El Decreto 383/2025, que oficializa el nuevo estatuto de la Policía Federal Argentina (PFA), fue presentado efusivamente desde el Gobierno nacional como parte del plan de modernización impulsado por el Ministerio de Seguridad. Inspirado en organismos como el FBI estadounidense o la Policía Federal de Brasil, el nuevo marco busca transformar a la PFA en una fuerza de élite orientada exclusivamente a la investigación de delitos federales y complejos.
Sin embargo, más allá de las intenciones declaradas, el decreto encendió alarmas tanto por sus debilidades jurídicas y constitucionales como por un creciente malestar dentro de la propia fuerza. Uno de los puntos más sensibles del nuevo estatuto es la habilitación a la PFA para realizar detenciones y requisas sin orden judicial ante “presunción fundada” de delito. Esta cláusula podría violar el principio de legalidad y el derecho a la defensa consagrados en la Constitución Nacional.
A su vez, la posibilidad de que la policía actúe con autonomía frente al Poder Judicial —iniciando investigaciones, allanamientos y recolección de pruebas— desdibuja la línea divisoria entre funciones policiales y judiciales. Juristas advierten que este esquema entra en tensión directa con la Ley 24.059 de Seguridad Interior, y abre la puerta a escenarios de arbitrariedad y abuso de poder. Además, la inclusión de los “ciberpatrullajes” sin orden judicial reaviva el debate sobre privacidad y libertades individuales, sin marcos normativos que regulen estas tareas de vigilancia digital.
Los costos ocultos del nuevo Estatuto
El rediseño de la PFA como fuerza de inteligencia requiere de una estructura acorde: tecnología, logística, formación profesional y coordinación con otras agencias. Pero desde adentro de la fuerza, las críticas apuntan a la precariedad operativa con la que se intenta aplicar la medida.
Según pudo saber El Estratégico, existe un profundo malestar por la falta de presupuesto, el recorte en escuelas de formación y la intervención directa del Ministerio de Seguridad en todos los aspectos operativos, incluidos ascensos, sanciones y reingresos de personal retirado. Principalmente, por la injerencia directa de la cartera en la operatividad de la fuerza.
Estas modificaciones presupuestarias chocan contra la realidad del personal de la fuerza, como la situación que acarrea la obra social de los efectivos provinciales. Se ha confirmado que la misma no solo está en crisis, sino que posee deudas enormes y cuenta, cada vez más, con menos prestaciones. El temor por quedarse sin cobertura médica es, para el personal, un desafío constante.
La falta de garantías constitucionales
Uno de los puntos más objetados por el personal es que la reforma fue lanzada por Decreto, sin pasar por el Congreso ni recibir validación legislativa. Esta modalidad implica que todas las facultades excepcionales delegadas a la policía —como requisar sin orden judicial o intervenir propiedades privadas— pueden ser judicializadas a futuro.
Desde la fuerza, se advierte sobre el peligro y la debilidad de varias de estas acciones ahora avaladas por el Poder Ejecutivo, principalmente porque no contarán con los controles necesarios. Esto puede llevar a que los responsables civil y penalmente sean los ejecutores, es decir, los policías, quedando desprotegidos jurídicamente.
El desacuerdo también recae en que, en caso de que los policías sean juzgados por su accionar, tengan que enfrentarse a juicios directos contra su persona por la falta de garantía política. A grandes rasgos, consideran que existe una grave falta de aval parlamentario, lo que podría dar paso a que sectores del poder político utilicen a la fuerza para realizar tareas como herramienta de presión.
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