Con el objetivo de frenar el narcotráfico aéreo en el norte argentino, Salta refuerza su reclamo por una ley de derribo. De hecho, como adelantó este medio, previamente, el Gobernador de la provincia, Gustavo Sáenz, viene exigiendo la sanción de una ley de derribo y una mayor radarización del norte argentino, cuyo reclamo se intensificó tras la caída de una avioneta narco en Rosario de la Frontera -pueblo al noroeste del país, en la provincia de Salta-, con matrícula de Bolivia, que venía cargada con más de 130 kilos de cocaína.
En este escenario, desde Salta refuerzan su reclamo por la sanción de una ley de derribo. De hecho, este fin de semana, el Diputado por la provincia de Salta, Gustavo Orozco, realizó un sobrevuelo por la frontera salteña y advirtió la facilidad con la que las avionetas ingresan droga al país, en el marco de un informe técnico realizado luego del sobrevuelo efectuado sobre la línea limítrofe con Bolivia. El objetivo de la acción era documentar las rutas y puntos de ingreso de droga a la Argentina, que utilizan las organizaciones y redes criminales que se dedican al tráfico de estupefacientes. Tras esta acción, el legislador confirmó que el 95% de la droga que ingresa al territorio nacional lo hace por vía aérea. Por lo que, reclama y exige la aplicación de la ley de derribo para frenar el narcotráfico aéreo.
El patrón operativo observado
Según la explicación del Diputado Orozco, el patrón operativo de estas redes incluye despegues en territorio boliviano, tránsito por el espacio aéreo argentino y descargas áreas en sectores del Departamento Anta o aterrizajes en pistas no declaradas o fincas privadas, en la zona de Rosario de la Frontera, donde recientemente tuvo lugar el accidente aéreo mencionado previamente. De hecho, el legislador citó el ejemplo de la aeronave caída en un campo del paraje San Felipe, en Rosario de la Frontera (Salta), que según la investigación y los peritajes más recientes, transportaba en torno a 400 kilos de cocaína. El hecho derivó en un amplio operativo conjunto entre fuerzas nacionales y provinciales, que incluyó la participación de la Gendarmería Nacional, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y las Fuerzas de Seguridad locales.
Durante el sobrevuelo realizado por Orozco y su equipo, se identificaron múltiples zonas y sectores rurales aptos para aterrizajes improvisados en antiguas pistas no declaradas y extensiones acondicionadas dentro de diferentes fincas que, no figuran como aeródromos, aunque permiten operaciones de aeronaves ligeras. En esta línea, el legislador alertó sobre la existencia de pistas camufladas y la dificultad que existe para controlar estos espacios, en los que intervienen los propietarios rurales.
En este sentido, Orozco explicó que si ese volumen no se transportara por aeronave y requeriría de logística humana, exigiría la intervención de cientos de personas. Ello junto a la reducción del riesgo operativo son las principales razones, por las cuales las organizaciones criminales optan por el traslado aéreo. Además, el volumen que se puede transportar y la autonomía de las aeronaves hacen más rentable las operaciones de tránsito aéreo, logrando una menor exposición frente a la vía terrestre. De este modo, el tráfico aéreo representa, a día de hoy, la principal pata operativa y logística del tráfico de drogas.
El traslado terrestre, por su parte, continúa por las rutas provinciales con destino a los centros de acopio y los puertos del litoral, principalmente, el de Buenos Aires y Santa Fe, desde donde sale la droga. Muchas de las fincas, que son utilizadas para los aterrizajes y las descargas mencionadas, tienen acceso directo a las rutas provinciales -RN3 y RN4 por ejemplo-, lo que facilita el traslado hacia las provincias linderas -que comparten una frontera común- y luego, hacia los puertos de embarque del litoral.
De acuerdo a su evaluación, Orozco señaló que el 95% del total de la cocaína que ingresa al territorio nacional, lo hace por vía aérea. Solo un 5% lo hace por vía terrestre. La combinación entre la existencia y dispersión de pistas aptas para el aterrizaje y la red de rutas provinciales, convierte al país en un nodo logístico de alta vulnerabilidad para el narcotráfico y el crimen organizado, según evalúa el legislador.
Las restricciones legales y operativas – La ley de derribo como una necesidad
El Diputado Orozco expuso parte de su acción de investigación, realizada el fin de semana en el sobrevuelo por la frontera salteña. En la misma, hizo énfasis en las restricciones legales y operativas que impiden una respuesta eficaz de la provincia de Salta, ante el panorama descrito. El legislador explicó que, las facultades provinciales resultan insuficientes para interceptar y derribar aeronaves que ingresan ilegalmente al territorio nacional, a manos del narcotráfico, por el norte argentino. Debido a que, la normativa vigente sobre espacio aéreo y uso de la fuerza, en materia de Defensa, otorga atribuciones y facultades de carácter nacional. Por lo que, las facultades provinciales quedan limitadas, en esta materia.
En este escenario, Orozco adelantó que este martes presentará ante la Cámara de Diputados un proyecto de declaración para impulsar la discusión sobre la ley de derribo -figura legal que permitiría a la Fuerza Aérea interceptar y neutralizar aeronaves hostiles o no identificadas que ingresen sin autorización al espacio aéreo nacional, lo que en el ámbito se conoce como Tránsito Aéreo Irregular (TAI)- y su aplicación inmediata para frenar el narcotráfico. Sin embargo, cabe recordar que, el protocolo vigente, establecido por el Decreto 228/2016, habilita la “interceptación disuasiva” y prohíbe expresamente el uso letal de la Fuerza Aérea.
El proyecto, que estaría presentado Orozco en la jornada de la fecha, iría acompañado de material audiovisual, donde se documentan los recorridos, las pistas de aterrizaje clandestinas y las prácticas habituales de ingreso de droga al país. De este modo, desde Salta refuerzan el reclamo por la ley de derribo y la implementación de nuevos protocolos para abordar esta crítica situación, junto a sistemas de identificación y cobertura radar.
Orozco se suma al reclamo del Gobernador Sáenz, quien explicó que desde hace años, Salta viene solicitando una radarización completa del norte argentino y una ley de derribo. “No podemos seguir siendo una frontera sin control aéreo ante el narcotráfico” subrayó el Gobernador, la semana pasada, luego de que la aeronave de origen boliviano se estrellara en el paraje San Felipe, en Rosario de la Frontera.
Sin embargo, el debate entre los sectores políticos y militares -que consideran que el marco actual es insuficiente para disuadir al narcotráfico aéreo- y las organizaciones de derechos humanos -que advierten que una ley de derribo podría vulnerar los tratados internacionales de aviación civil- se mantiene latente desde hace más de una década. Con el creciente y complejo tráfico aéreo transfronterizo, que tiene lugar en el norte argentino, el debate vuelve a escena, con Salta encabezando el reclamo.
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