La Comisión Permanente de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados avanza en la adhesión argentina al Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto (AMERP), orientado a combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. El proyecto, que busca la adhesión argentina a este acuerdo de carácter internacional, cuenta con media sanción, ya que fue aprobado por el Senado de la Nación. Ahora, con la emisión del dictamen favorable de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto y la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios de la Cámara de Diputados, la iniciativa deberá ser debatida en el recinto parlamentario por los legisladores para su sanción definitiva.
El proyecto de ley busca sancionar la adhesión argentina a este acuerdo internacional de la FAO (Food and Agriculture Organization) de las Naciones Unidas, orientado al combate y la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. El tratado fue gestado en Roma en el año 2009 y entró en vigor en el año 2016, integrado por más de 80 Estados miembros. La iniciativa busca cerrar los puertos nacionales a los buques infractores, con el objetivo de asfixiar su capacidad de operar y comercializar sus capturas, obtenidas de manera ilícita e ilegal.
A través de este proyecto, la Argentina busca aprobar su adhesión al acuerdo e incorporarlo a su sistema jurídico interno. Según el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso, este instrumento es de suma relevancia e importancia, en tanto podría evitar la existencia de lo que se conoce como “puertos de conveniencia”, limitando la capacidad de los operadores ilegales que luego acceden a los mercados internacionales. El principio del tratado es impedir que una captura obtenida, de manera ilegal, encuentre vías logísticas disponibles para transformarse en mercadería comercializable y así ingresar a los mercados internacionales, señalan desde Pescare.
Para la Argentina, la aprobación de este acuerdo y su ratificación permitirían fortalecer la fiscalización, el control y el patrullaje de los puertos nacionales, a los que acceden los buques extranjeros que operan en la Milla 201, área adyacente a la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA), donde extraen y capturan ilegalmente diferentes especies marinas, entre ellas la más importante y destacada el calamar. Según Pescare, esta herramienta permitiría incorporar una “segunda línea de defensa pesquera”, orientada al control en tierra y en los puertos, donde se revisarían documentos, se verificarían las cargas y se cruzarían datos internacionales, para decidir si la embarcación puede o no operar en los puertos nacionales. El puerto se convierte así en un punto de fiscalización clave para la actividad pesquera, en jaque por el fenómeno de la pesca ilegal, que afecta severamente al Atlántico Sur, según señala el reporte de Pescare.
El acuerdo de la FAO establece un estricto protocolo que los buques extranjeros deberían seguir para poder ingresar a los puertos argentinos designados, siendo el punto más destacado la red global de información. Si Argentina se adhiere formalmente al Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto Destinadas a Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, no Declarada y no Reglamentada, tendrá acceso a una red y sistema global de intercambio de datos, donde se comparte información sobre los buques que son detectados en infracciones.
Esto permitiría, por ende, una rápida identificación y fiscalización de este tipo de flotas, a las cuales se les negaría el ingreso y acceso a los puertos locales, limitando sus capacidades de operación y frustrando sus intentos de comercializar las capturas, obtenidas ilegalmente, en los mercados internacionales. No obstante, el acuerdo contempla excepciones para buques y flotas de Estados limítrofes, que realicen pesca artesanal de subsistencia, como así también para aquellos buques portacontenedores que no transporten pescado. Ello siempre y cuando no existan sospechas y/o evidencias de pesca ilegal.
El camino en el Congreso
Tras haber sido aprobado por el Senado de la Nación en el mes de marzo, el proyecto del Poder Ejecutivo pasó a revisión de la Cámara de Diputados para su sanción definitiva. En este sentido, el día de ayer, la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, junto a la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios, dieron un paso clave con la aprobación y emisión de dictamen favorable para el proyecto que busca aprobar la adhesión argentina al AMERP, según informaron de manera exclusiva a El Estratégico.
Con el dictamen favorable adoptado, ahora restan conocer los detalles oficiales del debate formal en el recinto, donde los legisladores deberán tratar la adhesión y el ingreso argentino a este instrumento internacional de la FAO, que se presenta como una herramienta clave para la lucha contra la pesca ilegal, no reglamentada y no declarada, que afecta significativamente a la República Argentina, frente a la Milla 201 y su Zona Económica Exclusiva.
Frente a la pesca y la extracción ilegal, este instrumento aporta herramientas clave para enfrentar este fenómeno creciente en el Atlántico Sur, que compromete los ecosistemas marinos y afecta, de manera directa, a la pesca y el comercio regional. El tratado convierte a los puertos en un elemento clave para la fiscalización y aporta un nuevo tipo de control en la lucha contra la pesca ilegal, ahora en tierra, que será debatido próximamente por la Cámara de Diputados en el recinto parlamentario, tras haber obtenido dictamen favorable en comisión.
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