La Subsecretaría de Desarrollo y Modernización del Empleo Público, dependiente del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, habría presentado una propuesta salarial destinada al personal docente civil que se desempeña en institutos educativos bajo la órbita de las Fuerzas Armadas. La iniciativa establece una suma fija, remunerativa y no bonificable, de percepción única por persona. Está dirigida a docentes civiles que trabajan en niveles Inicial, Primario o Elemental, y Medio o Técnico.
Esta suma fija propuesta se enmarca en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2539/2015, y los montos propuestos para los docentes con cargo son de $150.000 mensuales, mientras que los docentes por horas cátedra recibirán una suma proporcional, calculada en base a un valor hora de $6.250 (resultado de dividir $150.000 por 24 horas semanales, según el Estatuto del Personal Docente Civil de las Fuerzas Armadas – Ley 17.409).
En términos de condiciones y límites, la propuesta implica que la suma fija no podrá superar los $150.000 mensuales, considerando todos los nombramientos que posea el docente. También se tendrá en cuenta si el docente reviste en otro agrupamiento dentro del Estado. La medida se implementaría por acuerdo paritario o mediante Decreto Presidencial, entrando en vigor el 1 de septiembre de 2025 si se aprueba efectivamente.
Trasfondo de la crítica situación docente
El núcleo del reclamo docente de las instituciones que dependen de las Fuerzas Armadas puede explicarse en base a tres aspectos: la precarización laboral, la desigualdad salarial y la amenaza de cierre institucional. Aunque arrastra reclamos históricos, esta crisis institucional profunda inicia a principios de año, cuando docentes de los institutos militares comenzaron a denunciar salarios por debajo de la línea de indigencia, paros masivos y suspensión de clases.
En junio, el Dámaso Centeno y el Liceo Militar General Paz fueron epicentro de movilizaciones, mientras familias organizadas exigieron respuestas y propusieron la creación de un ente autárquico para gestionar los colegios. En julio, diputados de distintos bloques presentaron un proyecto de resolución que exige al Ministerio de Defensa información detallada sobre la situación social, educativa y financiera del Dámaso Centeno, incluyendo matrícula, cuotas, salarios y renuncias desde 2019. La tensión se trasladó al Congreso, donde la Comisión de Defensa debatió el impacto de las reformas en salud y educación militar en agosto.
A finales de agosto, el Ministerio de Defensa oficializó un nuevo procedimiento de selección para cargos docentes suplentes en los liceos y colegios militares, derogando la resolución vigente desde el año 2021. La Resolución establecía que las Direcciones Generales de Educación de las Fuerzas deberán presentar, en un plazo de 30 días, un nuevo esquema de selección con orden de mérito válido por al menos tres años.
Según la Resolución, existe la “necesidad de revisar y actualizar dichos procedimientos a fin de adaptarlos a las nuevas exigencias y necesidades del ámbito educativo, asegurando la mejora continua de los estándares de selección del personal docente y de gestión suplentes”. Sin embargo, la Resolución 712 intenta ordenar el acceso a cargos suplentes en los institutos militares, pero no aborda el contexto de conflictividad educativa actual.
A la espera de confirmaciones
Desde El Estratégico confirmamos el pasado 27 de agosto que funcionarios del Ministerio de Defensa se reunieron para tratar la problemática que enfrentan los docentes de los colegios y liceos militares de las Fuerzas Armadas, específicamente el tema del atraso salarial. En tal encuentro estuvieron presentes el viceministro de Defensa, Cnel. Marcelo Rozas Garay, el Subsecretario de Administración, Costas, el director de Formación Militar, Villarino, y la Subsecretaria de Empleo, Domínguez, del ministerio de Desregulación de Sturzenegger.
Hasta ese momento, el acuerdo salarial para los docentes de institutos militares no estaba oficializado. Se buscaba, en su momento, utilizar una “fórmula” estructurada para alcanzar el número esperado: primero se aumentaría el valor de la cuota que pagan las familias por la matrícula, y después, lo recaudado dejaría de ir a la fuente 13 del presupuesto de defensa (que terminaba en ingresos generales) para pasar en su totalidad a la función 11 del inciso 1 del citado presupuesto de la jurisdicción 45, y poder ser usado para el fin del aumento.
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