En el marco de la Ley Bases 27.742, el Gobierno nacional, con fuerte protagonismo del Ministerio de Seguridad Nacional, ha iniciado una transformación profunda de las Fuerzas de Seguridad Federales. Entre tantas reformas estructurales, se destaca la reconfiguración de la Gendarmería Nacional (GNA), la Prefectura Naval Argentina (PNA), la Policía Federal Argentina (PFA), la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el Servicio Penitenciario Federal (SPF).
Lejos de limitarse a un marco normativo, se trata de una reorganización que redefine el alcance funcional de cada una de las Fuerzas, así como también el perfil institucional y la capacidad de respuesta del sistema federal de seguridad. Además, se destaca la marcada orientación a la importancia de enfrentar nuevas amenazas globales: terrorismo transnacional, narcotráfico sofisticado, redes digitales delictivas y delitos ambientales.
La pregunta que queda por hacerse es cómo las Fuerzas de Seguridad Federales, a partir de estos nuevos cambios, lograrán articularse para trabajar conjuntamente. Principalmente, porque requerirá no solo una redefinición clara de roles y competencias, sino también mecanismos eficaces de coordinación interinstitucional, el desarrollo de protocolos operativos comunes y una inversión sostenida en capacitación y tecnología.
Un giro institucional con lógica civil
La primera gran novedad de los cambios recientes recae en el “desprendimiento” del modelo militarizado, que históricamente condicionó a varias de estas fuerzas. La Gendarmería y la Prefectura antes contaban con vínculos orgánicos con el Ejército y la Armada, y ahora pasan a consolidarse como fuerzas civiles especializadas bajo la órbita del Ministerio de Seguridad.
Simultáneamente, el SPF transfiere su dependencia desde Justicia hacia Seguridad, en un claro gesto de articulación directa en la lucha contra el crimen organizado, incluso desde dentro de los penales. Esto implica una mirada más operativa del sistema penitenciario, orientada a prevenir que las cárceles funcionen como centros de mando de organizaciones delictivas.
En paralelo, los decretos que se publicaron el pasado 8 de julio no sólo modifican leyes emblemáticas, sino que implementan nuevos estatutos o cambios en los anteriores. Por ejemplo, crean escalafones técnicos, jerarquizan cargos, incorporan perfiles universitarios y simplifican estructuras operativas.
Ampliación de competencias
Las dudas sobre la operatividad conjunta de las Fuerzas recae en que, con estos cambios, todas ganan una ampliación de su margen operativo. Esto hace que muchas de las facultades históricas se expandan más allá de sus entornos tradicionales.
Por ejemplo, la PSA ahora podrá intervenir en transporte terrestre y otras áreas de seguridad interior, mientras que la Prefectura refuerza su rol en pesca, control ambiental y misiones marítimas internacionales. De manera similar, la Gendarmería extiende su alcance al ciberespacio, la inteligencia criminal y la protección diplomática, y la Policía Federal incorpora patrullaje virtual y protocolos similares al FBI.
Por ende, el desafío implica coordinar exitosamente diversos operativos conjuntos sin duplicidades ni conflictos de competencia. Se tornará crucial la creación de protocolos interinstitucionales para la actuación de todas las fuerzas cuando sea requerido, así como también de mecanismos de evaluación cruzada para perfeccionar la colaboración.
El desafío de la correcta articulación de fuerzas
En definitiva, este proceso de rediseño de las Fuerzas de Seguridad Federales no solo responde a una búsqueda de mayor eficiencia operativa, sino que refleja un cambio de paradigma en la arquitectura institucional del Estado. Con gran énfasis en el Ministerio de Seguridad y la ampliación de facultades del Ejecutivo, esta “nueva lógica” de seguridad pública integrada punta a consolidar un modelo más ágil, profesional y coordinado frente a las amenazas complejas de la actualidad.
No obstante, queda por verse si el sistema de Seguridad federal tendrá la capacidad para sostener una planificación estratégica conjunta cuando sea necesario, priorizando la transparencia y el respeto por los principios democráticos que el Gobierno plantea como razones centrales.
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