Este jueves, el gobierno nacional modificó la ley 25.871 que regula la política migratoria de Argentina, haciendo especial énfasis en la situación fronteriza y la inmigración ilegal. Oficializado a través del Decreto 366/2025, se plantean múltiples cambios, destacando el endurecimiento de las deportaciones y el acceso a la ciudadanía.
Sin embargo, la medida se enmarca dentro de una estrategia más amplia del gobierno nacional para reforzar la seguridad en las fronteras y combatir el crimen organizado. Por ejemplo, cita al narcotráfico como un problema que afecta especialmente a las provincias fronterizas, que usualmente se relaciona con la falta de control en los límites del país y con la situación migratoria irregular que enfrenta la Argentina.
Las modificaciones recientes pueden vincularse con los planes de seguridad impulsados por la cartera dirigida por Patricia Bullrich, como el Plan Güemes o la Operación Roca, que han reforzado los controles en puntos estratégicos limítrofes con otros países. La militarización de la frontera y la implementación de nuevas tecnologías buscan frenar el tráfico de drogas y el ingreso de organizaciones criminales, como el Tren de Aragua, que recientemente fue incluido en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo.
Este nuevo decreto también enfatiza la necesidad de mejorar los controles migratorios para evitar que el país se convierta en un destino de inmigración irregular. Según reza la norma, “las modificaciones que se impulsan se orientan a asegurar que […] no sean meras declaraciones, sino que sean efectivamente respetadas por quienes decidan ingresar y permanecer en nuestro territorio”.
Principales argumentos
Entre las motivaciones expuestas en el Decreto, se destaca que los objetivos de fomentar la inmigración al momento de sancionar la Constitución Nacional, a los efectos de poblar el territorio nacional y enriquecer su cultura, no tienen en cuenta la realidad de hoy en día. El gobierno nacional considera que “los movimientos migratorios se desenvuelven en un escenario global completamente distinto al de años anteriores, que presenta nuevos desafíos en materia política, económica, cultural y social”.
En paralelo, enfatiza en que, “por las crisis políticas y sociales que sufren diversos países, se desencadenan movimientos migratorios con mayor frecuencia que en tiempos anteriores, lo que ha llevado a que nuestro país experimente la afluencia masiva de migrantes […] Estos flujos migratorios extraordinarios se añaden a la gran cantidad de personas que recibe usualmente la Argentina”. Por ello, es crucial, más aún en un país tan extenso como Argentina, recurrir a las modificaciones en la política migratoria.
En consonancia, el decreto destaca que, en este contexto migratorio multitudinario, “cabe tener en consideración la enorme extensión de nuestras fronteras y los deficientes mecanismos de control de pasos no habilitados que existen y que han permitido el constante ingreso de extranjeros de forma ilegal”. Además, considera que la situación de irregularidad migratoria en el país “es un fenómeno que requiere de medidas urgentes”, y que a pesar de los esfuerzos impulsados por este gobierno, “la normativa legal vigente no logra desincentivar el ingreso o la permanencia irregular de extranjeros en el país”.
Cómo la situación migratoria atenta contra la seguridad nacional
El gobierno nacional afirma en el Decreto que existen “facilidades extremas” para que los inmigrantes puedan entrar y permanecer en el territorio nacional, afectando la economía y en los servicios esenciales de la población. Por ende, considera este fenómeno como “una ineludible señal de alerta para la República Argentina”.
Principalmente, porque expone que “todo ingreso descontrolado al país de gran cantidad de inmigrantes puede generar una amenaza contra la seguridad pública nacional al poner en jaque la capacidad de control migratorio y dar lugar a una saturación de los mecanismos administrativos”. Añade que “una entrada masiva de extranjeros traería aparejada una fuerte afectación de la prestación de servicios esenciales provistos por el Estado Nacional y los estados provinciales y municipales”.
Pero quizás lo más importante recae en que el Decreto expone que la situación migratoria, interna y externa, “ha derivado en un claro riesgo para todos los habitantes”, lo que demanda “hacer uso de forma urgente” de todas las herramientas que establece la Constitución argentina para “sanear la situación”. A grandes rasgos, establece un vínculo directo entre la inmigración ilegal y la amenaza que representan el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado.
La normativa refuerza la idea de que, sin mecanismos estrictos de regulación migratoria, es imposible determinar si quienes ingresan al territorio nacional tienen nexos con grupos criminales o terroristas, lo que justifica el endurecimiento de las políticas de deportación y control fronterizo. Al mencionar organizaciones como el Tren de Aragua y la Resistencia Ancestral Mapuche dentro del Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo, el gobierno da a entender que el ingreso de extranjeros sin control adecuado podría facilitar la expansión de estas redes delictivas en el país, atentando contra la seguridad nacional.
El manejo de las fronteras: el ejemplo de Estados Unidos
Entre los puntos a resaltar de este nuevo Decreto se encuentra la necesidad de alcanzar una mayor rigidez de los controles fronterizos. “Se torna necesario implementar mecanismos que fortalezcan la capacidad del Estado Nacional para gestionar los flujos migratorios de manera eficiente, mejorar el control de las fronteras y asegurar que la llegada de extranjeros contribuya al bienestar general y no comprometa la seguridad ni la estabilidad social de la Nación”, destaca la medida.
La disposición destaca que más del 24 % de los inmigrantes cuya estadía en el país fue declarada irregular en los últimos 20 años, permanece en el país. “Por ello, resulta necesario reformar la referida Ley N° 25.871 de forma urgente a fin de poder establecer un marco jurídico adecuado que permita proteger los derechos de los ciudadanos argentinos y de aquellos inmigrantes que ingresen en el territorio argentino legalmente, asegurando la regularidad migratoria y la seguridad pública”, enfatiza el documento.
Por último, el nuevo Decreto resalta la importancia de tomar de ejemplo a otros países, como Estados Unidos. Puntualmente, en aspectos de deportación como de “turismo de natalidad”.
“En tiempos muy recientes ha emergido un nuevo riesgo derivado de la política de deportaciones que está llevando adelante el Gobierno de los Estados Unidos de América […] De dicho país han sido deportados más de 1.250.000 inmigrantes nacionales de países americanos, de los cuales más de 138.000 son ciudadanos de países sudamericanos […] Según expresó el máximo mandatario del mencionado país, la cifra crecerá en una proporción importante”, subraya el documento.
En este contexto, enfatiza en las modificaciones que ha realizado Estados Unidos en materia migratoria, además de la deportación de inmigrantes ilegales. Principalmente, la modificación de la política migratoria “contribuirá a desalentar el ‘turismo de natalidad’, una de las formas de abuso a la ley migratoria más recurrente de los últimos años, el cual se realiza con el único fin de que el hijo sea nacional argentino y, en consecuencia, permita a los padres acceder a una residencia permanente y, eventualmente, a una ciudadanía que los habilite a obtener el pasaporte argentino”.
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