Surge una nueva ola de tensión en el sistema educativo militar, luego de que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) emitiera un fuerte comunicado rechazando la decisión del Gobierno Nacional de descontar los días no trabajados a docentes civiles de las Fuerzas Armadas que se adhieran a medidas de fuerza. La disposición, impulsada por la Dirección de Personal Civil, habilita a los directores de escuelas e institutos militares a aplicar descuentos salariales a quienes ejerzan su derecho constitucional a huelga.
Según lo denunciado por diversos docentes, el Ejército Argentino ordenó “proceder al descuento de haberes” al personal docente de los Liceos Militares y del Instituto Social Militar Dámaso Centeno que “hiciera uso de su derecho constitucional a huelga”. La justificación: según lo normado en el Artículo 16 bis de la Ley Nro 24.185 “Convenciones Colectivas de Trabajo”, que fuera oportunamente introducido mediante el Artículo 62 de la Ley Nro 27.742, “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”.
ATE calificó la medida como “persecutoria” y denunció que se trata de un intento de disciplinamiento ilegal. En el comunicado, se señala directamente a los coroneles Santillán, Panero, Vivanco, Vilarullo y al general Puebla como responsables de promover prácticas que remiten “a los años más oscuros de nuestra historia”. Karina Carreño, delegada en la Facultad del Ejército, expresó: “En lugar de hostigar a quienes ejercen su derecho constitucional a huelga y protesta, deberían poner sus energías en la defensa de los recursos naturales de la Nación y enfrentar con firmeza el plan desmalvinizador del actual Gobierno”.
Promesas, reformas y una crisis que no cede
Desde marzo, El Estratégico viene documentando la crítica situación de los docentes civiles en los institutos educativos dependientes de las Fuerzas Armadas. En ese momento, se denunció que los salarios estaban por debajo de la línea de indigencia, con docentes cobrando menos de la mitad que sus pares del sistema educativo común. La falta de paridad salarial y el éxodo de profesionales encendieron las alarmas.
En agosto, el Ministerio de Defensa anunció una reforma en el acceso a cargos docentes suplentes, mediante la Resolución 712/2025. Aunque se presentó como una mejora en los procesos de selección, la medida fue interpretada como una maniobra administrativa que no abordaba el núcleo del conflicto: la precarización laboral y la desigualdad salarial.
Para remediar la situación, el Gobierno envió en septiembre una propuesta de aumento salarial que prometía una suma fija de $150.000 mensuales para docentes con cargo, y un proporcional por hora cátedra. Sin embargo, la iniciativa fue limitada, no bonificable y condicionada a múltiples factores, como la cantidad de nombramientos o si el docente reviste en otro agrupamiento estatal.
A pesar del anuncio de aumento salarial, la situación estructural no ha cambiado. La suma fija propuesta no compensa la pérdida de poder adquisitivo acumulada ni resuelve la desigualdad con el resto del sistema educativo. Además, la implementación del aumento quedó sujeta a acuerdos paritarios o decretos que no se han oficializado plenamente. El endurecimiento de las medidas contra el derecho a huelga y la falta de diálogo con los gremios parecen reforzar la idea colectiva de que el Gobierno prioriza el control disciplinario por sobre la resolución de los conflictos.
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