En los últimos días, la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) ha estado en el centro del debate público tras la filtración de un supuesto Plan de Inteligencia Nacional. Este documento, revelado por el periodista Hugo Alconada Mon, habría detallado objetivos estratégicos de los servicios de inteligencia argentinos, incluyendo la vigilancia de políticos, periodistas, economistas y movimientos sociales.
Si bien el Gobierno nacional ha desmentido estos objetivos alternativos, la polémica en torno a la SIDE y su accionar continúa en auge. Principalmente, porque trascendió una orden directa y secreta, firmada por el director general de Operaciones de la SIDE, Diego Kravetz, de enero de este año, que aplica el Plan
Lo que se conoce sobre el Plan
La revelación del presunto Plan de Inteligencia Nacional ha puesto en cuestión el grado de transparencia en el manejo de la SIDE. Supuestamente, contemplaría la recopilación de información sobre diversos actores de la vida pública sin requerir justificación ni rendición de cuentas.
Este último punto ha generado preocupación en sectores políticos y periodísticos sobre posibles riesgos para la privacidad y las libertades civiles. No obstante, el Ejecutivo emitió un comunicado negando estos objetivos puntuales.
Fuentes gubernamentales han señalado que la filtración podría haber surgido desde la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Actividades de Inteligencia, lo que desató sospechas sobre posibles luchas internas dentro del propio aparato estatal.
El comunicado oficial de la Oficina del Presidente destaca que el Plan de Inteligencia Nacional es “un documento secreto que establece los lineamientos del Sistema de Inteligencia para promover los intereses estratégicos de la Argentina. Al mismo solo tienen acceso el Presidente, la Secretaría de Inteligencia y la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia del Congreso de la Nación”.
Funciones y cambios en la actualidad
Más allá de la controversia actual, el rol de la SIDE ha sido objeto de investigaciones en el pasado. Las gestiones de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani durante el gobierno de Mauricio Macri aún enfrentan causas judiciales.
Desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei, el organismo ha experimentado cambios que la acercan a su estructura histórica. La agencia retomó su nombre original y permitió la influencia de figuras reconocidas en el ámbito.
En medio de estos cambios, el Gobierno impulsó una partida presupuestaria de 100 millones de dólares destinada a la SIDE, lo que generó controversia. No obstante, la propuesta fue rechazada en el Congreso, incluso por sectores aliados al oficialismo. En la actualidad, permanece la incertidumbre sobre los verdaderos alcances de la política de inteligencia.
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