio de Seguridad Nacional. Lo que supone un cambio trascendental en el marco de la PNA, que históricamente ha estado subordinada a la Armada Argentina. En este sentido, se han introducido modificaciones y reformas en las funciones operativas de la Fuerza, que ahora asumirá el rol de Policía Auxiliar Pesquera, con facultades de fiscalización en zonas económicas exclusivas. Además, la PNA podrá intervenir en el restablecimiento del orden y la tranquilidad pública, fuera de su jurisdicción de actuación, cuando sea dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional.
La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) también sería reformada, a través del Decreto 456/2025, que modifica integralmente la Ley N°26.102, que regula el funcionamiento de la Fuerza. La transformación implica la redefinición de las misiones, la estructura y las competencias de la PSA, que pasará a consolidarse como la autoridad superior en materia de seguridad aeroportuaria del Sistema Nacional de Aeropuertos, permitiendo su intervención directa en delitos federales complejos, como el terrorismo, el narcotráfico y el contrabando. El nuevo rol proyecta a la PSA como una fuerza especializada con alcance nacional, cuyas funciones podrían exceder, progresivamente, el ámbito aeroportuario ante situaciones excepcionales. De hecho, se estima que la PSA podría brindar otros servicios de seguridad interior, a requerimiento y solicitud del Poder Ejecutivo, y de tal manera, asumir la responsabilidad primaria de la seguridad en el transporte. El objetivo de esta reforma es mejorar la prevención y la respuesta de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en el desempeño de sus funciones y tareas diarias y así también ad hoc.
Por último, a través del Decreto 455/2025, el Poder Ejecutivo modificó el Servicio Penitenciario Federal (SPF), con reformas en el régimen de carrera y un esquema de capacitación actualizado. Además, el decreto introduce mecanismos de transparencia e integridad que brindan un mayor control institucional y adecuan la estructura normativa de la Fuerza, que a partir de ahora, también pasará a estar bajo el ámbito del Ministerio de Seguridad Nacional, con foco en la criminalidad organizada que opera, incluso, desde el interior de los penales. La disposición deroga la Ley Orgánica de 1967, que pasará a ser reemplazada por un nuevo Estatuto penitenciario, donde se redefine el rol institucional y la estructura normativa. El SPF ya no será solo custodio, sino que ahora también, será un actor clave en la lucha contra el crimen organizado desde dentro de los penales. Bajo esta premisa, el SPF se torna un auxiliar del Poder Judicial, con capacidad investigativa en delitos carcelarios. A la vez que, remarca el enfoque en prevención del crimen organizado desde el sistema penitenciario, incluyendo el control del uso de celulares y la inteligencia penitenciaria.
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