El Gobierno nacional continúa con las reformas en materia de Seguridad, puntualmente en la conformación, estructuración y reforma de las misiones de las distintas fuerzas, como la Policía Federal Argentina (PFA), la Prefectura Naval (PNA), la Gendarmería Nacional (GNA) y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Se espera que en los próximos días sean publicados una serie de decretos que buscarían reestructurar las Fuerzas Federales argentinas, imitando el modelo de los Estados Unidos.
No obstante, la reestructuración de la Seguridad argentina ha sido criticada en múltiples aspectos y sectores. Principalmente por las reformas impulsadas por la cartera liderada por Patricia Bullrich, y por las atribuciones del Ejecutivo en el marco de las competencias delegadas que le atribuye la Ley Nº27.742 (Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos).
Se estima que el Gobierno nacional busca mejorar el sistema de reclutamiento y evitar la superposición de tareas, optimizando los recursos públicos, a través de estas nuevas reformas. Sin embargo, algunos decretos, como el 340/2025 que oficializó la desregulación de la Marina Mercante, han sido objeto de críticas.
El Estratégico tuvo la posibilidad de dialogar con Fernando Morales, Presidente de la Liga Naval Argentina, perito naval y Veterano de Guerra de Malvinas, sobre las implicancias y alcances de este tipo de modificaciones que, a grandes rasgos, afectan las funcionalidades de las fuerzas marítimas y navales, como la PNA, y desregularizan sectores claves para los intereses estratégicos del país, como la Marina Mercante.
Críticas y cuestionamientos al Decreto 340
El Decreto 340, recientemente promulgado por el Poder Ejecutivo, desmantela los cimientos de la Marina Mercante argentina y reconfigura el rol de las Fuerzas de Seguridad con criterios que, según expertos, vulneran el pensamiento estratégico y el marco legal vigente. No obstante, la realidad del sector no siempre ha sido de esta manera.
Morales afirma que, durante más de cuatro décadas —desde los años 50 hasta los 90—, Argentina fue un actor relevante en el comercio marítimo regional, donde empresas estatales como ELMA e YPF, junto con un conjunto de navieras privadas bajo bandera nacional, posicionaron al país en puertos estratégicos de todo el mundo. Pero esa capacidad fue desmantelada durante los años 90: ELMA se desguazó sin posibilidad de absorción por el sector privado y la flota de YPF se liquidó en el marco de su privatización. Como consecuencia, muchas empresas navieras privadas también quebraron y la industria naval colapsó.
Según Morales, el Decreto 1772 impulsado en esa etapa habilitó que buques con banderas extranjeras operaran en tráfico de cabotaje bajo marcos legales diseñados “a medida de grupos navieros extranjeros en especial chilenos”. En 2004, la administración de Néstor Kirchner intentó revertir esta situación incorporando requisitos de tripulación y normativa nacional para buques extranjeros. Similar situación ocurrió en 2017 con la Ley de Marina Mercante e Industria Naval que buscó fortalecer el sector, pero el veto presidencial al financiamiento para construcciones navales dejó la reforma “a medio camino”.
Hoy en día, el Decreto 340 podría considerarse un retroceso. En palabras del especialista, “directamente abre la puerta a la liquidación de todo vestigio de actividad marítima argentina”, Por ejemplo, la medida habilita que buques operen con tripulación extranjera previo arriado del pabellón nacional y que sean empresas extranjeras las encargadas del tráfico de cabotaje. Esto “contradice todo principio marítimo básico, como el de mantener una flota de bandera con fines estratégicos”, sentencia Morales.
El especialista advierte que incluso Estados Unidos, modelo referencial del Gobierno argentino actual, refuerza su Marina Mercante por motivos geopolíticos: Trump aspira a llevarla de 180 a 400 buques, y ningún buque puede operar en aguas interiores si no fue construido localmente y navega bajo bandera estadounidense, con tripulación estadounidense y con la garantía de que el control de la empresa naviera se encuentre en manos estadounidenses.. “El Decreto 340 está condenado a ser anulado porque realmente lo están diciendo organismos satélite de las Fuerzas Armadas en distintos foros y la medida ha disparado alarmas en la comisión de defensa de la Cámara de Diputados hechos más que suficientes para que el gobierno tome debida cuenta”, subraya Morales.
Sin Marina Mercante, sin logística defensiva
Morales subraya el impacto del Decreto 340 en la estructura militar argentina: “Las Marinas Mercantes son el apoyo natural de las flotas militares. Sin ellas, las Fuerzas Armadas quedan desprovistas de transporte, abastecimiento y cobertura logística”. Cita, por ejemplo, la Guerra de Malvinas, afirmando que fueron más los buques mercantes que los propios de la Armada los que participaron en el conflicto y sufrieron bajas.
Además, subraya que la situación actual es crítica: la Armada Argentina no posee portaaviones ni cruceros, su flota está diezmada y cuenta con un solo buque logístico con más de 50 años de servicio. “Podemos comprar todos los aviones F-16 que queramos, pero si en caso de guerra el buque que transporta el combustible de los pozos petroleros a las destilerías es un buque extranjero, y por presiones del enemigo deja de operar, evidentemente los F-16 no van a despegar por mucho que los tengamos equipados. Esto duele cuando uno lo dice, pero tampoco quiere decir que nos estemos preparando para una guerra. Simplemente prescindir de una Marina Mercante torna lisa y llanamente a la Armada argentina y a las otras fuerzas militares privadas del apoyo logístico”, enfatiza contundente.
Las reformas en las Fuerzas de Seguridad
El Decreto 340 no es el único eje de preocupación. Morales analiza también la reconfiguración en marcha de las Fuerzas de Seguridad argentinas. El cambio más drástico se da en la Policía Federal (PFA), que recibió por decreto funciones que exceden su marco judicial.
La ministra Patricia Bullrich impulsa modificaciones funcionales para todas las fuerzas, donde algunas son meramente organizativas, como cambios jerárquicos; pero otras pretenden otorgar facultades operativas más allá de lo previsto por sus leyes orgánicas. En particular, Morales denuncia la intención de sacar a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) de su rol original para utilizarla en manifestaciones públicas: “Se recupera la vieja doctrina de Seguridad Nacional que busca intervenir en conflictos sociales con fuerzas armadas”.
Una gran reflexión por parte del especialista es la siguiente: “Todas las Fuerzas de Seguridad, como la Fuerzas Armadas, tienen una ley orgánica que marca su accionar y también tienen reglamentos internos que hacen a la fase administrativa, a su organización, los grados, el régimen de ascensos, etc. La ministra de seguridad ha ideado una serie de cambios, algunos de los cuales son de forma. Y no está mal que la fuerza se “aggiorne” o que se reestructuren sus jerarquías, pero una vez más se está queriendo darle a las Fuerzas facultades que se las debería dar el Congreso a través de una ley. La sustracción de las Fuerzas de Seguridad de su ámbito natural para hacer otra cosa no es responsabilidad ni decisión del gobierno actual, ni del anterior, ni del anterior”.
En pocas palabras, Morales considera que se busca establecer una instrucción polivalente para que cualquier fuerza pueda actuar en cualquier terreno, alejándolas de sus funciones específicas. Ello “no augura un buen final”, porque el uso de efectivos en funciones improvisadas no resuelve el problema de fondo. “Si faltan policías provinciales, hay que aumentar el presupuesto. Si los gendarmes no alcanzan, no se pueden mandar soldados a la frontera que no están preparados o no tienen cobertura legal”, destaca. Efectivamente, sin planificación, no hay estructura defensiva.
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