Por medio de un nuevo decreto, publicado el día de la fecha en el Boletín Oficial, el Gobierno Nacional oficializa la obtención de la ciudadanía argentina por inversión. El Decreto N°524/2025 del Poder Ejecutivo Nacional explica el funcionamiento del nuevo procedimiento para la obtención de la ciudadanía por inversión, oficializando, de esta manera la modificación de la política migratoria argentina, la cual ya había sido anunciada por el Gobierno Nacional, tal como adelantamos en El Estratégico.
La reforma migratoria, impulsada por la administración de Javier Milei, a través del Decreto N°366/2025, introdujo cambios y modificaciones para el ingreso al territorio nacional, la obtención de la ciudadanía argentina y el acceso a los servicios públicos, más precisamente, al sistema sanitario y al sistema educativo. De esta manera, el Gobierno Nacional modificaría la Ley N°25.871, que regula la política migratoria argentina, para endurecer los controles de acceso e ingreso al país y evitar la inmigración ilegal, en un complejo contexto de seguridad nacional y transfronterizo.
El Poder Ejecutivo, quien destaca la importancia de evitar y prevenir la inmigración ilegal, consideraba que “modificar los supuestos bajo los cuales se puede acceder a la ciudadanía argentina, a fin de mejorar las medidas de seguridad y prevenir todo riesgo de utilización abusiva de la misma”. A partir de entonces, la ciudadanía argentina se otorgaría, únicamente, en el caso de haber residido de manera continua y legal en el país, durante dos años. En su defecto, el Decreto 366/2025, publicado en el mes de mayo, anunciaba que también se le aseguraría el acceso y la obtención de la ciudadanía a todos aquellos extranjeros que realicen una “inversión relevante” en el país. Cualquier otro caso, que resulte contrario a los mencionados por la normativa, no podrían acceder a la Carta de Ciudadanía.
Dicha normativa señalaba que sería el Ministerio de Economía de la Nación el encargado de “determinar cuándo una inversión en el país califica, por su relevancia, como para acceder a la ciudadanía” y que se crearía la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, un organismo descentralizado que en el ámbito de dicho Ministerio, tendría el objetivo de “evaluar las solicitudes de ciudadanía basadas en la realización de una inversión relevante en la República Argentina”. El Decreto 366/2025 destaca que, a partir de esta medida “se incentivarán las inversiones y la generación de empleo en nuestro país, lo que acabará por beneficiar a todos los argentinos, y ayudará al crecimiento y a la reconstrucción de esta gran Nación”.
La oficialización de la ciudadanía por inversión
A través del Decreto 524/2025, publicado el dia de la fecha en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo oficializa la obtención de la ciudadanía por inversión, que se venía anunciando desde el mes de mayo, de la siguiente manera: “la persona extranjera que hubiere realizado una inversión relevante, conforme lo establezca el MINISTERIO DE ECONOMÍA en los términos del artículo 2° bis de la Ley de Ciudadanía N° 346, podrá solicitar la ciudadanía argentina, bajo el supuesto previsto por el artículo 2°, inciso 2° de la mencionada ley, ante la AGENCIA DE PROGRAMAS DE CIUDADANÍA POR INVERSIÓN, organismo descentralizado actuante en el ámbito de dicho Ministerio”.
En cumplimiento de la disposición precedente, es decir, del Decreto 366/2025, donde se modificó la normativa vigente de la política migratoria argentina, se determinó que la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inmersión, bajo el ámbito del Ministerio de Economía, será la encargada de evaluar las solicitudes de extranjeros que realicen inversiones relevantes en el país. De igual manera, tal como contemplaba el Decreto 366/2025, la nueva normativa del Poder Ejecutivo define que el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, será quien determinará qué inversiones serán consideradas relevantes. Si bien no se ha especificado, aún, la cuantía mínima que se considerará como “inversión relevante”, el medio “LA NACIÓN” adelantó que esta podría ser de aproximadamente U$S 500.000.
Por su parte, la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión será quien deberá coordinar y evaluar con diversas entidades gubernamentales el impacto de las solicitudes en la seguridad nacional, de modo tal que no se vean afectados los intereses del Estado Nacional. De esta manera, se establece que en caso de que la Agencia estime que la inversión cumple con los requisitos normativos que contempla la legislación para ser considerada como relevante, deberá solicitarle al Ministerio de Seguridad Nacional, a la Unidad de Información Financiera (UIF), al Registro Nacional de Reincidencia, al Registro Nacional de las Personas (RENAPER), a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y a todo organismo público o privado que considere necesario, que se expidan respecto de “si el otorgamiento de la ciudadanía al solicitante podría representar un riesgo para la seguridad nacional o para los intereses nacionales”.
