La disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), oficializada mediante el Decreto 461/2025, generó una fuerte reacción sindical y social. En este contexto, trabajadores del organismo se movilizaron frente a su sede central en Buenos Aires el pasado martes para rechazar la medida, que consideran “un genocidio para quienes transitan las rutas argentinas”.
La medida se enmarca en la Ley Bases 27.742, que habilita al Ejecutivo a reorganizar organismos estatales. El decreto también prevé la reasignación de competencias a la Gendarmería Nacional en materia de control vial, lo que refuerza el enfoque de seguridad sobre el tránsito, pero reduce la capacidad técnica del Estado en planificación y mantenimiento.
El decreto que desata el conflicto
El Decreto 461/2025, firmado por el presidente Javier Milei, establece la disolución de tres entes clave: la DNV, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial. Según lo establecido, las funciones de Vialidad serán absorbidas por el Ministerio de Economía y la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte.
El texto oficial afirma que la decisión responde a un proceso de reorganización estatal orientado a reducir el gasto público y mejorar la eficiencia administrativa. Entre los argumentos del Decreto se destaca que la estructura de Vialidad es “excesivamente onerosa”, con más de 5.000 empleados y una red de mantenimiento parcialmente tercerizada.
El Gobierno plantea que la privatización de tareas viales podría generar “ahorros significativos” y una gestión más ágil. No obstante, los empleados se movilizaron con el respaldo de otros gremios y sectores políticos, que anticipan presentaciones judiciales y pedidos de derogación legislativa. Por ahora, la Comisión Bicameral del Congreso deberá evaluar la validez del decreto en las próximas semanas.
Reacción gremial y advertencias
La secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales (STVyARA), Graciela Aleñá, calificó la medida como “demencial” y advirtió que dejaría a más de 5.200 trabajadores en la calle. Además, alertó sobre el impacto territorial, declarando que “nada va a asegurar que salga la producción, que las provincias puedan hacer turismo o que una persona llegue a tiempo a un hospital”.
Los manifestantes también denunciaron que el cierre de Vialidad pone en riesgo la conectividad nacional, especialmente en zonas alejadas donde el Estado es el único garante de infraestructura. “Si no estuviera Vialidad, muchas zonas del país quedarían aisladas”, expresó Gustavo De Biase, trabajador del organismo.
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