La jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ordenó al Estado argentino entregar comunicaciones electrónicas de funcionarios actuales y anteriores, en el marco del litigio por la expropiación de YPF. Entre los involucrados se encuentran el actual ministro de Economía, Luis Caputo, y su antecesor, Sergio Massa. También se incluyen otros nombres relevantes como el asesor presidencial Santiago Caputo, el exsecretario de Industria José Ignacio de Mendiguren y el exdirector de Aduana Guillermo Michel.
La medida forma parte del proceso de discovery solicitado por los fondos Burford Capital y Eton Park, principales demandantes en la causa. El objetivo es recolectar pruebas que demuestren que empresas estatales como YPF, Aerolíneas Argentinas, ENARSA, el Banco Nación y el Banco Central de la República Argentina no funcionan con autonomía, sino como “alter ego” del Estado nacional. De confirmarse esta hipótesis, los demandantes podrían avanzar con embargos sobre activos soberanos.
Los abogados de los fondos alegan que funcionarios y exfuncionarios utilizaron canales informales como WhatsApp o Gmail para realizar tareas de gobierno, evitando los sistemas oficiales de comunicación del Estado. La orden de la jueza Preska autoriza específicamente la búsqueda de términos clave en esas plataformas, como “YPF” o “Aerolíneas Argentinas”, con el fin de detectar posibles evidencias que vinculen decisiones políticas con el manejo de las empresas demandadas.
La respuesta de Argentina
Desde el Gobierno argentino, la Procuración del Tesoro rechazó enfáticamente la medida. Aseguró que se está evaluando apelar una orden que consideran “sin precedentes”, por considerar que viola leyes tanto argentinas como estadounidenses y atenta contra la soberanía nacional. Además, sostuvieron que Argentina ya cooperó de forma extensa en el proceso judicial, entregando más de 100.000 documentos, incluyendo información financiera y administrativa.
En una presentación reciente ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, el Gobierno alertó que la ejecución de la sentencia que obliga a entregar el 51% de las acciones de YPF “causaría un daño irreparable” a la República. También advirtió que una medida de este tipo podría generar un conflicto diplomático con Estados Unidos, al desconocer los principios de inmunidad soberana que rigen en el derecho internacional.
El especialista Sebastián Maril, director de Research for Traders, señaló que el discovery no implica la entrega indiscriminada de dispositivos, sino búsquedas dirigidas por palabras clave. Sin embargo, aclaró que la jurisdicción aplicable es la del estado de Nueva York, lo que refuerza el margen de maniobra de la jueza en relación con estas medidas.
Los próximos pasos de la causa YPF
La jueza Preska convocó una nueva audiencia para el 6 de agosto, donde las partes podrán ampliar sus argumentos sobre la pertinencia y alcance de la información solicitada. Mientras tanto, la Corte de Apelaciones analizará a fines de octubre la apelación de fondo del Estado argentino contra la sentencia original, que lo obliga a pagar más de 16.100 millones de dólares.
En un gesto relevante, el gobierno de Estados Unidos presentó un escrito amicus curiae respaldando la posición argentina, al solicitar la suspensión de la entrega de acciones de YPF mientras se resuelve la apelación. La iniciativa, encabezada por el fiscal general David E. Farber, apunta a evitar consecuencias geopolíticas y garantizar que se respeten las instancias procesales del caso.
Te puede interesar: Argentina estaría negociando con EE.UU. la entrada sin visa de los argentinos
