Bajo el Decreto 424/2025, el presidente argentino, Javier Milei, vetó en su totalidad el proyecto de ley que declaraba la emergencia en Bahía Blanca y creaba un fondo para la reconstrucción. En sus palabras, las medidas ya están implementadas, además de que el Congreso omitió definir fuentes de financiamiento.
Se trata de una decisión que vuelve a poner bajo la lupa los márgenes de acción entre el Congreso y el Ejecutivo, y las tensiones existentes entre los bloques. El Proyecto de Ley N.º 27.790 había sido sancionado el 4 de junio por ambas cámaras, y declaraba la emergencia y catástrofe en parte de la provincia de Buenos Aires —especialmente Bahía Blanca y Coronel Rosales—.
La medida proponía la creación de un fondo especial de $200.000 millones y establecía mecanismos de asistencia, condonación impositiva y financiamiento para la reconstrucción habitacional y productiva. Sin embargo, el Ejecutivo argumentó que esas acciones ya están siendo ejecutadas desde marzo a través del “Suplemento Único para la Reconstrucción (S.U.R.)”, con un alcance del 85,4 % en los pagos realizados hasta el momento.
Para Milei, la duplicación de esfuerzos y la ausencia de asignación presupuestaria explícita hacen inviable la entrada en vigencia de la ley, porque tampoco tiene sustentos. “La razonabilidad es un requisito esencial de legitimidad que deben observar todos los actos de los poderes públicos, entre cuyas manifestaciones se exige la fundamentación suficiente de la decisión que se adopte para justificar su dictado y los medios para alcanzarla”, afirma.
Además, cuestiona la inclusión de zonas no alcanzadas por los relevamientos técnicos —como Coronel Rosales— y se cita como fuente de financiamiento parcial el préstamo contingente del BID activado por el temporal del 7 de marzo. Pero el conflicto pone en primer plano el control político de las emergencias y el debate sobre cómo racionalizar los recursos, lo que la oposición considera que no se está llevando a cabo correctamente.
Las medidas gubernamentales impulsadas para dar soluciones a Bahía Blanca
Cabe recordar que el gobierno creó por decreto la Agencia Federal de Emergencias (AFE) a través del Decreto 225/2025, con el objetivo de dar respuesta ante situaciones críticas y de desastres naturales en el país. La medida se enmarcó en fenómenos que, simultáneamente, azotaron al país: la inundación de Bahía Blanca y San Miguel de Tucumán, y los incendios forestales en la Patagonia.
En este contexto, la AFE es la encargada de responder a desastres naturales, coordinar los esfuerzos y actuar post crisis. Trabaja en colaboración obligatoria con la Dirección de Lucha contra Incendios Forestales y Emergencias de la Administración de Parques Nacionales, y depende del Ministerio de Seguridad Nacional.
Además, la cartera de Seguridad, dirigida por Bullrich oficializó en el Boletín Oficial la Resolución 532/2025 en marzo, donde reglamentó las normas complementarias para la implementación del Suplemento Único para la Reconstrucción (S.U.R.). Esta compensación económica fue dirigida a los damnificados por las inundaciones en la ciudad de Bahía Blanca por la urgencia y gravedad de los daños en consecuencia del temporal.
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