El Decreto 383/2025, que oficializa el nuevo estatuto de la Policía Federal Argentina (PFA), fue presentado por el Gobierno como un paso hacia la modernización y profesionalización de la fuerza. Inspirado en modelos como el FBI estadounidense y la Policía Federal de Brasil, el nuevo marco redefine la misión de la PFA y la orienta a la investigación de delitos federales y complejos.
Sumada a esta noticia, el pasado martes se anunció desde la cartera la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), bautizado informalmente como el “FBI argentino”. Según se pudo conocer se encargará de los delitos federales más complejos.
Sin embargo, detrás del discurso de eficiencia y combate al crimen organizado, el Decreto 383 presenta una serie de puntos débiles desde el punto de vista jurídico, constitucional y operativo.
Falencias jurídicas y constitucionales
Por un lado, el nuevo estatuto habilita detenciones y requisas sin orden judicial en casos de “presunción fundada” de delito. Esto podría resultar en la violación del debido proceso, ya que la ampliación de facultades podría vulnerar el derecho a la defensa y el principio de legalidad, pilares del Estado de derecho.
En simultáneo, se observa que la extensión de facultades judiciales permitirá que la policía actúe sin requerimiento previo del Poder Judicial. Para muchos, esto desdibuja la separación de poderes, considerando que la PFA podría iniciar investigaciones, recabar pruebas y realizar allanamientos con una autonomía que tradicionalmente corresponde a jueces y fiscales.
En simultáneo, se critica la discrecionalidad otorgada a los agentes, lo que podría ser un riesgo sobre la arbitrariedad de los casos a analizar. A ello se suma la falta de protocolos claros, lo que podría abrir la puerta a prácticas abusivas, junto a la posibilidad de realizar “ciberpatrullajes” sin control judicial, que también genera preocupación en términos de privacidad y libertad de expresión.
El simultáneo, personalidades del sector consideran que el nuevo estatuto podría entrar en tensión con la Ley 24.059, que establece límites precisos a la actuación de las fuerzas federales. La redefinición de la PFA como garante de la “seguridad nacional” podría habilitar intervenciones fuera de su competencia original.
¿Debilidades operativas?
Otras críticas a la reciente medida recaen en la falta de recursos y capacitación a la que se enfrentan las fuerzas. Puntualmente, porque la reconversión de la PFA en una fuerza de élite requiere inversión en tecnología, formación especializada y personal calificado. Sin un plan presupuestario robusto, el riesgo es que la reforma quede en el plano declarativo.
Además, la ampliación de facultades sin mecanismos de control efectivos puede derivar en prácticas discrecionales, extorsión o uso político de la fuerza, por lo que la rendición de cuentas es crucial. Esta autonomía operativa puede promover una percepción errónea de que la policía posee “licencia para actuar” sin controles, erosionando la confianza ciudadana.
Por último, los cuestionamientos recaen en que la implementación del DFI y la nueva estructura de la PFA requerirá una coordinación fluida con el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal y otras agencias. Por este motivo, se critica que deben existir claros de cooperación para evitar la superposición de funciones puede generar conflictos y entorpecer investigaciones
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