Múltiples gremios sindicales de la industria pesquera confirman que el sector atraviesa una de sus peores temporadas en años. En Chubut y Mar del Plata, dos de los principales polos productivos del país, el conflicto por la zafra del langostino se agravó con amenazas de muerte, allanamientos judiciales y más de 100 buques amarrados desde hace meses.
La tensión gremial escaló al punto de paralizar exportaciones por más de 200 millones de dólares y afectar los ingresos de unas 5.000 familias vinculadas al sector. En Puerto Madryn, marineros que habían aceptado firmar contratos individuales con la empresa Conarpesa fueron intimidados con mensajes violentos, lo que derivó en operativos policiales y denuncias penales. En Mar del Plata, sindicatos como SOMU y Simape se enfrentaron públicamente al gremio de Capitanes de Pesca, profundizando la fragmentación sindical.
Las cámaras empresarias advierten que el costo laboral ya representa el 60% de la operación y que el convenio vigente, basado en precios internacionales de 2005, es inviable en el contexto actual. Mientras tanto, la flota congeladora tangonera permanece detenida, sin garantías de seguridad para zarpar.
Las empresas reclaman una intervención urgente del Estado nacional y provincial para restablecer condiciones mínimas de trabajo. La actividad pesquera, que genera más de 46.000 empleos directos y exportaciones por 2.000 millones de dólares anuales, corre el riesgo de quedar en medio de disputas gremiales sin resolución.
Un escenario actual con antecedentes históricos
El panorama que se vive en estos últimos meses, donde la falta de consenso amenaza con desarticular uno de los motores productivos clave del litoral marítimo argentino, no es completamente reciente. Por ello, para entender la crisis pesquera actual en Argentina, especialmente en Chubut y Mar del Plata, es clave revisar algunos antecedentes que explican la fragilidad estructural del sector.
En primer lugar, la industria pesquera posee una multiplicidad de convenios laborales desactualizados. Por ejemplo, el Convenio Colectivo de Trabajo vigente data de 2005, con valores de producción fijados en 12 dólares por kilo de langostino, cuando hoy ronda los 5,5 dólares. Esta brecha entre costos y precios internacionales genera pérdidas operativas y conflictos gremiales por la actualización de salarios variables.
Por otro lado, la flota congeladora dedicada al langostino sufre una parálisis intermitente por la falta de acuerdos gremiales y la continua reestructuración estatal impulsada por el actual Gobierno, que afecta los empleos y pone en jaque a la producción. En 2025 más de 100 buques permanecen amarrados, afectando exportaciones por más de 200 millones de dólares y a unas 5.000 familias.
Asimismo, se suma un panorama de sobreexplotación y concentración histórica, ya que desde los años 90, la pesca argentina sufrió una relocalización empresarial hacia la Patagonia, con concentración de capital y sobrepesca de especies como la merluza. Expertos del sector consideran que el Tratado de Pesca con la Unión Europea en 1994 es un buen puntapié para comprender este problema, sumado a la falta de controles que provocaron el deterioro de los recursos y los conflictos laborales persistentes.
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