En el marco del Informe N.º 143 que la Jefatura de Gabinete presentó ante el Congreso, el Ministerio de Defensa ratificó el carácter reservado de la Operación Roca, una iniciativa de vigilancia y control en zonas fronterizas bajo conducción del Comando de Operaciones Conjuntas de las Fuerzas Armadas. La Operación ha sido ampliamente controversial, donde múltiples sectores de la sociedad civil cuestionaron el accionar de las Fuerzas Armadas frente a la población.
Las respuestas del Gobierno, con respaldo normativo en decretos, leyes de defensa y seguridad, incluye el debate del papel de los militares en la seguridad interior y los mecanismos de control político sobre planes estratégicos. Sin embargo, también mantuvo sus recaudos y confidencialidad.
Sobre la transparencia de la Operación Roca
El informe gubernamental buscó destacar el carácter de secretismo de la Operación, debido a que el planeamiento estratégico militar llevado a cabo por el Comando de Operaciones Conjuntas de las Fuerzas Armadas “tiene clasificación de seguridad, como toda operación militar. Las reglas de empeñamiento, como parte integral de ese plan, también están clasificadas, ya que son un anexo al plan de operaciones”. El informe enfatiza en que esta información no puede ser pública, “puesto que de otra manera se atentaría contra la eficiencia de las operaciones y contra la seguridad del personal interviniente”.
Asimismo, el Gobierno justificó este carácter secreto del planeamiento militar invocando el Decreto 9390/63, que define como “secreto militar” toda información que pueda comprometer la seguridad nacional. En ese marco, las reglas de empeñamiento (es decir, el protocolo de actuación de los efectivos en terreno) están clasificadas como anexos del plan de operaciones, lo que impide su conocimiento por parte de la ciudadanía o del Congreso más allá de las comisiones especializadas.
El informe destaca también que esta reserva no es nueva. Recuerda la Operación Escudo Norte del año 2011, donde los despliegues en frontera han replicado el mismo esquema de confidencialidad. La novedad que aporta Operación Roca es su encuadre explícito en un plexo normativo mucho más amplio, que incluye desde la Constitución Nacional hasta decretos recientes como el 1112/24.
Marco legal y jurídico, según el Gobierno
En palabras del Gobierno, el Plan de la Operación Roca se encuadra plenamente dentro de las categorías previstas en el Anexo II del Decreto 9390/63 (Enumeración Taxativa), particularmente, cuando resulten de importancia fundamental para la preparación y empleo de las Fuerzas Armadas, tales como:
- Los planes de las Fuerzas Armadas y datos atinentes a sus reservas.
- Estudios, reconocimientos, proyectos, ejercicios, maniobras de las Fuerzas Armadas.
- Organización, distribución, composición, funcionamiento, efectivos, armamento, material y dotación de los comandos, unidades, bases, aeródromos, aeropuertos, organismos, destacamentos, fábricas militares, arsenales, polvorines y servicios de las Fuerzas Armadas.
- Movimiento y transporte de tropas, material y ganado de las Fuerzas Armadas, cuando los mismos se realicen para participar en operaciones probables o inminentes.
Por ende, resalta que la planificación de la Operación está sustentada en diversas normas. Entre ellas, cita a la Constitución Nacional (Art 75, inc. 27), la Ley de Defensa Nacional, 24.554 (Art. 5) y la Ley de Ministerios 22.520 (Art. 19, inc. 20). Asimismo, suma la Ley de Seguridad Interior 24.059 (Ar.t 27), la Ley de Inteligencia Nacional 25.520 (Art. 2, inc. 4) y los decretos 1112/24, Decreto Ley 15.385/44. Por último, cita la Directiva de Política de Defensa Nacional (Decreto 457/2021) como marco de actuación vigente.
Medidas necesarias en pos de combatir los delitos federales en la frontera
Es posible observar que el documento oficial intenta disipar críticas. Por un lado, sostiene que la operación no implica una reasignación presupuestaria que afecte otras misiones de las Fuerzas Armadas, ni requiere cambios en los mecanismos de control político ya existentes. En paralelo, destaca que la conducción operativa sigue en manos del Estado Mayor Conjunto, bajo supervisión del Ministerio de Defensa.
En este contexto, afirma que tanto la portación de armas de fuego como la posibilidad de realizar la aprehensión de personas cometiendo delitos en flagrancia tienen sustento jurídico. Y si bien el personal militar no sustituirá a las fuerzas de seguridad en estos espacios, reconoce que los militares podrán aprehender personas en flagrancia y portar armas, sustentándose en el Código Procesal Penal y el Código Penal
“Es importante aclarar que no debe confundirse el propósito de la Operación Roca con fiscalizar u operar el sistema de pasos internacionales ni sustituir al personal que los controla. En los pasos habilitados y en las áreas urbanas de la frontera seguirán operando, como lo han hecho hasta ahora, las Fuerzas de Seguridad, las Fuerzas Policiales y demás organismos como migraciones, aduanas o la ARCA. Por el contrario, la intervención de las Fuerzas Armadas se concentrará en las zonas de seguridad de frontera donde no existe presencia del Estado y será allí donde se desarrollarán tareas de vigilancia y control”, resalta contundente el informe.
El cuidado de la frontera: prioridad gubernamental
En consonancia con lo anteriormente expuesto, el Gobierno nacional destacó que la Operación Roca no se concibió en respuesta a un incidente o hecho en particular, “sino en cumplimiento de la misión principal y secundaria de las Fuerzas Armadas”. Por ello su accionar no solo es legítimo y documentado, sino que su ejecución no implica la reducción de presupuestos para otras operaciones y misiones fuerzas.
Y es que en un contexto de tensiones institucionales y rediseños doctrinarios, la Operación Roca reabre el debate sobre qué fronteras, físicas y legales, debe cruzar o está cruzando el aparato de defensa para garantizar la seguridad del Estado sin erosionar los principios del sistema democrático. Por ello, el Ministerio de Seguridad buscó demostrar en el informe los grandes avances realizados hasta el momento gracias a este tipo de operaciones.
Con la puesta en marcha del “Plan Güemes”, por ejemplo, el Gobierno informa que se obtuvieron múltiples resultados, según datos de la Dirección Nacional de Estadística Criminal. Entre ellos, que las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales ejecutaron 7.288 intervenciones para la prevención del delito o como respuesta ante el delito, y que participaron de importantes decomisos de mercadería ilegal. Destaca que se incautaron 1.453,76 kg de cocaína, 293,92 kg de marihuana, y 47.894,15 kg de hojas de coca.
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