Una vez recibida dicha información, la Agencia elevará a la Dirección Nacional de Migraciones un informe por medio del cual recomienda la aprobación o el rechazo de la solicitud, “de acuerdo con el análisis realizado sobre el inversor”. La disposición establece que “en todos los casos en los que la inversión no califique como relevante o las áreas a las cuales se les hubiere solicitado información recomienden no otorgar la ciudadanía, en el informe que se eleve a la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES se hará constar dicha circunstancia y se propondrá el rechazo de la solicitud”.
Por su parte, la Dirección Nacional de Migraciones tendrá un plazo de 30 días hábiles, desde que haya recibido el informe, para analizar y resolver la aprobación o el rechazo de la solicitud de la ciudadanía, por medio de un acto fundado. Por último, la disposición encomienda a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a efectuar las adecuaciones “normativas y sistémicas” que resulten necesarias, a efectos de posibilitar la tramitación del CUIT (Clave Unica de Identificación Tributaria), a quien se le otorgue la ciudadanía, en los términos de la obtención por inversión relevante.
Alcance de la medida
La obtención de la ciudadanía argentina por inversión es una medida del Gobierno Nacional que busca fomentar la inversión relevante y la creación de empleo en el territorio nacional, con impacto directo en el crecimiento y el desarrollo económico de la Argentina, en concordancia con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que avanza a paso firme, desde el inicio de su operatividad en octubre del año pasado. Aunque ahora se espera que el avance sea aún mayor, debido a la reciente modificación de su normativa, que tiene el objetivo de facilitar, promover y acelerar la aprobación de las solicitudes de los proyectos pendientes.
Paralelamente, la medida también busca prevenir y evitar la inmigración ilegal, como así también facilitar la deportación de extranjeros que cometan delitos en el territorio argentino. Es por ello que, los cambios y las modificaciones de los requisitos y las condiciones para la obtención y el acceso a la ciudadanía argentina se vieron acompañados del endurecimiento de los controles de ingreso al país, precisamente, para evitar el ingreso de extranjeros e inmigrantes con antecedentes penales. En este sentido, en su momento, la Ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, aseguró que el objetivo de la reforma migratoria es permitir el ingreso de quienes vengan a aportar y no de delincuentes, apuntando fuertemente contra las anteriores administraciones gubernamentales, que permitían el ingreso de extranjeros e inmigrantes con antecedentes penales al país.
La medida se vio acompañada de mayores controles fronterizos, ante las amenazas de seguridad transfronteriza que conciernen a la República Argentina, como así también de la regularización de la situación de los inmigrantes ilegales que residían en el territorio nacional. Sin embargo, la reforma de la política migratoria argentina, a la que ahora se suma la oficialización del acceso a la ciudadanía por inversión, se enmarca dentro de la estrategia del Gobierno Nacional de reforzar la seguridad fronteriza y transfronteriza, en su lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo. El objetivo es regular el influjo migratorio y asegurar que los inmigrantes que arriben a la Argentina, lo hagan de manera legal y con propósitos legítimos, que deberán ser presentados ante las autoridades migratorias, y que el acceso a la ciudadanía argentina no sea para cualquier inmigrante o extranjero, sino más que bien que se cumplan con todos los nuevos requisitos y condiciones, de manera absoluta y total. La Ministra recalcó que la intención del Gobierno es que quienes se queden a vivir en el territorio nacional tengan “la voluntad de hacer crecer al país, de trabajar”, no de delinquir y hacer uso del sistema de salud y de la educación pública.
Hoy en día, la reforma migratoria, enmarcada en esta estrategia que tiene el Gobierno Nacional para reforzar la seguridad nacional y fronteriza, también debe comprenderse en el marco de la presentación de la carta de intención a la Secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, para que la Argentina inicie el proceso de ingreso al “Visa Waiver Program” (VWP), del cual fue parte entre los años 1996 y 2002. Esta iniciativa del Gobierno de los Estados Unidos permite que los ciudadanos de los países suscritos al programa, hasta el momento solo 42, puedan ingresar al territorio estadounidense, ya sea con motivos turísticos o de negocios, por un período inferior a 90 días, sin tener la necesidad de gestionar una visa tradicional para hacerlo.
Sin embargo, dentro las condiciones y exigencias de seguridad, que evalúa el programa para el ingreso de un Estado, se encuentran el control migratorio, la seguridad documental, las exigencias antiterroristas, la gestión fronteriza y la aplicación de la ley. En este sentido, la reforma migratoria, que endurece los controles de ingreso y acceso al territorio nacional, como así también las condiciones y los requisitos de obtención de la ciudadanía argentina, y limita el uso de los servicios públicos a los extranjeros en el territorio nacional, puede contribuir, en algún punto, en el ingreso de la Argentina al “Programa de Exención de Visa”.
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