A través del Decreto 445/2025 publicado este martes en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional oficializó la transformación de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) en un nuevo organismo denominado Registro Nacional de Armas (RENAR). Ahora funcionará como entidad desconcentrada bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional, dirigido por Patricia Bullrich.
La medida forma parte del plan más amplio de reorganización administrativa, en el marco de la Ley N° 27.742 de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. En palabras del Gobierno, la transformación busca “optimizar su funcionamiento y facilitar la coordinación con las políticas de seguridad nacionales, a la vez que se mantiene la especialidad técnica del organismo para la administración de las bases de datos sensibles y su rol regulador y de control de los materiales regulados”.
Contexto y argumentos
La decisión anunciada representa una modificación significativa en el estatus jurídico del organismo. Cabe recordar que la ANMaC se creó en el año 2015 con la Ley N° 27.192 como ente descentralizado en el ámbito del entonces Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con autarquía económica financiera, personería jurídica propia y capacidad de actuación en el ámbito del derecho público y privado.
En este sentido, la ANMaC, antes con autarquía económica y personería jurídica propia, ahora pasa a depender directamente del Ministerio de Seguridad, gracias a que la Ley Bases habilita al Ejecutivo a modificar la estructura del Estado en el marco de la emergencia pública. La meta es reducir costos operativos, eliminar estructuras redundantes y centralizar las funciones de registro y fiscalización en materia de armas y explosivos.
En su momento, la ley estableció que la ANMaC tendría como misión la aplicación, control y fiscalización de la Ley de Armas y Explosivos N° 20.429 y sus normas complementarias y modificatorias. También, el desarrollo e implementación de políticas de prevención de la violencia armada. Pero luego de un informe elaborado por la cartera de Seguridad, se sugirió su transformación en el RENAR.
Cambios centrales
El Decreto concerniente establece también la disolución del Fondo de Promoción de las Políticas de Prevención de la Violencia Armada (FPVA) creado por el artículo 14 de la Ley N° 27.192 en el ámbito de la ANMaC. Por ende, implica que el financiamiento de las políticas públicas orientadas a la prevención de la violencia armada será afrontado por los recursos asignados al Ministerio de Bullrich.
“Aranceles y tasas. El MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL establecerá aranceles y tasas equitativas para atender los servicios administrativos y técnicos que preste el REGISTRO NACIONAL DE ARMAS de conformidad con las disposiciones de la presente ley y su reglamentación”, reza el documento.
En términos de la misión, el RENAR deberá aplicar, controlar y fiscalizar la Ley Nacional de Armas y Explosivos N° 20.429 y sus normas complementarias y modificatorias y demás normativa de aplicación. Asimismo, deberá cooperar con las áreas pertinentes del Ministerio para “el desarrollo de una política criminal en la materia, y en el desarrollo e implementación de políticas de prevención de la violencia armada”.
En materia de empleo, el Decreto deja en claro que todo movimiento de personal tendrá que tener la aprobación previa de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. No obstante, aclara que se, pese a la transformación, se mantendrá el personal con sus cargos, su situación de revista y las unidades organizativas vigentes
Cuestionamientos
Más allá del rediseño formal, la medida suscita interrogantes. Por un lado, y si bien el Decreto aclara que la transformación “no resiente el cumplimiento de las funciones esenciales que le fueran asignadas”, cabe preguntarse si los cambios impactarán en la capacidad de fiscalización del Estado en un área tan sensible como el control de materiales regulados.
En paralelo, el traspaso marca un giro en la institucionalidad del control de armas, con posibles efectos tanto en el plano operativo como en la relación entre políticas de seguridad y derechos civiles. Esto lleva a cuestionarse si se preservará la especialización técnica y la autonomía en decisiones que históricamente caracterizaron al organismo.
Lo cierto es que, en un contexto de reconfiguración estatal, el ahora RENAR merece un seguimiento especial. No solo por lo que implica en términos de gestión pública, sino por cómo se reinterpreta el rol del Estado frente a desafíos tan amplios como éstos, que combinan seguridad, regulación y prevención.
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