El Poder Ejecutivo Nacional publicó este jueves en el Boletín Oficial el Decreto 709/2025, mediante el cual aprobó la nueva reglamentación de la Ley 26.879, que regula el Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados con la Investigación Criminal. La medida actualiza el marco normativo vigente y otorga al Ministerio de Seguridad Nacional la condición de autoridad de aplicación, en línea con el traspaso dispuesto por el Decreto 605/2025.
Según el texto firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra Patricia Bullrich, el objetivo del Registro es contribuir al esclarecimiento de delitos complejos, tales como homicidios dolosos, abusos sexuales, narcotráfico y robos agravados. La reglamentación prioriza la incorporación de perfiles genéticos de imputados, procesados y condenados en estas categorías, así como la identificación de personas desaparecidas o cadáveres no reconocidos.
Una herramienta clave contra el delito
El decreto enfatiza que la individualización genética es actualmente la herramienta más eficaz y certera para la identificación criminal. Además, la medida subraya que el Registro permite también desvincular a personas inocentes, reduciendo así la revictimización de quienes son sometidos a procesos judiciales sin pruebas firmes.
La norma también establece que la información genética se almacenará de forma separada de los datos filiatorios de los aportantes, en cumplimiento con estándares internacionales como el Convenio para la Protección de las Personas con respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal, suscripto en Estrasburgo.
Otro de los puntos centrales de la nueva reglamentación es la exigencia de trazabilidad en los accesos al sistema, que deberá registrar cada ingreso de funcionarios y garantizar conexiones seguras para la administración de perfiles. Asimismo, se refuerza la obligación de que todo cotejo genético cuente con control judicial suficiente, y que la decodificación de perfiles solo pueda realizarse en caso de impacto identificatorio positivo.
El decreto también contempla la creación de la Comisión Nacional de Huellas Genéticas, un órgano destinado a coordinar, asesorar y supervisar la implementación del Registro. Hasta tanto se sustancie el concurso para designar a su Director titular, el Poder Ejecutivo podrá nombrar a un Director Interino con especialización en genética forense y experiencia comprobada.
Un nuevo marco para la cooperación federal
La reglamentación apunta a garantizar la interoperabilidad entre el Registro Nacional y los registros provinciales, lo que permitirá mejorar la coordinación en investigaciones criminales a nivel federal. Además, establece altos estándares de seguridad y confidencialidad, en sintonía con las exigencias del Organismo Argentino de Acreditación y las normas ISO internacionales.
La decisión deroga la reglamentación previa de 2017, aprobada bajo el Decreto 522, y la reemplaza por un marco actualizado que incorpora los avances científicos y tecnológicos en la materia. Además, la medida refuerza el perfil del Ministerio de Seguridad Nacional como actor central en la política criminal del Gobierno, en un contexto donde el Ejecutivo busca mostrar avances en la lucha contra la delincuencia organizada y el narcotráfico. Al mismo tiempo, abre interrogantes sobre el alcance del uso de datos genéticos y la necesidad de garantizar la protección de derechos fundamentales, especialmente en relación con la confidencialidad y el debido proceso judicial.
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