En base al Decreto 366/2025 publicado este jueves en el Boletín Oficial, el gobierno nacional modificó la ley 25.871 que regula la política migratoria. Entre los múltiples cambios, se endurecerán las deportaciones y el acceso a la ciudadanía, así como también el arancelamiento del sistema sanitario y educativo.
La medida también establece mayores controles en las fronteras y regularización de la situación de inmigrantes, entre otros puntos. Entre los principales motivos que impulsan estas modificaciones, el Decreto reza que el país “se encuentra en un proceso de estabilización económica, luego de las crisis sufridas en años anteriores”.
En paralelo, destaca que la política migratoria debe ser ejecutada por el Estado Nacional “teniendo en especial consideración el bien común de los argentinos”. Por ende, el documento cuenta con las firmas del Javier Milei, Guillermo Francos, Gerardo Werthein, Luis Petri, Luis Andrés Caputo, Mariano Cúneo Libarona, Patricia Bullrich, Mario Iván Lugones, Sandra Pettovello y Federico Adolfo Sturzenegger.
Sobre el ingreso de los extranjeros al país
Entre las reformas, se ha establecido que los extranjeros deberán presentar una declaración jurada al ingresar al país, manifestando los motivos de su entrada. El decreto considera que es necesario “establecer que quienes soliciten la residencia permanente deban acreditar los medios suficientes para subsistir en nuestra Nación y la inexistencia de antecedentes penales”.
Este cambio se justifica en los artículos 29 y 62 de la Ley N° 25.871, que llevan “a que personas que hubieren delinquido, ya sea dentro o fuera de nuestro país, puedan habitar esta Nación sin obstáculo alguno, lo que pone en riesgo la seguridad de todos los ciudadanos argentinos y de los demás extranjeros que habitan o transitan en el país”. Por estos motivos, “corresponde endurecer los supuestos contemplados por los artículos 29 y 62, a fin de garantizar el orden público y la seguridad”.
Continuando con el ingreso al país, la norma resalta que debe establecerse cuándo corresponde el rechazo en frontera de extranjeros para “limitar los ingresos irregulares lo máximo posible”. Así, afirma que en ningún caso podrá ingresar por algún lugar que no se encuentre habilitado por la autoridad migratoria, con el objetivo de promover un mejor control de la inmigración e impedir que extranjeros entren ilegalmente al país.
“Las modificaciones que se impulsan se orientan a asegurar que la regularidad y el cumplimiento de las exigencias mínimas para ingresar y permanecer en el país no sean meras declaraciones, sino que sean efectivamente respetadas por quienes decidan ingresar y permanecer en nuestro territorio”, destaca el decreto.
Por último, afirma que los extranjeros deberán informar sobre la constitución de su domicilio. Tendrán “el deber de comunicar toda modificación y actualización de este, e incorporar la exigencia de denunciar un domicilio electrónico”.
Modificaciones en la obtención de la ciudadanía argentina
La nueva disposición destaca la importancia de “modificar los supuestos bajo los cuales se puede acceder a la ciudadanía argentina, a fin de mejorar las medidas de seguridad y prevenir todo riesgo de utilización abusiva de la misma”. Esta es otra de las modificaciones centrales para evitar la inmigración ilegal.
La normativa destaca que se asegurará el acceso a la ciudadanía “a aquellos que realicen una inversión relevante en el país”. Por ende, el Ministerio de Economía será el encargado de “determinar cuándo una inversión en el país califica, por su relevancia, como para acceder a la ciudadanía”.
“Con esta medida se incentivarán las inversiones y la generación de empleo en nuestro país, lo que acabará por beneficiar a todos los argentinos, y ayudará al crecimiento y a la reconstrucción de esta gran Nación”, destaca el documento. Por ello, se creará la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, con el fin de “evaluar las solicitudes de ciudadanía basadas en la realización de una inversión relevante en la República Argentina”.
Cambios en el acceso al sistema sanitario argentino
Otras de las cuestiones centrales que se redactan en el Decreto recae en el uso y acceso del sistema público de salud de la Argentina. si bien afirma que “en casos de emergencia, no podrá negársele ni restringírsele el acceso a la asistencia social o a la atención sanitaria a todos los extranjeros que lo requieran, cualquiera sea su situación migratoria”, recalca la importancia de que la asistencia habitual será con la presentación de un seguro de salud.
“Cabe hacer especial hincapié en otro de los principales sectores afectados por las prácticas migratorias abusivas, el sistema de salud público argentino […] Producto de las problemáticas que exhiben las políticas sanitarias en algunos países vecinos, se ha instalado como una práctica común que ciudadanos de dichos Estados acudan a la República Argentina con el único propósito de acceder al sistema de salud público de forma gratuita”, subraya la norma.
Además, afirma que, en reiteradas ocasiones, “esto llega a un extremo tal que los inmigrantes ingresan al territorio argentino, se dirigen directamente a los establecimientos sanitarios y, una vez recibida la atención procurada, vuelven inmediatamente a su país de origen”. Estas acciones son calificadas como “abusos del derecho”, ejemplificandolo también con los extranjeros que ingresan al país y tramitan su residencia temporaria “no con la motivación de establecerse en el mismo, sino a fin de recibir atención sanitaria, muchas veces de larga duración”.
“La proliferación de las conductas descriptas precedentemente ha afectado profundamente la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario […] La medida que se propicia redundará en un beneficio para la ciudadanía argentina toda, en tanto permitirá descomprimir los servicios de salud públicos y ayudará a mejorar la situación presupuestaria del sistema sanitario […] Resulta necesario implementar esta medida a fin de garantizar que los establecimientos sanitarios públicos puedan sufragar sus gastos”, enfatiza el Decreto.
Otro punto focal: el sistema de educación pública
“Una situación similar a la que se presenta en el sistema de salud público ocurre en materia de educación pública universitaria”, resalta el Decreto. En paralelo, hace hincapié a que se observa “desde hace años una afluencia de extranjeros que ingresan al país y tramitan su residencia con el único fin de cursar en forma gratuita carreras de grado en universidades públicas, debido a que, en sus países de origen, las instituciones universitarias son rentadas y tienen altos costos, o bien cuentan con cupos muy restringidos para su acceso sin arancelamiento”.
El gobierno nacional enfatiza en que la cantidad de estudiantes extranjeros en instituciones universitarias estatales ha aumentado drásticamente en los últimos años, por lo que deben realizarse modificaciones urgentes. Puntualmente, propone que los extranjeros que quieran cursar sus estudios en Argentina aporten al Sistema Universitario Nacional mediante el pago de una retribución, máxime cuando no han tenido que afrontarse a una carga tributaria similar a la de los ciudadanos argentinos y de los inmigrantes residentes permanentes.
Subraya también que “se ha detectado la existencia de agencias e intermediarios en el exterior que ofrecen sus servicios a fin de gestionar las tramitaciones necesarias para la instalación de los alumnos en el país, en muchos casos atribuyéndose, con publicidad falsa, convenios o acuerdos de cooperación con las casas de estudio”. Por estas razones, y considerando que el sistema educativo “es financiado por todos y cada uno de los habitantes de esta Nación”, deben imponerse cambios como los expuestos.
Sobre las modificaciones de la Ley en general, resalta: “Esta medida también permitirá una mejor utilización de los recursos públicos que, en lugar de destinarse a financiar la educación y la salud de los extranjeros que no prevén permanecer en nuestro territorio una vez completados sus estudios, se utilicen en mejorar la vida de los contribuyentes”.
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