Este jueves, la Cámara de Diputados se encamina a debatir la reforma laboral en un clima de alta tensión política y callejera, con un paro general convocado por la CGT y una marcha prevista en la zona del Congreso. El oficialismo apuesta a sostener el quórum y aprobar el proyecto con apoyos aliados, mientras enfrenta críticas sindicales y opositoras por el alcance de los cambios y el ritmo del trámite parlamentario.
El proyecto llega al recinto después de la media sanción en el Senado y de una negociación acelerada para retener votos clave: el Gobierno aceptó retirar del texto el artículo sobre licencias médicas que había generado cuestionamientos, lo que abre la puerta a que la iniciativa vuelva luego a la Cámara alta si Diputados introduce modificaciones.
En paralelo, el Ministerio de Seguridad dispuso reforzar la vigilancia y endurecer controles en el perímetro legislativo. Según lo informado, se aplicará el protocolo antipiquetes, con controles a vehículos y requisas preventivas, incluida revisión de mochilas, en accesos y zonas de concentración, además de vallados y un esquema específico para la cobertura de prensa.
La cartera de Seguridad justificó estas medidas citando herramientas legales vigentes, entre ellas el artículo 138 del Código Procesal Penal Federal, que regula supuestos habilitantes vinculados a requisas, y el Decreto 383/2025 que aprueba el Estatuto de la Policía Federal Argentina y organiza sus funciones.
El antecedente inmediato que explica el endurecimiento del operativo son los incidentes registrados en una protesta previa frente al Congreso, en los que se reportaron ataques contra fuerzas de seguridad y se abrieron actuaciones judiciales.
Quórum ajustado y un proyecto que redefine el régimen laboral
La discusión no es solo “si sale o no sale”, sino qué versión termina consolidándose. El texto en debate incluye cambios que apuntan a flexibilizar esquemas de jornada, como el banco de horas, y a redefinir el sistema de indemnizaciones, incorporando un mecanismo alternativo (el Fondo de Asistencia Laboral) que busca financiar compensaciones con aportes y reglas predeterminadas.
También introduce modificaciones sobre negociación colectiva (incluida la ultraactividad), habilita esquemas de pago con componentes por productividad y regula aspectos del trabajo en plataformas. A eso se suma una ampliación del universo de “servicios esenciales”, elevando el umbral de prestación mínima durante medidas de fuerza, y cambios que impactan en el financiamiento del INCAA a partir de 2028.
En términos políticos, el oficialismo llega con una mayoría construida pero frágil, apoyada en bloques aliados y negociaciones puntuales. La decisión de retirar el artículo de licencias fue leída como concesión táctica para evitar una derrota por deserciones, pero no garantiza que el debate no reabra otros capítulos del articulado durante la sesión.
En la calle, el paro general condiciona la logística y el volumen de la movilización, aunque distintos espacios sindicales y organizaciones confirmaron presencia en las inmediaciones del Congreso. En el Gobierno asumen que el combo “sesión + protesta” obliga a mostrar control del espacio público para evitar desbordes y, al mismo tiempo, sostener el trámite legislativo sin dilaciones.
Te puede interesar: El Gobierno prorrogó las sesiones extraordinarias hasta el 28 de febrero y sumó el proyecto de financiamiento universitario
