La reducción del empleo estatal continúa marcando la política de la administración de Javier Milei. Según el último informe de dotación de personal de la administración pública nacional, empresas y sociedades elaborado por el INDEC al 31 de agosto de 2025, la planta total alcanzó las 285.733 personas, lo que representa una contracción del 7,8% interanual y del 0,7% respecto al mes anterior.
La contracción fue particularmente significativa en las empresas y sociedades del Estado, que registraron un retroceso del 9,4% interanual y del 0,4% mensual. En paralelo, la administración descentralizada evidenció una caída del 12,3% en el último año, producto de las reestructuraciones y fusiones implementadas por el Gobierno en su plan de “achicamiento del Estado”.
Reestructuraciones y fusiones en la estructura estatal
El informe del INDEC detalla que la reducción en el número de entidades reportantes, que pasó de 131 a 123, se explica por la absorción de organismos descentralizados dentro de la administración centralizada, entre ellos el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y el Instituto Nacional del Agua (INA). También se incorporaron a la órbita centralizada varios hospitales nacionales y el Instituto Nacional del Cáncer, que hasta julio reportaban como dependencias descentralizadas del Ministerio de Salud.
Asimismo, se concretó la fusión del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), dando origen al Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, en línea con el decreto 452/25. Por el contrario, el Instituto Nacional del Teatro (INT) y el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) fueron restituidos como entes descentralizados bajo la órbita de la Presidencia y la Jefatura de Gabinete, respectivamente.
El impacto en las áreas más sensibles del Estado
La contracción de personal golpea con distinta intensidad según los organismos. El Ministerio de Defensa, por ejemplo, pasó a registrar 988 empleados en su administración centralizada y mantiene bajo su órbita a dependencias clave como el Servicio Meteorológico Nacional o el Instituto Geográfico Nacional. En tanto, el CONICET, dependiente del Ministerio de Economía, cerró agosto con 26.050 trabajadores, tras una baja mensual del 2%.
El sector de empresas públicas también muestra ajustes relevantes. Aerolíneas Argentinas redujo su plantilla a 10.117 trabajadores, mientras que el Correo Oficial de la República Argentina contabilizó 11.834 empleados. En casos más críticos, firmas como Contenidos Públicos S.E. o Casa de Moneda registraron variaciones negativas mensuales que superaron el 1,5%.
Los despidos acumulados bajo la gestión Milei
Más allá de los datos oficiales del INDEC, un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advierte que desde la asunción de Javier Milei se perdieron 54.176 puestos de trabajo en el sector público nacional, lo que equivale a una reducción del 15,9% de la dotación inicial. La cifra combina despidos en organismos de la Administración Pública Nacional y en empresas estatales, siendo estas últimas las más afectadas.
Entre los casos más notorios se destacan Correo Argentino (4.916 cesantías), Trenes Argentinos (2.801) y Banco Nación (1.831). En términos relativos, medios públicos como Télam sufrieron una poda del 80% de su planta, mientras que ENARSA Patagonia perdió dos tercios de su personal. Dentro de los organismos de control, la Junta de Seguridad en el Transporte y el INAES exhiben caídas del 45% y 41% respectivamente.
Ajuste salarial y pérdida de poder adquisitivo
El recorte de personal se complementa con una fuerte erosión del poder adquisitivo de los trabajadores estatales. De acuerdo con los datos del INDEC citados por CEPA, en el último año los salarios reales del sector público retrocedieron un 14%, en un contexto de inflación persistente.
Desde noviembre de 2023, la pérdida acumulada llega al 31,5%, lo que refleja un doble impacto para los empleados del Estado: menos puestos de trabajo y peores condiciones de ingreso para quienes permanecen. La combinación de despidos masivos y deterioro salarial consolida el sesgo de ajuste estructural de la política pública, con consecuencias directas sobre servicios estratégicos y organismos reguladores.
La “motosierra” y el rediseño del aparato estatal
El Gobierno justifica estas medidas bajo el argumento de terminar con el “sobredimensionamiento del Estado” y “reordenar cajas políticas”. En ese marco, la eliminación de la Dirección Nacional de Vialidad, anunciada en julio por el vocero presidencial Manuel Adorni y el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, simbolizó la aplicación más visible de la llamada “motosierra”.
Con más de 5.500 trabajadores y la gestión de 40.000 kilómetros de rutas nacionales, Vialidad era considerada por el oficialismo como un organismo “capturado” por intereses empresariales y políticos en la obra pública. La desaparición de esta dependencia se suma a otros cierres y fusiones que, según cálculos oficiales, permitirían concentrar hasta 550.000 millones de pesos en recursos bajo control central, en pleno año electoral.
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