La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) confirmó un paro de 72 horas en Coviara, la empresa constructora de la Armada Argentina, para los días 22, 23 y 24 de septiembre, en una carta dirigida al presidente de la firma, Leonardo Salvini. La medida de fuerza surge en respuesta a los múltiples reclamos que se vienen realizando desde la planta trabajadora de Coviara desde hace meses, entre ellos los salarios adeudados, paritarias congeladas, bonificaciones atrasadas, cargas sociales impagas, condiciones de higiene deficientes y falta de información sobre el futuro de la empresa.
El sindicato exige en la carta una reunión urgente para garantizar la continuidad laboral, el pago inmediato de los haberes, el cese de políticas de ajuste y la reactivación de la empresa. Se trata del segundo paro en lo que va de la gestión de Luis Petri al frente del Ministerio de Defensa, donde el primero se realizó en julio. Fue considerado histórico por muchos, considerando que Coviara nunca antes había protagonizado una huelga.
La situación financiera de la empresa es crítica. Según fuentes internas, Coviara acumula una deuda de más de 1.200 millones de pesos con proveedores, tiene 38 empleados que cobran de forma irregular y no se pagan los aportes patronales. Una fuente de Coviara detalló al medio de comunicación LPO que “la situación en Coviara es tan desastrosa como la del IOSFA pero en menor escala”.
El cierre de Coviara: una decisión aún sin resolución
En la actualidad, uno de los pedidos de ATE es que Coviara siga en manos del Estado. Cabe recordar que, en junio, desde El Estratégico confirmamos que el ministro de Defensa, Luis Petri, anunció su intención de cerrar Coviara.
La medida fue comunicada durante una reunión de la Comisión de Defensa del Senado, porque el “objetivo” de su gestión es “generar planes de vivienda reales para las Fuerzas Armadas”. Según el titular de la cartera, la empresa representa hoy día una estructura burocrática ineficiente, con balances no auditados y sin planes de vivienda activos desde hace dos décadas.
En su momento, Petri justificó la decisión alegando que Coviara perdió 400 millones de pesos en 2023, absorbiendo recursos que deberían destinarse directamente a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, fuentes internas desmintieron esta versión y señalaron que existía un plan a mediano plazo para construir más de mil viviendas entre 2023 y 2025, en ciudades como Bahía Blanca, Punta Indio y San Nicolás de los Arroyos.
La intención de cerrar Coviara generó malestar entre los militares, especialmente porque la empresa no solo construye viviendas para la Armada y la Marina, sino que también participa en proyectos inmobiliarios para otras fuerzas de seguridad.
Además, la falta de diálogo y la incertidumbre sobre el destino de los trabajadores profundizan la crisis institucional en Defensa. Puntualmente, porque las tensiones no se limitan a Coviara. La gestión de Petri enfrenta múltiples frentes abiertos: el recorte en la cobertura de la obra social IOSFA y la crisis en el Instituto Dámaso Centeno, junto a la posible modificación del Fondo de Defensa en el Presupuesto 2026, que podría comprometer el rumbo de adquisiciones y modernizaciones de las Fuerzas Armadas.
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