En los últimos meses, el Gobierno Nacional ha estado impulsando una serie de cambios y reformas, en la cartera de seguridad, a cargo de Patricia Bullrich. El Ministerio de Seguridad Nacional ha desplegado una reforma integral, con la reconfiguración de los sistemas de seguridad federales del país. El nuevo enfoque y paradigma combina nuevas estrategias contra el crimen organizado, el control migratorio y los crímenes transfronterizos, donde la centralización operativa, la profesionalización de los agentes y la modernización resultan clave.
Entre los principales cambios y reformas, se destacan los giros y aumentos de partidas presupuestarias para Seguridad y Defensa; las investigaciones patrimoniales; las nuevas licitaciones para municiones; la creación del Departamento Federal de Investigaciones; la reforma integral en la Policía Federal Argentina (PFA) con un nuevo estatuto; la reforma en la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA); la restauración del Registro Nacional de Armas (RENAR), en reemplazo de la ANMaC; el aumento de los controles contra el crimen transnacional, a través del despliegue de agentes y Fuerzas Armadas en la Triple Frontera, entre tantos otros.
Desde su llegada al poder, el Gobierno de Javier Milei ha realzado la importancia que tiene, dentro su gestión, la seguridad nacional, realizando grandes inversiones en dicha cartera e instaurando severas modificaciones y cambios, como algunos de los mencionados, que buscan mejorar su funcionamiento y optimizar los recursos públicos, en pos de garantizar la seguridad y el orden público.
Giro presupuestario hacia Seguridad
Mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº42572025, el Poder Ejecutivo amplío las partidas presupuestarias de Seguridad, a cargo de Bullrich, y Defensa, a cargo de Luis Petri, en medio de un tenso escenario signado por la prórroga del Presupuesto 2023 y la falta de acuerdo legislativo al respecto. El aumento de las partidas presupuestarias prioriza el reequipamiento de las Fuerzas de Seguridad y las Fuerzas Armadas, que el Ejecutivo concibe como una necesidad, dado que la cartera de seguridad debe tiene que “optimizar la capacidad operativa de la Policía Federal Argentina (PFA)” para reforzar la lucha contra el crimen organizado.
En este sentido, es menester reconocer que el Gobierno Nacional ha puesto el foco en la importancia de la Seguridad Nacional, precisamente contra las organizaciones criminales internacionales, el control migratorio y la militarización de las fronteras. Por ello, el refuerzo presupuestario busca modernizar las capacidades actuales de las Fuerzas y especialmente, responder a la creciente demanda de seguridad que se produce en todo el territorio nacional.
Investigaciones patrimoniales
A través de la Resolución 777/2025, el Ministerio de Seguridad Nacional instruye a las Fuerzas Federales a proponer la realización de investigaciones patrimoniales y financieras paralelas a las causas penales principales, ante la Justicia. Esta nueva medida del Poder Ejecutivo, que se produce en medio del endurecimiento discursivo del Gobierno frente al crimen organizado, busca reforzar la trazabilidad del dinero ilícito en causas de narcotráfico, lavado de activos, evasión tributaria y financiamiento del terrorismo.
De hecho, la Resolución 777/2025 tiene el objetivo de desarticular las estructuras económicas del crimen organizado transnacional, en concordancia con las recomendaciones del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), del cual el país forma parte, y los compromisos internacionales. La normativa tiene, incluso, un enfoque específico en delitos complejos, donde la corrupción, la trata, el contrabando y el financiamiento del terrorismo están incluídos como delitos prioritarios.
La medida ordena, además, la creación y el establecimiento de reportes mensuales internos, a partir de los cuales las Fuerzas Federales deberán reportar, de manera mensual, sus avances a la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada. Precisamente, se solicitarán reportes sobre el volumen de investigaciones realizadas.
Licitaciones para municiones
En esta serie de reformas y cambios en el ámbito de la seguridad, el Ministerio dirigido por Patricia Bullrich, lanzó, la semana pasada, una licitación pública para la adquisición de municiones, que serán destinadas a las Fuerzas Policiales y de Seguridad. La Licitación Pública 0013/2025, forma parte de un plan de reequipamiento que tiene la cartera de seguridad, para garantizar la operatividad de las Fuerzas, en el marco de sus funciones diarias y operaciones especiales, donde las exigencias operativas demandan mayores capacidades y equipamiento. Este programa contempla la mejora y la modernización de las Fuerzas Federales y en su defecto, de sus capacidades.
Vinculada con esta medida, el Gobierno también había oficializado, hace tiempo atrás, la entrega de armas de fuego, decomisadas, a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, para reforzar el equipamiento de las mismas, en su lucha contra el crimen organizado, evitando que el armamento incautado quede en desuso.
Creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) y reforma en el Polícia Federal Argentina (PFA)
En el marco de esta serie de reformas integrales de seguridad, es menester resaltar la creación del Departamento Federal de Investigaciones o popularmente conocido como “FBI Argentino”. Esta entidad, inspirada en el modelo estadounidense y brasileño, trabajara bajo la órbita y la estructura de la Policía Federal Argentina, y se enfocará, precisamente, en los delitos federales más complejos, como el terrorismo, el narcotráfico, los ciberdelitos y el crimen financiero.
Según lo que se pudo conocer hasta ahora, el DFI contará con agentes especializados, patrullaje especial y capacidad de detención, sin la necesidad de contar con orden judicial en casos de flagrancia o “si existiesen circunstancias debidamente fundadas”, punto que ya ha sido criticado por la opinión pública y los expertos en la materia.
La creación del DFI estuvo acompañada de una reforma integral en la Policía Federal Argentina (PFA), donde a través del Decreto 383/2025 se estableció un nuevo estatuto para la Fuerza, que impone un cambio en el enfoque, misión y competencias de la misma. A partir de ahora, la PFA se enfocará en delitos federales y complejos, abandonando las responsabilidades de seguridad local y eliminando sus funciones de seguridad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
De hecho, en el Decreto Nº383 el Gobierno Nacional busca actualizar las misiones de la PFA, modificar su estructura, cambiar y reorientar su sistema de recursos humanos e iniciar un proceso de fortalecimiento de sus capacidades. Con esta modificación, el nuevo enfoque y misión de la PFA es prevenir, detectar e investigar delitos federales y complejos, así como también colaborar en la desarticulación de organizaciones criminales.
En materia de estructura, se realizará una reorganización para reducir la Fuerza y hacerla “más eficiente”. Además, se impulsará un programa especial para la incorporación de universitarios ya graduados, similar a modelos de agencias internacionales, como el FBI estadounidense. Sin embargo, la reducción progresiva del personal y la reasignación de funciones podrían implicar tensiones internas y ajustes estructurales en el corto plazo.
Cambios en la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA)
Los cambios y las reformas también están por llegar al ámbito de la PSA, que se especializa en la seguridad aeroportuaria. En el marco de una reestructuración integral del sistema federal de Seguridad, el Gobierno Nacional tendría previsto dictar, próximamente, un decreto que modificaría integralmente la Ley N° 26.102, que regula el funcionamiento de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Según la información a la que pudo acceder El Estratégico, el decreto buscaría redefinir la misión de la PSA, concebida, a partir de ahora, como una fuerza especializada en la seguridad del transporte. La PSA pasaría a consolidarse como la autoridad superior en materia de seguridad aeroportuaria del Sistema Nacional de Aeropuertos, con intervención directa en delitos complejos como terrorismo, narcotráfico y contrabando.
A la vez, se sumarían funciones ampliadas, como la prevención e investigación de delitos en espacios públicos digitales sin orden judicial previa (redes sociales abiertas, sitios públicos), bajo resguardo de derechos fundamentales, o la supervisión integral de cargas, pasajeros, aeronaves y terminales ante situaciones críticas (apoderamientos ilícitos, sabotajes, amenazas de bomba). Además, se destaca que la PSA podría brindar otros servicios de seguridad interior, a requerimiento y pedido del Poder Ejecutivo Nacional, y asumir la responsabilidad primaria de la seguridad en el transporte, ampliando sus competencias para terminales de trenes, colectivos y desde ya, aeropuertos.
El decreto también introduciría cambios en materia de estructura jerárquica, funciones, régimen de formación, beneficios previsionales y sistema de control disciplinario, entre otras cuestiones. De avanzar con la reforma, ella significaría no sólo una jerarquización técnica y profesional de la PSA, sino también una mayor alineación con estándares internacionales en seguridad de la aviación civil.
Acuerdo regional contra el crimen transnacional en la Triple Frontera
En el marco de las crecientes advertencias por las amenazas a la seguridad nacional, ante la supuesta presencia de células de Hezbolá en las fronteras y especialmente, en la Triple Frontera, la Argentina anunció un acuerdo regional, con Paraguay y Brasil, para blindar, en conjunto, la Triple Frontera. Este acuerdo supone una actualización del “Acuerdo Interministerial de Cooperación Policial del Comando Tripartito de la Triple Frontera”.
El acuerdo busca fortalecer los mecanismos actuales de seguridad entre los tres países, blindar la zona de la frontera, de valuable interés estratégico para las redes de crimen organizado, y coordinar operativos conjuntos. El objetivo del acuerdo tripartito es impulsar la coordinación multilateral para prevenir y desarmar este tipo de redes. Cabe recordar, al respecto, que la Argentina ya había estado desplegando una serie de operaciones y mecanismos de control migratorio, de manera unilateral, en pos de combatir y reforzar su lucha contra el crimen organizado y los delitos transfronterizos, que azotan al territorio nacional, a través del despliegue de Fuerzas de Seguridad y Fuerzas Armadas, que ha sido duramente criticado y cuestionado en el ámbito doméstico.
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