En el marco de una serie de reformas estructurales impulsadas por el gobierno de Javier Milei, se oficializó la reestructuración del Archivo Nacional de la Memoria y el Museo de Sitio ESMA, dos instituciones clave en la preservación de la memoria histórica y la promoción de los derechos humanos en Argentina. A través del Decreto 344/2025, publicado en el Boletín Oficial, ambos organismos dejarán de depender de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia.
Con estos cambios, ambos sitios pasarán a formar parte del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH). Según el Gobierno, esta medida busca mejorar la eficiencia en la gestión y centralizar funciones bajo una misma entidad.
Recortes en Derechos Humanos y reformas estatales
La reestructuración del Archivo Nacional de la Memoria y el Museo ESMA se enmarca dentro de un proceso más amplio de ajuste estatal. Puntualmente, el decreto destaca que la decisión se enmarca en la Ley N° 27.742. También llamada “Ley Bases”, declaró la emergencia pública en diversas áreas. Así, se otorgó al Poder Ejecutivo facultades para reorganizar y transformar estructuras administrativas con el fin de mejorar la eficiencia del Estado.
En los últimos días, el Gobierno confirmó una serie de recortes en la estructura de Derechos Humanos, incluyendo la degradación de la Secretaría de Derechos Humanos a una subsecretaría y la reducción del 40% de su estructura y el 30% de su personal. Esta medida, según el vocero presidencial Manuel Adorni, permitirá un ahorro de $9.000 millones anuales.
Además, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anunció que en los próximos días se implementarán nuevas reformas estatales, incluyendo la fusión y eliminación de organismos públicos. Según Sturzenegger, el objetivo es racionalizar el gasto y mejorar la eficiencia del Estado, aunque muchos advierten que estas medidas podrían afectar la capacidad del Gobierno para garantizar derechos fundamentales.
Reacciones y preocupaciones
La decisión ha generado preocupación en sectores de derechos humanos y organizaciones sociales, que temen una reducción en el alcance y la independencia de estas instituciones. Organizaciones de derechos humanos han advertido que la integración del Archivo Nacional de la Memoria y el Museo ESMA al CIPDH podría limitar su autonomía y afectar la continuidad de sus actividades.
Pero diversos sectores han expresado preocupación por el impacto de estas reformas en la preservación de la memoria histórica y la promoción de los derechos humanos. Sin embargo, el gobierno insiste en que la medida permitirá una gestión más eficiente y coordinada.
Con la implementación de estas reformas, el gobierno de Milei avanza en su estrategia de reducción del Estado. Sin embargo, se le cuestiona si lo hace asegurando la conservación de los archivos documentales y la continuidad de las actividades de ambas instituciones.
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