En el marco de la investigación judicial que se está llevando a cabo en Estados Unidos contra la República Argentina por la expropiación irregular de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), en el año 2012; la Argentina solicita a la Justicia estadounidense nuevas investigaciones sobre posibles hechos de corrupción en el proceso de expropiación y transferencia de las acciones de la petrolera, a la vez que rechaza la entrega de conversaciones y comunicaciones de funcionarios y exfuncionarios y solicita un reconsideración del proceso de discovery.
El día de ayer, la defensa argentina presentó un escrito ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos, donde expresaría su respaldo a una investigación por presuntas irregularidades en el traspaso de acciones de YPF e insta a la Justicia de Estados Unidos a investigar cómo llegó e ingresó el Grupo Eskenazi a la compañía petrolera, durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. En este sentido, la Argentina solicita que se investigue si, efectivamente, hubo hechos de corrupción en el traspaso del 25% de las acciones al Grupo Petersen, perteneciente a la familia Eskenazi.
La presentación de este escrito, por parte de la defensa argentina, se produjo en respuesta a la petición impulsada por la organización “Republican Action for Argentina” (RA4ARG), donde se solicitaba que la Justicia estadounidense investigara e indagara si existieron hechos de corrupción en la adquisición de las acciones de YPF, por parte de la familia Eskenazi, que accedieron a un porcentaje relevante de las mismas sin realizar un desembolso inicial. La organización había solicitado, incluso, intervenir en el juicio para exponer irregularidades en la operación que le permitió al Grupo Petersen adquirir el 25% de las acciones de YPF, sin desembolsos, y utilizando, de hecho, los futuros dividendos como garantía de pago. De acuerdo a los denunciantes, esta maniobra habría sido facilitada mediante acuerdos políticos con la gestiones kirchneristas, quienes se encontraban al mando del poder presidencial en ese entonces.
¿Qué dice el escrito presentado por la defensa argentina?
El escrito presentado por la República Argentina ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos, como respuesta a la apelación de RA4ARG, expresa el compromiso y el respaldo del Estado argentino para que la Justicia de Estados Unidos investigue posibles hechos y casos de corrupción, en torno a YPF. En este sentido, la Argentina reafirmó que toma con seriedad las denuncias vinculadas a los presuntos hechos de corrupción en el proceso irregular de expropiación y transferencia de las acciones de YPF, incluyendo las que rondan en torno al Grupo Eskenazi.
Es por ello, que en la presentación escrita, la defensa comprometió al Estado argentino a colaborar con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en caso de que se iniciara una investigación formal, marcando una línea de continuidad respecto al compromiso del Estado argentino de actuar y accionar frente a sospechas de delitos contra la administración pública. Asimismo, se estableció que, en caso de que se confirme que se ocultaron pruebas o se incurrió en falso testimonio, la defensa evaluará solicitar la anulación de la sentencia emitida contra la República Argentina.
A su vez, el escrito de la defensa argentina solicita la tramitación separada de las apelaciones. Esto quiere decir que, el Estado argentino solicitó que la apelación impulsada y presentada por “Republican Action for Argentina” sea tramitada, de manera separada e independiente, a la apelación principal que interpuso el propio Estado argentino contra el fallo de la Jueza Loretta Preska, que ordena al país a pagar U$S 16.000 millones a los demandantes, por la expropiación de la compañía en 2012. En este sentido, la defensa argentina considera que las apelaciones plantean diferentes cuestiones jurídicas, lo que genera que deban resolverse de manera separada, en procesos judiciales independientes.
La Argentina solicita reconsiderar la orden de entrega de las conversaciones de funcionarios y exfuncionarios del Estado argentino
De igual manera, la República Argentina le solicitó a la Jueza Preska, a cargo de la causa por la expropiación de YPF, reconsiderar su orden de que el país entregue mails, conversaciones y comunicaciones del Ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo; su antecesor, Sergio Massa; y otros funcionarios de las gestiones de Javier Milei y Alberto Fernández, en el marco del juicio por la expropiación de la compañía petrolera en 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
La Jueza del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York habría aceptado el pedido de discovery, solicitado por los fondos demandantes (Burford Capital y Eton Park), para emitir una orden de entrega de los mails y las conversaciones de altos funcionarios del gobierno de Alberto Fernández y Javier Milei, dentro de los que se incluye a Luis Caputo y Sergio Massa. Sin embargo, el Gobierno argentino asegura no tener control alguno sobre estas comunicaciones, teniendo en consideración, que de acuerdo a la Constitución Nacional, no le corresponde. También se incluyen otros nombres relevantes como el del asesor presidencial, Santiago Caputo; el exsecretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren y el exdirector de Aduana, Guillermo Michel.
En este contexto, la defensa argentina le solicita a la Jueza Preska reconsiderar su decisión, argumentando, precisamente, que el Estado argentino no tiene en su poder la información ni los dispositivos solicitados, dado que no le pertenecen. Sin embargo, la solicitud de la Argentina no sorprende. De hecho, la semana pasada, la Procuración del Tesoro de la Nación ya había adelantado que estaba “evaluando las opciones disponibles para apelar esta orden de discovery (búsqueda) sin precedentes”. En el escrito presentado por la República Argentina, se señaló que “en este caso, el tribunal pasó por alto la cuestión preliminar, necesaria para cualquier descubrimiento en virtud de las Reglas Federales de Procedimiento Civil, de si los dispositivos y cuentas personales están bajo la ‘posesión, custodia o control’ de República”.
A la vez, la defensa argentina argumenta que los demandantes, que han sido quienes le han solicitado a la Jueza Preska el pedido de discovery, “no han cumplido con su obligación de demostrar que la República tiene el ‘derecho, la autoridad o la capacidad práctica’ para acceder a los dispositivos y cuentas personales de los funcionarios actuales del gobierno argentino, y mucho menos a los dispositivos y cuentas personales de los exfuncionarios”. De hecho, se explica que “la legislación argentina deja claro que ‘son propiedad exclusiva de sus propietarios’, es decir, de los funcionarios individuales del Gobierno, y no del Gobierno como empleador”.
El objetivo del pedido de discovery es, como adelantamos desde El Estratégico, recolectar pruebas que demuestren que empresas estatales como YPF, Aerolíneas Argentinas, ENARSA y Banco Nación no funcionan con autonomía, sino más bien como “alter ego” del Estado Nacional. Los fondos demandantes, que buscan confirmar esta hipótesis, podrían avanzar, de esta manera, con embargos sobre activos soberanos del Estado argentino. En este sentido, los demandantes alegan que, tanto funcionarios como exfuncionarios, habrían utilizado canales informales como WhatsApp o Gmail para realizar tareas de gobierno, pasando por alto los sistemas oficiales de comunicación del Estado. Es por ello que, la orden de la Jueza Preska autoriza la búsqueda de palabras clave en dichas plataformas, como “YPF” o “Aerolíneas Argentinas”, con el fin de detectar posibles evidencias que vinculen decisiones políticas con el manejo de las empresas demandadas.
En las últimas horas, la defensa argentina ha presentado un escrito solicitando la reconsideración de la solicitud de discovery, argumentando que el Estado argentino no tiene en su poder la información ni los dispositivos solicitados, ni tampoco tiene control sobre los mismos. Sin embargo, el día de hoy tiene lugar una nueva audiencia, convocada por la magistrada la semana pasada, donde las partes tendrán la oportunidad de ampliar sus argumentos sobre la pertinencia y el alcance de la información solicitada.
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