Finalmente, tras las estimaciones y proyecciones, el Poder Ejecutivo Nacional dictaminó nuevos cambios y reformas en las Fuerzas de Seguridad argentinas, a través de una serie de decretos publicados el día martes en el Boletín Oficial. Dado que, gracias a las competencias delegadas que le atribuye la Ley Nº27.742 (Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos), el Presidente de la Nación, Javier Milei, se encuentra facultado para reformar y modificar las Fuerzas Federales de Seguridad, ante la existencia de una emergencia pública.
La reestructuración de la seguridad nacional y las Fuerzas de Seguridad se presenta como una de las prioridades y ejes de la administración gubernamental de Javier Milei, quien ve en el modelo de seguridad estadounidense un eje y un pilar clave para el diseño y la reestructuración del sistema de seguridad nacional, que se encuentra bajo el mandato de Patricia Bullrich. De acuerdo a ello, en el último tiempo, el Gobierno Nacional ha establecido una serie de reformas en la cartera de seguridad, dentro de las cuales se incluye la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), que se basó en el diseño y la estructura del FBI; la reforma integral de la Policía Federal Argentina (PFA) con la oficialización de un nuevo Estatuto y los giros y aumentos de las partidas presupuestarias para Seguridad, que evidencia la prioridad que tiene para el Gobierno el reequipamiento de las Fuerzas de Seguridad, entre otros. Una gran parte de las mencionadas modificaciones se han realizado tomando en consideración e imitando el modelo de los Estados Unidos, con quien la Argentina ha consolidado una sólida alianza estratégica, basada en un fuerte alineamiento ideológico.
El Gobierno de Javier Milei ha realzado la importancia que tiene la Seguridad Nacional dentro su gestión gubernamental, y lo ha evidenciado a través de grandes inversiones para dicha cartera e instaurando severas modificaciones y cambios, como algunos de los mencionados, que buscan mejorar su funcionamiento y optimizar los recursos públicos. A estos cambios deben sumarse ahora las modificaciones y reformas en los estatutos de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), la Prefectura Naval Argentina (PNA) y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que se suman a la reforma realizada en la PFA, a mediados de junio. Como así también la modificación en la estructura y las funciones del Servicio Penitenciario Federal (SPF), oficializado el día de ayer, a través del Decreto N°455/2025.
El antecedente del Estatuto de la Policía Federal Argentina (PFA)
El mes pasado, el Gobierno Nacional comenzó con la reestructuración y reforma de las Fuerzas de Seguridad, al oficializar el nuevo Estatuto de la Policía Federal Argentina, que se convertiría, de esta manera, en la primera Fuerza de Seguridad modificada y reformada. A través del Decreto 383/2025, el Poder Ejecutivo oficializó el nuevo Estatuto de la Policía Federal, redefiniendo su misión y optimizando su estructura organizativa.
El cambio más importante, en el marco de esta reforma, fue, sin lugar a dudas, la reorientación de la función policial que, desde entonces, pasó a estar dirigida hacia la investigación de delitos federales y complejos, dejando atrás responsabilidades de seguridad local. En este sentido, el nuevo Estatuto plantea un cambio del paradigma policial, a través de la reconfiguración de los alcances, las misiones, funciones y competencias de la Fuerza.
La Policía Federal Argentina deberá prevenir, detectar e investigar delitos federales y complejos y colaborar en la desarticulación de organizaciones criminales. En efecto, el nuevo Estatuto de la PFA busca adecuar la institución policial a las necesidades del país y del contexto global, ante la multiplicidad de amenazas contemporáneas, que se presentan en el orden internacional, regional y nacional. En este sentido, el Gobierno consideraba que la Ley Orgánica de la PFA, establecida en el año 1958, debía actualizarse, dado el surgimiento de las nuevas amenazas delictivas y de los cambios sociales y tecnológicos que acontecen, al día de hoy.
Además, la reforma remarca la importancia de fortalecer el sistema de formación y capacitación del personal policial y abogar por la modernización de los protocolos de investigación y articulación interinstitucional para que, a través de la incorporación de nuevas tecnologías, se logre el mejor liderazgo institucional. Sin embargo, la reducción progresiva del personal, a través de la nueva estructura, y la reasignación de funciones podrían implicar tensiones internas y ajustes estructurales en el corto plazo.
La reforma en la Gendarmería Nacional Argentina (GNA)
A traves del Decreto N°454/2025, el Poder Ejecutivo reformó el Estatuo de la Gendarmería Nacional Argentina, a partir del fortalecimiento de las capacidades de la Fuerza para combatir el crimen organizado, el terrorismo, el narcotráfico, el ciberterrorismo y las emergencias y catastrofes. En este sentido, la GNA podrá inmiscuirse en el campo tecnológico y digital, investigar en el ciberespacio y combatir el ciberterrorismo. El nuevo Estatuto modifica, entonces, las funciones de la GNA, tradicionalmente asociadas a su rol como policía judicial, aduanera, sanitaria, forestal y/o de navegación. A la vez, el Estatuto añade como misión complementaria de la Fuerza, su participación activa en el restablecimiento y preservación del orden público.
Los principales cambios realizados, en el marco de la reforma a la GNA, fueron respecto a su estructura y dependencia; a sus misiones y funciones; a su organización y carrera profesional; al régimen disciplinario y penal; a los principios de gestión y a su enfoque operativo, entre otros puntos. A partir de ahora, la Gendarmería Nacional Argentina pasará a ser dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Patricia Bullrich. Por lo que, su clásica y tradicional dependencia orgánica respecto al Comando en Jefe del Ejército, regulado por la Ley N°19.349 queda sin efecto, a partir del decreto del Poder Ejecutivo.
