El pasado lunes por la noche, el presidente Javier Milei presentó, en cadena nacional, el proyecto de Presupuesto 2026, y además envió al Congreso la Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria. En un mensaje firmado por el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el ministro del Interior Guillermo Francos, el Poder Ejecutivo busca establecer un marco jurídico-institucional permanente para garantizar el equilibrio de las cuentas públicas y la estabilidad de la moneda.
Principales ejes del mensaje
En principio, el mensaje oficial cita el contexto crítico heredado, recordando que a finales de 2023 Argentina enfrentaba un cuadro de estanflación, déficit gemelos, reservas negativas y una inflación cercana al 300% interanual, con más del 52% de pobreza y 18% de indigencia. Por ello, y “frente a la situación crítica descripta, este Gobierno implementó un plan de estabilización efectivo que incluyó un fuerte ajuste fiscal, una corrección del tipo de cambio oficial para atender los desequilibrios externos y un conjunto de medidas de emergencia”, destaca el texto oficial.
Asimismo, el mensaje insiste en que gastar más de lo que ingresa no es una opción y que la emisión sin respaldo debe ser considerada inconstitucional. Cita a Alberdi y a constitucionalistas como Bidart Campos y Ekmekdjian para sostener que defender el valor de la moneda implica prohibir la emisión espuria y los presupuestos deficitarios. “Se ha considerado a la emisión monetaria sin respaldo como una suerte de impuesto ilegal. En lugar de crear nuevos tributos para hacer frente al incremento del gasto público […] se recurre a esta práctica que consiste en quitarles el dinero a las personas sin que lo adviertan, a través de la depreciación del valor de los billetes que cada ciudadano tiene en su bolsillo”, destaca el documento.
El mensaje oficial destaca que”teniendo en cuenta los antecedentes pasados, es indispensable establecer determinadas reglas presupuestarias, fiscales y monetarias que aseguren la elaboración de presupuestos equilibrados y prevengan los déficits crónicos que han marcado nuestra historia económica en el último siglo”. Por ello, estructuran el proyecto de ley del Presupuesto en cuatro títulos: de las reglas fiscales; modificaciones al Código Penal de la Nación; Modificaciones a la Ley Nº 24.156 y al Decreto N° 1399/01; y disposiciones finales.
Los cuatro “títulos diferenciados” del proyecto de ley
Según los firmantes del proyecto de ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, el primer “título” a tener en consideración es el de las reglas fiscales. El mensaje destaca que deben establecerse reglas fiscales estrictas, obligando a que todo presupuesto nacional sea equilibrado o superavitario, y prohibiendo expresamente los déficits financieros. Por ejemplo, en caso de desvíos, el Jefe de Gabinete deberá recortar partidas para restablecer el equilibrio.
Además, afirma que todos los gastos deben estar contemplados en la ley de presupuesto; que las nuevas leyes con impacto fiscal solo podrán regir si prevén recursos específicos; y que se crea la exigencia de un Informe de Impacto Presupuestario de Mediano Plazo para cada iniciativa.
Sobre el título “modificaciones al Código Penal”, el proyecto de ley propone incorporar tipos penales particulares, sancionando a los funcionarios públicos que dicten, aprueben, autoricen o ejecuten normas o actos administrativos que modifiquen o incrementen los gastos públicos previstos en el Presupuesto General de la Administración Nacional sin contar con los recursos debidamente acreditados y previstos para su financiamiento. Además, incorpora un agravante que duplica las penas cuando se acredite que el autor actuó con una motivación de enriquecimiento personal o de terceros.
En tercer lugar, el título “modificaciones a la Ley Nº 24.156 y al Decreto N° 1399/01” subraya la necesidad de realizar las adecuaciones normativas necesarias a la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y al Decreto N° 1399/01 para dotar de coherencia al sistema (artículos 13 al 16).
Por último, las “disposiciones finales” pretenden dejar en claro que se regula la vigencia, aplicación y reglamentación del régimen, “estableciendo pautas de armonización y consolidación presupuestaria, así como su carácter de orden público (artículos 17 al 19)” a cargo del Poder Ejecutivo. Sostiene que la irresponsabilidad fiscal del último siglo llevó a ciclos recurrentes de inflación, defaults y crisis sociales que afectaron sobre todo a los más vulnerables.
El enfoque gubernamental de cara al 2026
En resumidas cuentas, el Gobierno busca blindar la política de déficit cero más allá de coyunturas o administraciones, apoyándose en el Pacto de Mayo firmado con 17 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño en 2024, que consagró el “equilibrio fiscal innegociable” como principio rector. El Gobierno afirma que el plan de estabilización aplicado desde 2024 redujo drásticamente la inflación (a menos del 25% anualizado) y la pobreza, aunque a costa de un ajuste profundo catalogado como “un esfuerzo arduo y sostenido” soportado “por toda la ciudadanía argentina”.
Para Milei, la reconstrucción del país “requiere continuar con el compromiso inclaudicable de mantener el déficit cero y eliminar el recurso al financiamiento monetario del déficit fiscal”. Por ende, con este proyecto de ley, el presidente apunta a institucionalizar su bandera de gobierno: el equilibrio fiscal y monetario como condición indispensable para el desarrollo.
La novedad más fuerte es la incorporación de sanciones penales para quienes rompan la disciplina fiscal, un giro inédito en la historia argentina. El oficialismo defiende la iniciativa como garantía de estabilidad y previsibilidad, pero la incógnita ahora será si el Congreso acompañará este intento de blindar jurídicamente la política económica.
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