El avance de la crisis penitenciaria en la Argentina genera preocupación a nivel nacional, como así también provincial, siendo el caso de la Ciudad de Buenos Aires y Mendoza los más alarmantes y preocupantes. La Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, enfrenta problemas penitenciarios vinculados a la sobrepoblación carcelaria en comisarías y dependencias municipales, que se reflejan en las continuas fugas de presos.
En el caso de Mendoza, la situación no se refleja en la fuga de presos sino en la crisis que se presenta ante las liberaciones efectivas de los presidiarios. Según el informe anual del Servicio Penitenciario Provincial de Mendoza, correspondiente al período 2024, el 75% de los presidiarios liberados en la provincia permaneció menos de un año en la cárcel, en cumplimiento de su condena, y de esa cifra, el 68% no llegó a superar los tres meses de estadía en prisión. Estos datos surgen frente al anuncio de nuevas medidas penitenciarias, por parte del Gobierno Nacional, quien en el marco del Plan Ocio Cero anunció, que a partir de ahora los detenidos y condenados penalmente no podrán ser beneficiarios de planes sociales ni acceder a sus celulares, en el cumplimiento de su estadía en prisión.
La Memoria Anual 2024 del Servicio Penitenciario Provincial arrojó datos alarmantes, en materia penitenciaria, que preocupan al Gobierno provincial y a la ciudadanía mendocina. Según informó el Servicio Penitenciario de Mendoza, el 30 de noviembre de 2024 se registraron 4.578 libertades efectivas. Esta cifra representa un incremento sustancial en la cantidad de presidiarios liberados con respecto al 2023, cuando la cifra fue de 3.659. Sin embargo, se advirtió que la curva de libertades efectivas se mantuvo por debajo de los ingresos penitenciarios, que tuvieron lugar en el 2024 (5.199), “como se sostiene de años anteriores”.
Sin embargo, cabe resaltar que la cifra de ingresos también superó a la del año anterior (4.080), siendo un 27% más alta. El período 2024 culminó con 6.420 personas privadas de la libertad en el sistema penitenciario provincial mendocino, de las cuales el 71,6% se encuentran condenadas (4.601) y el 28,4% procesadas (1.825). El dato más alarmante que arrojó la Memoria Anual 2024 es que el 75% de los presidiarios que obtuvieron libertad, en el período mencionado, permaneció detenido menos de 12 meses, siendo solo un 17% el que cumplió una estadía de entre 1 a 3 años.
Esto representa una tendencia creciente, si se tiene en consideración la cifra de liberaciones del informe anual del 2023 que data del 70%. Pese a ello, es necesario recalcar que esto sucede, ya que se trata de internos que atravesaron penas punitivas de la libertad relativamente cortas, por delitos leves, como robos y hurtos. El informe relativo al pasado año especifica los tipos de libertad que se efectuaron, en el marco del sistema penitenciario provincial, y lo muestra a través de un gráfico.
La cifra de liberados efectivamente que pasaron más años en prisión es decreciente, esto quiere decir que la cifra decrece, es decir desciende, a medida que se fija como parámetro una mayor cantidad de años en prisión. Por lo que, mientras que el 74,7% de los liberados efectivamente pasaron menos de un año en prisión, los liberados que pasaron entre 1 a 3 años solo representa el 17,3%; los que pasaron entre 4 y 5 años, el 4,63%; entre 6 y 10 años, el 2,67%; y finalmente los que tuvieron una detención de más de 11 años, representa una minúscula cifra de apenas el 0,63%, que habían sido condenados por delitos más graves.
No obstante, de un profundo análisis del Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia se desprende que de las 3.552 personas que fueron liberadas efectivamente, en menos de un año (75% del total), un 68% ni siquiera llegó a permanecer más de tres meses en detención efectiva, siendo solo el 5,1% (181) la que perpetró entre 10 y 12 meses dentro del sistema penitenciario. De hecho, 1.211 personas estuvieron detenidas menos de un mes.
