La convocatoria nacional de ATE contra la reforma laboral volvió a encender el foco sobre el Protocolo Antipiquetes, la normativa interna del Ministerio de Seguridad que regula la actuación de las Fuerzas Federales frente a protestas que afecten la circulación. Aunque los cruces entre Patricia Bullrich y Rodolfo Aguiar dominaron el clima político, el eje real está en la herramienta operativa cuya aplicación el Gobierno ratificó sin matices.
En un contexto de movilización opositora, tensión sindical y un escenario social friccionado por reformas económicas y laborales, el protocolo reaparece como la pieza central del orden público para la administración Milei. El Protocolo Antipiquetes fue anunciado por Patricia Bullrich a los pocos días del cambio de gobierno, con el objetivo declarado de “hacer cumplir la ley” frente a bloqueos de tránsito, interrupciones de rutas o toma de espacios públicos. La medida busca revertir la dinámica de movilizaciones masivas que durante años colapsaron los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires y puntos estratégicos metropolitanos.
Qué establece el Protocolo Antipiquetes
Para el Gobierno, garantizar la libre circulación es un pilar político, económico y simbólico de la gestión. Por ello, el documento regula la actuación de la Policía Federal Argentina (PFA), Gendarmería Nacional (GNA), Prefectura Naval (PNA) y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) frente a cortes totales o parciales. Sus puntos centrales son:
- Intervención inmediata en casos de impedimento al tránsito de personas o vehículos.
- Desconcentración progresiva, con advertencias verbales, órdenes directas y empleo gradual de la fuerza.
- Actuación incluso en territorios provinciales y en CABA, siempre que las condiciones encuadren en la Ley de Seguridad Interior.
- Identificación obligatoria de organizadores y responsables de la protesta.
- Registro audiovisual de todo el procedimiento, para respaldo judicial.
- Imputación penal en caso de agresiones, daños o resistencia.
El protocolo prevé que las fuerzas prioricen vías alternativas para minimizar incidentes, pero también habilita acciones más firmes si la protesta se mantiene en la traza principal. Cabe recordar que las Fuerzas Federales pueden actuar a pedido de una autoridad local o por decisión del propio Ministerio de Seguridad cuando la situación afecte rutas nacionales, accesos estratégicos, infraestructura crítica o intereses federales.
La Ley de Seguridad Interior establece que, si bien la competencia primaria es de las provincias, la Nación puede intervenir cuando la magnitud del hecho supere la capacidad local o comprometa la seguridad general. En CABA, la coordinación se realiza con el Ministerio de Seguridad porteño, aunque la PFA mantiene jurisdicción en zonas sensibles como sedes gubernamentales y accesos nacionales.
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