El ministro de Defensa, Luis Petri, enfrenta una grave denuncia de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) por desvío de fondos, es decir, presunta malversación de caudales públicos; específicamente, tras el uso ilegal de un predio militar como estacionamiento durante el festival Quilmes Rock. Según el gremio, la maniobra habría generado un desvío de más de 80 millones de pesos, dinero que nunca ingresó a las arcas del Estado.
La acusación, que ya fue presentada en la Oficina Anticorrupción, se ampliará el lunes ante la Fiscalía N° 7, a cargo del fiscal Santiago Schiopetto, en la causa 3611/2025.
Un predio militar convertido en estacionamiento
ATE reveló que durante cuatro noches del festival Quilmes Rock se habilitó de manera irregular un playón del Ministerio de Defensa en Villa Martelli para estacionamiento de vehículos. Cada jornada ingresaron alrededor de 500 autos, a un costo de 40.000 pesos por unidad, lo que dejó una recaudación superior a los 80 millones de pesos.
Lo más alarmante, según el gremio, es que los vehículos se estacionaron en zonas de alta sensibilidad: a metros de laboratorios balísticos, frente a un polvorín, en calles internas del complejo e incluso en un helipuerto, donde se registraron daños materiales. El coronel retirado Roberto Lloveras, a cargo del CITEDEF, reconoció la existencia de un convenio con la empresa Seeker Parking, pero no presentó documentación ni explicó el destino de los fondos.
Además, ATE denunció que los ingresos quedaron asentados en los libros de guardia, pero no se registró la entrada de los fondos al sistema oficial. Para el gremio, esta irregularidad no solo constituye un delito económico, sino también una grave vulneración a la seguridad nacional, ya que la presencia de autos particulares en instalaciones estratégicas pudo haber comprometido infraestructura sensible.
El caso, que ya es investigado por la Justicia federal, se suma a un contexto de creciente malestar dentro de las Fuerzas Armadas por lo que los trabajadores califican como un manejo opaco y discrecional de recursos por parte de la gestión de Petri.
IOSFA en el centro de la crisis del Ministerio de Defensa
Más allá de esta denuncia puntual, Petri también enfrenta fuertes cuestionamientos por el colapso financiero del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA). Según Rubén López, secretario general de ATE en el organismo, la gestión convirtió un superávit heredado en una deuda de más de 200 mil millones de pesos en menos de dos años.
Los trabajadores acusan a la conducción de firmar contratos millonarios con farmacéuticas que nunca entregaron medicamentos, dejando a miles de afiliados sin cobertura. “Gastaron en medicamentos que no existen, no publican las licitaciones y no muestran las contrataciones”, denunció López en declaraciones radiales. ATE reclama auditorías urgentes y advierte que el vaciamiento del IOSFA representa un riesgo para la seguridad y el bienestar del personal militar y de seguridad.
Y es que la situación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) se ha convertido en un punto crítico para la gestión de Luis Petri, con múltiples cuestionamientos documentados en El Estratégico. En septiembre revelamos las tensiones internas y las irregularidades administrativas que profundizaron la crisis de financiamiento del organismo, incluyendo sobreprecios en la compra de medicamentos y filtraciones que expusieron la falta de transparencia en la conducción.
Pocos días después, informamos sobre el convenio firmado entre el Ministerio de Defensa, el Estado Mayor Conjunto y las Fuerzas Armadas, mediante el cual se dispuso la utilización de gastos corrientes de las unidades militares para apuntalar las cuentas de IOSFA. Esta medida generó un fuerte rechazo opositor y derivó en pedidos de informes en el Congreso, dado que se interpretó como un vaciamiento presupuestario de las propias fuerzas en beneficio de la obra social.
Además, trascendió que el Gobierno Nacional impulsó recortes dentro de las Fuerzas Armadas con el fin de financiar al Instituto, una decisión que dejó expuesta la tensión entre la necesidad de sostener la cobertura médica de miles de afiliados y el debilitamiento operativo de la Defensa. Finalmente, esta semana la Coalición Cívica presentó en Diputados un proyecto de resolución para exigir al Ejecutivo una recomposición presupuestaria extraordinaria que garantice la continuidad de las prestaciones.
En todos los casos, el denominador común ha sido la falta de previsibilidad y transparencia en la gestión de IOSFA, una obra social que históricamente garantizó la cobertura médica a personal militar y de seguridad, y que hoy atraviesa una de las crisis más profundas desde su creación.
Una gestión en la cuerda floja
Los escándalos en torno al manejo de fondos de Defensa y el desastre en IOSFA golpean de lleno la credibilidad de Petri, que además fue mencionado en supuestos audios sobre coimas vinculadas a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Desde el gremio advierten que el patrón es claro: una administración que, lejos de fortalecer a las Fuerzas Armadas, prioriza intereses privados por encima de la seguridad nacional.
La causa judicial en curso y las pruebas que ATE promete presentar en Comodoro Py podrían agravar la situación del ministro y marcar un nuevo capítulo en la disputa política por la conducción de áreas sensibles del Estado argentino.
Te puede interesar: Reconfiguración del Gabinete Nacional tras las elecciones – ¿Qué esperar del futuro de la Seguridad y la Defensa Nacional?