Las declaraciones de la Ministra de Seguridad de Mendoza
La Ministra de Seguridad y Justicia de la provincia de Mendoza, Mercedes Rus, en contacto con el medio “Los Andes” explicó que, en el marco del sistema judicial y penitenciario, se consideran penas cortas a aquellas de hasta 3 años, como la mayoría de las que se consideró en la Memoria Anual de 2024 por delitos leves. La Ministra remarcó la reiterancia que acontece en estos casos, resaltando que el abordaje de la resocialización se dificulta en los delitos con penas cortas. De hecho, se registró que más de la mitad de la población carcelaria provincial, ya atravesó una estadía en prisión previa, en su mayoría menor a un año, precisamente el 55,3%. Cabe recordar que, en el mes de marzo, el Gobierno Nacional logró incorporar en el Código Penal la ley sobre reiterancia.
La Ministra Rus sostuvo que “esto nos motiva a hacer un trabajo sobre eso, porque las penas cortas nunca son buenas para el sistema penitenciario en general”. De hecho, Rus explica que, cuando los presidiarios ingresan por un corto tiempo, estos no logran incluirse en los planes de abordaje y de resocialización, lo que, en cierto punto, los perjudica más. Ante este contexto penitenciario, el Gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, anunció la construcción de una nueva cárcel para delitos menores en Cacheuta, que tendrá capacidad para 500 detenidos, junto con el envío de un proyecto de ley para “adaptar el régimen a este tipo de penas”.
Ante la superpoblación carcelaria a la que se enfrenta la provincia, detallada como supercrítica en el Informe del Servicio Penitenciario Provincial del 2024, el Gobierno provincial presentará un proyecto de ley que busque “evitar que se demore el diagnóstico de una persona que ingrese al servicio, con la intervención del OTC (Organismo Técnico Criminológico), para poder encauzar a esa persona rápidamente en algún plan”. Con la construcción de una cárcel para delitos menores, el objetivo es alejar a los detenidos de la convivencia con el resto de los delincuentes, para evitar que “proliferen bandas desde adentro hacia afuera” expresó la Ministra de Seguridad provincial. Rus advirtió que “mientras tanto, nosotros vamos a ofrecer las garantías para que esas condenas sean efectivas, construyendo una cárcel para este tipo de penados y teniendo un abordaje rápido sobre ellos, para que puedan incluirse en un plan de resocialización inmediatamente”.
A ello se le suman más esfuerzos de la provincia de Mendoza, que ahora también refuerza el trabajo conjunto, en materia penitenciaria, con las provincias de San Luis y San Juan. Esta semana, las autoridades ministeriales de seguridad de las tres provincias se reunieron en la ciudad de Mendoza, para abordar en conjunto el funcionamiento de los sistemas penitenciarios. Durante la reunión, las autoridades coincidieron en que la seguridad continua en el sistema penitenciario, el cual debe garantizar las condiciones adecuadas, promoviendo la reinserción social, a través del trabajo y la educación, y eliminando todo tipo de privilegios, en concordancia con la reciente medida del Gobierno Nacional.
En el encuentro, se destacó la importancia de avanzar en un control unificado de los límites interprovinciales, considerando que San Juan, Mendoza y San Luis comparten jurisdicciones fronterizas al ser provincias limítrofes, mediante el fortalecimiento de bases de datos y sistemas de alertas compartidos. En este sentido, se remarcó la importancia de la presencia efectiva del Estado. La Ministra de Seguridad de San Luis, Nancy Sosa, expresó que “Mendoza nos aporta muchísimo. Las provincias no pueden trabajar solas; necesitamos visión regional. Estamos atravesando una reestructuración del sistema penitenciario y este intercambio es muy enriquecedor”. Sin embargo, pese a estos esfuerzos, la provincia de Mendoza presenta una grave crisis penitenciaria, que preocupa al Gobierno provincial y concierne fuertemente a la ciudadanía.
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