El senador salteño por Santa Victoria, Luis Altamirano, denunció recientemente en la Justicia Federal que en el paso fronterizo entre las localidades de Mecoyita (Argentina) y Mecoya (Bolivia) se está cobrando un “peaje ilegal”, denunciando el accionar como “violento e ilegítimo”. La declaración de Altamirano destaca que un grupo desconocido instaló portones y comenzó a cobrar arbitrariamente el ingreso y egreso de vehículos y personas entre las localidades mencionadas.
Para el senador provincial, la situación afecta especialmente a comunidades originarias que utilizan ese corredor ancestral desde hace generaciones. “No se trata de un paso formalmente habilitado, sino de un corredor natural, cultural, cuya existencia antecede a la conformación de los Estados nacionales. Lamentablemente se ha consolidado un grupo que, de manera arbitraria, empezó a cobrar el ingreso y la salida de los vehículos de la zona”, afirmó.
¿Estado ausente?
La denuncia de Altamirano destaca que un grupo –descrito como “hostil” y “violento”– se ha apropiado del camino, colocando portones y cobrando un “peaje ilegal” para el paso de vehículos y personas. Por esa razón, el senador presentó en el Juzgado Federal de Orán una denuncia penal solicitando el fin inmediato del cobro ilegal, la intervención del Ministerio Público Fiscal y el restablecimiento del tránsito libre para las comunidades locales de ambos lados de la frontera.
“El cobro arbitrario vulnera derechos fundamentales y la soberanía argentina de facto”, afirmó Altamirano, añadiendo que el Estado provincial y nacional permanecen “ausentes” frente a este conflicto que ya expone a los pobladores a posibles actos violentos. Además, subrayó tajante que la problemática “permanece ausente de la agenda pública y mediática probablemente por la ubicación geográfica remota, sin embargo no puede desatenderse”.
Según el senador provincial, alrededor de 600 personas dependen de este paso para acceder a insumos básicos, mercados y a servicios. Este “corte arbitrario” del camino compromete la seguridad alimentaria y cultural de estas poblaciones, ya que el lugar quedó convertido en un territorio controlado por particulares, lo que representa una alteración grave del ejercicio de soberanía nacional sobre una franja fronteriza.
Un corredor convertido en disputa
El caso de Mecoyita-Mecoya trasciende el tema local, ya que pone en evidencia cómo espacios históricos de integración pueden volverse focos de conflicto y cuestiona la capacidad del Estado para garantizar el libre tránsito y soberanía en zonas de frontera. Pero la situación se enmarca en un escenario más amplio, marcado por la creciente lucha contra el narcotráfico, el contrabando y trata de personas.
El control de pasos no habilitados es clave para evitar la profundización de estas problemáticas, más aún luego de las tensiones con Bolivia por las “medidas unilaterales” adoptadas por el Gobierno argentino, como el establecimiento de cercos perimetrales sin consenso bilateral.
Por ahora, se espera que la Justicia Federal de Orán evalúe la denuncia y pueda ordenar medidas cautelares, como la remoción de portones y la liberación del paso. Además, se estima que intervendrán las autoridades nacionales y provinciales, particularmente los Ministerios de Seguridad y de Fronteras, y la Gendarmería.
Además, para las comunidades originarias, no se trata solo de un camino físico, sino de un vínculo ancestral amenazado por intereses privados. Altamirano resaltó que, lejos de haberse pacificado, el lugar se ha transformado en una zona de conflicto y que esto “no puede naturalizarse”. “La convivencia pacífica, el respeto por los derechos humanos y la defensa de nuestra soberanía territorial exige una respuesta inmediata en Mecoyita”, concluyó.
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