El presidente Javier Milei oficializó los cambios en las carteras de Seguridad y Defensa y confirmó que, a partir del 10 de diciembre, Alejandra Monteoliva reemplazará a Patricia Bullrich como ministra de Seguridad, mientras que el teniente general Carlos Alberto Presti, actual jefe del Estado Mayor General del Ejército, asumirá como ministro de Defensa. Los relevos se producen porque Bullrich y Luis Petri fueron electos para ocupar bancas en el Senado y en la Cámara de Diputados, respectivamente.
Pero el mensaje político del Gobierno va más allá del simple recambio: en Casa Rosada hablan de “continuidad del rumbo” y de poner fin a la “demonización” de las Fuerzas Armadas. El giro que más impacto genera en el ecosistema de defensa es la llegada de un militar en actividad al frente del Ministerio de Defensa, rompiendo una tradición de conducción civil de la política de defensa. A la vez, el nombramiento de Monteoliva en Seguridad refuerza la continuidad de la llamada “Doctrina Bullrich”, basada en una línea de “mano dura”, lucha frontal contra el narcotráfico y el crimen organizado, y énfasis en el orden interno.
Alejandra Monteoliva, la arquitecta de la continuidad en Seguridad
Monteoliva, de 55 años, no es una figura nueva en el esquema libertario: desde junio de 2024 se desempeñaba como secretaria de Seguridad Nacional y era, en los hechos, la número dos de Bullrich en la estructura del ministerio. Su trayectoria combina gestión política y consultoría técnica: fue ministra de Seguridad de Córdoba entre 2012 y 2013, en la gobernación de José Manuel de la Sota, donde debió gestionar la crisis de los motines policiales que derivaron en saqueos y desbordes y terminaron con su salida del cargo. Luego integró el equipo de Bullrich como directora nacional de Operaciones de Seguridad entre 2015 y 2019 y, más tarde, trabajó como asesora en operaciones para Naciones Unidas, el Programa Mundial de Alimentos y el PNUD en Centroamérica, además de proyectos para el BID y la CAF en América Latina.

Esa combinación de experiencia local e internacional, más su rol en el diseño operativo de la política de seguridad del actual Gobierno, explica que la Casa Rosada la presente como “pieza fundamental de la Doctrina Bullrich” y que la propia senadora electa la bendiga como garantía de continuidad doctrinaria en temas como “mano dura”, imperio de la ley y combate al “narcoterrorismo”.
Carlos Presti, el primer militar al frente de Defensa desde la transición democrática
Carlos Alberto Presti, de 59 años, fue designado ministro tras ejercer como jefe del Estado Mayor General del Ejército desde enero de 2024, cargo al que llegó luego de un recambio profundo que implicó el pase a retiro de 22 generales más antiguos, en línea con una reconfiguración de la cúpula militar impulsada por Milei. Nacido en Buenos Aires y egresado de la promoción 118 del Colegio Militar, Presti construyó una carrera en la cual encabezó la IV Brigada Aerotransportada, estuvo al mando del Regimiento de Asalto Aéreo 601 y dirigió el propio Colegio Militar, además de haber sido agregado de Defensa en embajadas argentinas en Centroamérica y comandante de un batallón de paz en Haití bajo mandato de Naciones Unidas (MINUSTAH).

Su perfil es el de un oficial de carrera con fuerte impronta operacional y formación en conducción estratégica, lo que Milei capitaliza políticamente como el fin de la etapa en la que Defensa fue monopolio de ministros civiles. Según el comunicado oficial, la designación de Presti pretende inaugurar una “tradición” de militares al frente de la cartera y cerrar lo que el Gobierno describe como un ciclo de “demonización” de oficiales, suboficiales y soldados.
Contexto actual
Los nombramientos se inscriben en una agenda de seguridad y defensa que el oficialismo considera estratégica. El Ministerio de Defensa cerró el año anterior con la compra de 16 cazas F-16 usados a Dinamarca, y Seguridad consolidó un enfoque de incremento de despliegue federal, intensificación de operativos contra el narcotráfico y criminalidad organizada.
La Casa Rosada subraya que se trata de designaciones que garantizan un rumbo firme para unas Fuerzas de Seguridad y unas Fuerzas Armadas “profesionales, firmes y despolitizadas”, bajo la conducción de “expertos en sus respectivas áreas”.
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