En el marco de los diversos planes del gobierno nacional por promover la seguridad fronteriza, la Operación Roca en la frontera norte ha generado preocupación en Bolivia, donde dirigentes cívicos de Tarija y Potosí han solicitado explicaciones a la Argentina sobre el alcance del operativo militar. El despliegue ha sido interpretado por sectores bolivianos como un riesgo a la relación bilateral y a sus ciudadanos que transitan la frontera.
La Operación Roca y la Ley Antimafia
Denominada “Operación Presidente Julio Argentino Roca”, el despliegue fue anunciado el pasado 15 de abril a través del Boletín Oficial en una Resolución firmada por el Ministro de Defensa, Luis Petri. Allí se confirmó que medios y personal de las Fuerzas Armadas se localizarán en la Zona de Seguridad de Fronteras Norte y Noreste desde el 15 de abril hasta el 15 de diciembre del 2025.
La Resolución entiende a la Defensa Nacional como “la integración y la acción coordinada de todas las fuerzas de la Nación para […] enfrentar las agresiones de origen externo con la finalidad de garantizar de modo permanente la soberanía e independencia de la Nación, su integridad territorial y capacidad de autodeterminación; proteger la vida y la libertad de sus habitantes”. Por ello, la medida firmada por Petri recalca que las Fuerzas Armadas trabajarán junto a las Fuerzas de Seguridad en estos espacios físicos en pos de resguardar “la libertad, la vida y el patrimonio de los argentinos”.
En paralelo, bajo la Ley Antimafia, diversas zonas de la Frontera Norte fueron declaradas “Zona Sujeta a Investigación Especial”. Esta ley fue aprobada por el Senado el pasado mes de febrero, con el objetivo de endurecer las penas y establecer mecanismos más efectivos para enfrentar delitos. Así, la figura de Zona de Investigación Especial busca responder rápidamente ante estos crímenes de manera coordinada entre la Justicia Federal y las autoridades provinciales e incluye la ampliación de facultades para la detención de sospechosos hasta 48 horas, con posible extensión a 15 días en casos de delincuencia transnacional.
La postura de los dirigentes
Diversos referentes de instituciones de la sociedad civil, denominados dirigentes cívicos, solicitaron información al gobierno de Milei sobre los movimientos de los militares argentinos en la zona de frontera. Se trata de líderes que representan a las organizaciones cívicas departamentales o regionales, las cuales ejercen influencia en la política y la vida social.
Jesús Gira, presidente del Comité Cívico de Tarija, instó a la Cancillería boliviana a solicitar información oficial sobre el operativo, con el objetivo de evitar una escalada diplomática. “Si bien respetamos la decisión argentina, esperamos que no haya excesos contra civiles bolivianos que cruzan las fronteras por razones de trabajo o actividad comercial”, aseveró.
De manera similar, Alberto Pérez, líder del Comité Cívico Potosinista (COMCIPO), pidió que los gobiernos de ambos países establezcan un diálogo urgente para prevenir conflictos derivados de la presencia militar. Consideró que los funcionarios deben reunirse bilateralmente por el temor de que surjan “problemas ulteriores” en el marco de la Operación Roca.
Por otro lado, el presidente del Comité Cívico de Yacuiba, Henry Medrano reconoció la gravedad del narcotráfico en la frontera, categorizándolo como la “madre” de los delitos. Sin embargo, advirtió que la militarización podría afectar la vida cotidiana de los habitantes de la región, ya que existen más de 100 pasos ilegales entre Bolivia y Argentina, lo que complica la seguridad fronteriza.
Rechazo desde Salta
La reacción cívica boliviana se suma a la presentación de un hábeas corpus colectivo por parte de la Mesa de Derechos Humanos de Salta. La medida busca declarar inconstitucional la intervención militar en seguridad interior.
El habeas corpus ingresó el día de ayer al Juzgado Federal de Orán. Las organizaciones nucleadas solicitaron la declaración de inconstitucionalidad de los instrumentos con los que el gobierno nacional autorizó a las Fuerzas Armadas a intervenir en materia de seguridad interna y habilitó el despliegue militar del llamado Plan Roca en la frontera norte.
A grandes rasgos, esta acción judicial busca frenar la aplicación de normas que permitirían la detención de civiles en flagrancia por vulnerar derechos fundamentales, como la libertad ambulatoria y el debido proceso. En carácter de medida cautelar urgente, pidieron al Juzgado a cargo Gustavo Montoya que ordene al Poder Ejecutivo Nacional abstenerse de aplicar las reglas de empeñamiento militares.
Entre los justificativos, destacaron: “El despliegue militar es inconstitucional y peligroso, evocando el accionar del terrorismo de Estado. La presencia militar amenaza la libertad ambulatoria, la intimidad y el derecho a la protesta de las comunidades indígenas y campesinas de la frontera; y la de todos los habitantes que en ella trabajan. La falta de reacción de los representantes políticos y judiciales nos impulsa a recurrir a la Justicia Federal. Este hábeas corpus es una defensa activa de la democracia y los derechos humanos, buscando confrontar la actitud del gobierno y garantizar que el NUNCA MAS sea una realidad viva en la frontera”.
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