A través del Decreto 336/2025, publicado el día de ayer en el Boletín Oficial, el Gobierno Nacional oficializó la reforma migratoria, anunciada previamente, y Patricia Bullrich, Ministra de Seguridad Nacional y parte del Gabinete del Presidente Javier Milei, se pronunció al respecto. El Gobierno Nacional modificó la Ley Nº25.871 (Ley de Migraciones), que regula la política migratoria argentina, como ya había sido anunciado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en vísperas de las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires (CABA).
Por lo que, la política migratoria argentina se endurecerá, a partir de una serie de modificaciones. Las cuales incluyen mayores controles fronterizos, la regularización de los inmigrantes irregulares en territorio argentino, el endurecimiento de las deportaciones, nuevos requisitos para el ingreso al país, la permanencia y el acceso a la ciudadanía argentina, como así también el arancelamiento de los servicios públicos, principalmente de la salud y la educación.
La medida busca promover un mejor control de la inmigración, impidiendo la entrada irregular al país de aquellas personas que no cumplan con los nuevos requisitos dispuestos por las autoridades nacionales. El Decreto resalta que “las modificaciones que se impulsan se orientan a asegurar que la regularidad y el cumplimiento de las exigencias mínimas para ingresar y permanecer en el país no sean meras declaraciones, sino que sean efectivamente respetadas por quienes decidan ingresar y permanecer en nuestro territorio”. En esta misma línea, se ha decidido modificar los requisitos de solicitud de la ciudadanía argentina, en función de “mejorar las medidas de seguridad y prevenir todo riesgo de utilización abusiva de la misma”.
En materia del acceso al servicio sanitario nacional, el cambio implica el establecimiento del cobro de un arancel por el acceso al mismo. Sin embargo, se destaca que “en casos de emergencia, no podrá negársele ni restringírsele el acceso a la asistencia social o a la atención sanitaria a todos los extranjeros que lo requieran, cualquiera sea su situación migratoria”. También se introdujo como requisito para el ingreso al territorio nacional la presentación de una constancia de un seguro médico de salud. El acceso al sistema de educación pública también fue objeto de modificación, dado que el Decreto propone que los extranjeros que quieran cursar sus estudios universitarios en el país realicen un aporte al Sistema Universitario Nacional, mediante el pago de una retribución.
El Gobierno considera que “esta medida también permitirá una mejor utilización de los recursos públicos que, en lugar de destinarse a financiar la educación y la salud de los extranjeros que no prevén permanecer en nuestro territorio una vez completados sus estudios, se utilicen en mejorar la vida de los contribuyentes”.
La palabra de Patricia Bullrich
Con las modificaciones del Régimen Migratorio, el Gobierno busca facilitar la deportación de extranjeros que cometen delitos en el territorio argentino. Frente a ello, la Ministra de Seguridad Nacional, quien fue firmante del Decreto 336/2025, aseguró que el objetivo de la medida es permitir el ingreso de quienes vengan a aportar y no de delincuentes, apuntando fuertemente contra las anteriores administraciones gubernamentales, que permitían el ingreso de extranjeros e inmigrantes con antecedentes penales al país. El nuevo Régimen comenzó a regir desde la madrugada de este jueves, luego de que su modificación fuera publicada, a partir del Decreto.
La medida también introduce mayores controles fronterizos, ante las amenazas de seguridad que conciernen a la Argentina y la región del Cono Sur, y la regularización de los inmigrantes irregulares. La misma se enmarca dentro de la estrategia del Gobierno Nacional de reforzar la seguridad en las fronteras nacionales y combatir el crimen organizado, el narcotrafico y el terrorismo. Según indica el Decreto, el objetivo es regular el influjo migratorio y asegurar que los inmigrantes que arriben a la Argentina, lo hagan de manera legal y con propósitos legítimos, que deberán ser presentados ante las autoridades migratorias.
Al respecto, la Ministra de Seguridad sostuvo que, en la última década “ingresaron 1.700.000 personas que se quedaron a vivir”, recalcando que la intención del Gobierno es que quienes se queden a vivir en el territorio nacional tengan “la voluntad de hacer crecer al país, de trabajar”, no de delinquir y hacer uso del sistema de salud y educación pública. Bullrich resaltó la importancia de esta reforma, que se venía discutiendo desde hace más de un año y desde su perspectiva resultaba más que necesaria.
Desde el Gobierno, consideran que el cambio es integral y protege a los ciudadanos de la delincuencia extranjera y el uso abusivo de los sistemas públicos de salud y educación, sostenidos a través del pago de impuestos y haberes que realizan todos los argentinos. En este sentido, Bullrich mencionó que “si tributan acá, tienen el mismo derecho a la salud o educación que cualquier argentino. Si no tributa acá, y vive en cualquier otro país y viene a tratarse, tiene que pagar. Los argentinos pagamos la salud a través de los impuestos. Entonces, aquel que no paga tiene que aportar”.
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