De acuerdo a fuentes oficiales, el Gobierno Nacional solicitó la suspensión del fallo de la Justicia de Estados Unidos, emitido por la Jueza Loretta Preska, de la causa de expropiación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), y ya trabaja en la apelación. Luego de que, el día lunes, la Jueza Loretta Preska ordenara que la República Argentina deberá entregar el 51% de sus acciones de YPF, a los demandantes de la causa, Burford y Eton Park, como parte del pago de la sentencia, el Gobierno de Javier Milei solicitó la suspensión del fallo contra la Nación Argentina, con la presentación de un escrito ante la Justicia de Estados Unidos.
En este sentido, se reconoce un exceso en las facultades jurisdiccionales de la magistrada Preska, en la emisión del fallo. El texto presentado por la defensa argentina reconoce, también, que no existen posibilidades materiales de expropiar las acciones. De esta manera, se sostiene que la Jueza no puede “ordenarle algo a un Estado y las acciones son de imposible expropiación, porque están registradas en la Caja de Valores”. A la vez, se advirtió que toda decisión relacionada a la expropiación de la petrolera está sujeta a la votación del Congreso Nacional, donde la misma debe obtener una mayoría especial de dos tercios. “Esto no es un juicio comercial entre dos empresas, es un caso que involucra a un Estado soberano y su ordenamiento legal interno” sostiene el texto.
A la vez, se advirtió el daño y las consecuencias irreparables que generaría el fallo, en caso de que este sea ratificado por la Justicia estadounidense. Por ello, la defensa argentina, además de solicitar la suspensión de la entrega de las acciones argentinas a los demandantes, también solicitó una suspensión provisoria del fallo. Dado que se explicó que, si se transfieren las acciones argentinas de YPF a los demandantes y estos decidieron venderlas, el daño sería irreversible, a pesar de que la instancia de apelación estuviera pendiente. De allí, la razón por la que se solicita la suspensión provisoria del fallo y de la entrega de las acciones.
¿Qué dictaminó la Justicia de Estados Unidos?
En el marco del juicio contra la República Argentina por la expropiación de YPF, la Justicia de Estados Unidos ordenó que el país debe entregar parte de sus acciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), precisamente el 51% de ellas, a los demandantes de la causa, Burford y Eton Park, como parte del pago de la sentencia.
En el año 2012, durante el segundo mandato presidencial de Cristina Fernández de Kirchner, la Argentina decidió expropiar el 51% de las acciones de YPF, que en ese momento estaban en manos de la firma española, Repsol. Los inversores demandaron al país por la expropiación de la petrolera. Por lo que, la demanda se centra, principalmente, en la compensación económica que el Estado argentino debe desembolsar para los fondos por los daños económicos generados por la expropiación. La Justicia de Estados Unidos ya había determinado que la Argentina tenía que pagar U$S 16.000 millones. Aunque ello no fue cumplido por el Estado argentino.
Ante esta situación, los demandantes de la causa realizaron un pedido a la Jueza Preska, en abril del pasado año, para que el Estado argentino entregue las acciones de YPF, ante el incumplimiento del fallo que dictaminó el pago de U$S 16.000 millones. La Jueza, finalmente, aceptó el pedido realizado por la querella y ordenó a la Argentina la entrega del 51% de las acciones de YPF a los demandantes, como parte del pago de la sentencia. Por su parte, la Argentina tiene un plazo de 14 días para cumplir la orden de transferencia del 51% de las acciones de YPF, que según se detalló deben ser las acciones “Clase D”, que serán destinadas a una cuenta de custodia global del Bank of New York Mellon, o en su defecto, para apelar.
Si bien, los expertos en la materia entienden que la decisión judicial que se dio a conocer el día lunes, no debería afectar las acciones diarias y el funcionamiento de YPF, más allá de los primeros números negativos, que se explican por el impacto y la sorpresa del fallo; la decisión judicial, sumado a los riesgos y la incertidumbre del año electoral y la presión cambiaria, colocan a la Argentina bajo la lupa. De hecho, JP Morgan, en uno de sus últimos informes, sugirió bajar las inversiones en pesos en la Argentina y refugiarse en activos dolarizados.
La estrategia de la Argentina
Cabe recordar que, el Estado argentino tiene la posibilidad de apelar al fallo de la Jueza Preska, que pertenece al Juzgado de Nueva York. Por ello, además de la solicitud de suspensión provisoria del fallo, el Gobierno anunció que ya se encuentra trabajando en la apelación de la decisión judicial, que ordena la entrega de las acciones argentinas de YPF (51%) y por ende, de la titularidad de las acciones de la petrolera, en el marco de la causa de expropiación de la compañía, realizada durante la segunda administración gubernamental de Cristina Fernández de Kichner, en el año 2012.
En este sentido, el Presidente de la Nación, Javier Milei, responsabilizó de la decisión de la Justicia de Estados Unidos al Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien se desempeñaba como Ministro de Economía de la Nación al momento de la expropiación. De esta manera, el Presidente argentino sostuvo que “independientemente de la cuestión de fondo, haber llegado a esta situación del país, es responsabilidad directa del inutil sovietico de Axel Kicillof cuando era Ministro de Economía durante la segunda presidencia de la condenada CFK”.
Fue, precisamente, en este mensaje, donde el Presidente de la Nación, le anunció a todos los argentinos que el Estado argentino apelará a este fallo, “en todas las instancias que corresponda para defender los intereses nacionales”. Se estima que la apelación será presentada antes de los 14 días hábiles, que dispuso el fallo. Perder la titularidad de las acciones de YPF, ante el creciente contexto de la compañía petrolera, a manos de los yacimientos de Vaca Muerta, su potencial y sus recursos, es algo que el Estado argentino no puede permitirse.
El Gobierno Nacional concibe a YPF y Vaca Muerta como valuables intereses estratégicos de la Nación Argentina y por ello, buscará apelar a la decisión judicial, en defensa de ellos y de la propia República. En este sentido, la defensa argentina resaltó el valor de YPF en su escrito, donde sostuvo que la compañía “es la principal empresa energética del país, emplea a más de 23.000 personas y su control está garantizado por ley”.
En concordancia con el Presidente de la Nacion, el vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguro que el Gobierno está trabajando, activamente, en la apelación, y explicó, a través de un mensaje por la red social X, que el fallo es “jurídicamente inaplicable”, dado que “contradice la Ley 26.741, que exige autorización del Congreso por mayoría agravada y desconoce la inmunidad soberana. Las acciones no están en poder del Estado ni son legalmente transferibles”.
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