El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, reclamó el pasado jueves al Gobierno Nacional “una mayor radarización del norte argentino y la sanción de una ley de derribo” luego del reciente accidente de una avioneta narco en Rosario de la Frontera, cargada con más de 130 kilos de cocaína y con matrícula de Bolivia. “Hace años venimos pidiendo una radarización completa del norte argentino y una ley de derribo. No podemos seguir siendo una frontera sin control aéreo ante el narcotráfico”, escribió Sáenz en su cuenta oficial de X, acompañando su mensaje con imágenes del operativo desplegado en la zona del siniestro.
El pedido del mandatario provincial llega luego de que una aeronave boliviana se estrellara el martes en el paraje San Felipe, en Rosario de la Frontera. El avión, que transportaba 136 kilos de cocaína, cayó tras un desperfecto técnico y fue hallado por las fuerzas federales junto a un vehículo incendiado.
Horas más tarde, los dos tripulantes fueron detenidos en la terminal de ómnibus local, mientras el operativo conjunto entre la Gendarmería Nacional, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Policía de Salta permitió descubrir otros 228 kilos de droga enterrados, con lo que el total incautado ascendió a 364 kilos. Según fuentes judiciales, la aeronave llevaba equipamiento GPS y antenas satelitales de origen boliviano, lo que refuerza la hipótesis de una ruta aérea transnacional de tráfico de cocaína que une el altiplano con el noroeste argentino.
Un reclamo reiterado desde el norte argentino
Sáenz ha sido uno de los gobernadores más insistentes en reclamar mayor radarización en el corredor norte, donde confluyen rutas de tráfico aéreo irregular desde Bolivia, Paraguay y Brasil. En varias oportunidades, el mandatario señaló que la región “no puede seguir dependiendo solo de radares móviles o de operaciones eventuales”, y que la ausencia de cobertura permanente convierte a la frontera norte en una puerta abierta al narcotráfico aéreo.
Actualmente, el Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial (SINVICA) cubre parcialmente el espacio aéreo de Salta, Jujuy y Formosa, con una red limitada de radares fijos y móviles operados por la Fuerza Aérea. Sin embargo, amplias zonas rurales y selváticas permanecen fuera del alcance radar continuo, especialmente durante operaciones de baja altura —la modalidad más utilizada por avionetas que ingresan ilegalmente desde el exterior.
El reclamo de Sáenz también reaviva el debate por la aplicación de una ley de derribo, figura legal que permitiría a la Fuerza Aérea interceptar y neutralizar aeronaves hostiles o no identificadas que ingresen sin autorización al espacio aéreo nacional. El protocolo vigente —establecido por el Decreto 228/2016— habilita la “interceptación disuasiva”, pero prohíbe expresamente el uso letal de la fuerza aérea.
Distintos sectores políticos y militares consideran que el marco actual es insuficiente para disuadir el narcotráfico aéreo, mientras que organizaciones de derechos humanos y especialistas en derecho internacional advierten que una ley de derribo podría vulnerar tratados internacionales de aviación civil.
El debate, que se mantiene latente desde hace más de una década, vuelve ahora a escena con el nuevo auge del tráfico aéreo transfronterizo en el norte argentino.
Una frontera cada vez más compleja
La caída de la avioneta en Salta se suma a una serie de operativos intensivos de vigilancia fronteriza desplegados en los últimos meses bajo el Programa Federal de Combate al Crimen Organizado. El Ministerio de Seguridad informó que en lo que va del año se realizaron 40 interceptaciones preventivas y se incautaron 18 aeronaves vinculadas a redes narco.
No obstante, la falta de radarización total, los recursos limitados y la dispersión de competencias entre Defensa, Seguridad y Justicia dificultan una respuesta integrada frente al crimen organizado transnacional. Como punto neurálgico del tráfico aéreo ilícito regional, el norte argentino no posee radares fijos o cobertura total, tampoco reglas claras de interceptación, demostrando la necesidad de contar con una política de defensa aérea nacional sostenida y coordinada en todo el país.
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