Además, la reforma de alcance integral implica una modernización institucional para la Fuerza, a través de la incorporación de principios de transparencia, ética pública y control interno. También se han establecido nuevos criterios modernos para los escalafones, los grados jerárquicos y el régimen de ascensos dentro de la Fuerza, orientada a la jerarquización profesional.
La derogación de leyes históricas, como la Ley N°19.349 de Gendarmería Nacional, que regía desde el año 1971, evidencia el objetivo del Gobierno de “quebrar” estructuras tradicionales y adaptar la Fuerza a un modelo más ejecutivo, moderno y civil, dejando de lado su rol militarizado y convirtiéndose, de hecho, en una Fuerza de Seguridad Federal, a partir del cambio en su naturaleza institucional. Por ende, a partir de ahora, la Gendarmería pasará a ser una Fuerza de Seguridad Federal, con perfil civil, dejando de lado su rol militar y dependiente del Comando en Jefe del Ejército. Ello impacta y modifica el marco legal de actuación de la GNA, que ahora estará plenamente comprendido en su nuevo Estatuto y no requerirá de ninguna ley específica ni de normas complementarias. Es por ello que, se dictaminó la derogación de la Ley 19.349 y sus normas complementarias, especialmente artículos clave de la Ley N°18.711.
Las modificaciones de la Prefectura Naval Argentina (PNA)
A través del Decreto N°457/2025, el Poder Ejecutivo modifica la Ley N°18.398, del año 1968, que regula las misiones, el funcionamiento y la estructura de la Prefectura Naval Argentina (PNA). De esta manera, el Gobierno Nacional redefinió el rol de la Prefectura como una Fuerza de Seguridad Federal, especializada en la navegación, la vigilancia ambiental y la policía pesquera. Cabe resaltar que, esto supone un cambio trascendental en el marco de la PNA, dado que históricamente esta Fuerza ha estado subordinada a la Armada Argentina.
A partir de esta reforma, la PNA se consolida como una fuerza civil, especializada en la navegación, la vigilancia ambiental y la policía pesquera, dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional. De hecho, este cambio en la dependencia orgánica de la Prefectura se asemeja a la modificación realizada en el ámbito de la Gendarmería, que también pasará a depender del Ministerio de Seguridad Nacional, bajo el mando de Bullrich.
También se han introducido modificaciones y reformas en las funciones operativas de la Fuerza, que ahora asumirá el rol de Policía Auxiliar Pesquera, con facultades de fiscalización en zonas económicas exclusivas. Asimismo, se regula la participación oficial de la Prefectura en el marco de misiones internacionales, tanto en tareas de cooperación ambiental como en defensa civil marítima y se establece que la PNA podrá intervenir en el restablecimiento del orden y la tranquilidad pública, fuera de su jurisdicción de actuación, cuando así lo disponga el Poder Ejecutivo Nacional.
Desde el Gobierno Nacional, sostienen que el rediseño y la reestructuración de la Prefectura Naval Argentina busca otorgarle a la Fuerza un perfil profesional moderno, acorde a las exigencias y amenazas contemporáneas del ámbito marítimo. Por ello, a partir de ahora, la PNA será la “Policía de Seguridad de la Navegación y de Prevención de la Contaminación proveniente de buques”. Además, el Poder Ejecutivo podrá otorgarle estado militar, temporal, al personal de la PNA, en caso de conflicto internacional o conmoción interna, sin la necesidad de que ello sea propuesto por el Comandante en Jefe de la Armada.
Transformaciones en la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA)
En este marco de reformas y cambios en las Fuerzas de Seguridad, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) también sufrió una serie de transformaciones, a partir del Decreto N°456/2025, que modifica integralmente la Ley N°26.102, que regula el funcionamiento de la Fuerza. La transformación implica la redefinición de las misiones, la estructura y las competencias de la PSA, que pasaría a consolidarse como la autoridad superior en materia de seguridad aeroportuaria del Sistema Nacional de Aeropuertos, permitiendo su intervención directa en delitos federales complejos, como el terrorismo, el narcotráfico y el contrabando. El nuevo alcance se asemeja y de hecho, es un punto compartido por la reforma de la Gendarmería y la Policía Federal, quienes también vieron reorientados su alcance hacia la lucha y el combate de este tipo de delitos.
Además, se sumarían funciones ampliadas, como la supervisión integral de cargas, pasajeros, aeronaves y terminales ante situaciones críticas y la investigación de delitos en espacios públicos digitales sin orden judicial previa, como puede ser las redes sociales abiertas y los sitios públicos. En este sentido, el nuevo rol proyecta a la PSA como una fuerza especializada con alcance nacional, cuyas funciones podrían exceder, progresivamente, el ámbito aeroportuario ante situaciones excepcionales. De hecho, se estima que la PSA podría brindar otros servicios de seguridad interior, a requerimiento y solicitud del Poder Ejecutivo, y de tal manera, asumir la responsabilidad primaria de la seguridad en el transporte. El objetivo de esta reforma es mejorar la prevención y la respuesta de la PSA, en el desempeño de sus funciones y tareas diarias y ad hoc.
Adicionalmente, la reforma de la Ley 26.102 introduce cambios en la estructura jerárquica, el régimen de formación, los beneficios previsionales y el sistema de control disciplinario de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. En suma, las transformaciones en el ámbito de la PSA marcan una jerarquización técnica y profesional de la Fuerza, como así también una mayor alineación de la misma con los estándares internacionales, en el ámbito de seguridad de la aviación civil.
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