El Gobierno nacional aprobó un acuerdo de financiamiento con la Corporación Andina de Fomento (CAF) para fortalecer la asistencia alimentaria a familias vulnerables. En el marco del Decreto 421/2025, el nuevo contrato de préstamo será por un monto de hasta 300 millones de dólares destinados a financiar la segunda fase del Programa de Apoyo a la Prestación Alimentar, con el objetivo de garantizar el acceso a la alimentación de familias en situación de vulnerabilidad social.
El acuerdo aprobado contempla dos grandes componentes. Por un lado, tal y como fue mencionado, el apoyo presupuestario al programa Alimentar. Por el otro, a gastos que complementan la operatividad y ejecución del plan. La totalidad del préstamo fue aprobada ya que el contrato incluye condiciones financieras “adecuadas”, según la evaluación realizada por la Oficina Nacional de Crédito Público. Así, el Gobierno de Milei se aseguró de que no generara un impacto significativo en la balanza de pagos, de acuerdo al análisis del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Puesta a prueba
Según el Decreto, el organismo ejecutor del programa será el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, responsable de la implementación sustantiva. En paralelo, la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa estará a cargo de la administración financiera y contable del préstamo.
En simultáneo, el Decreto faculta al Ministro de Economía o funcionarios designados a suscribir el contrato y sus modificaciones, siempre que no impliquen cambios sustanciales en el destino de los fondos ni aumenten el monto acordado.
Contexto de la medida
La aprobación del nuevo préstamo con el CAF se enmarca en un contexto de ampliación de la Prestación Alimentar, un instrumento clave del Plan Nacional “Argentina contra el Hambre”. A través de la Resolución 636/2024 del Ministerio de Capital Humano, se extendió el rango etario de los beneficiarios, pasando de los 14 a los 17 años de edad.
Esta medida busca alcanzar a un mayor número de adolescentes y sus familias, reforzando el compromiso del Estado con la seguridad alimentaria. En conjunto, hacen frente a un esfuerzo más amplio para reducir los índices de pobreza e indigencia en el país.
Por ende, el financiamiento externo se considera una herramienta clave para sostener políticas públicas de impacto social mientras se intenta contener el frente fiscal. El decreto fue firmado por el presidente Javier Milei, junto al ministro del Interior Guillermo Francos y el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona en carácter de encargado del despacho.
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